Nombre y rostro para personas fallecidas sin identificar (2/2)

En la primera parte del artículo mostramos cómo las investigaciones científicas y académicas pueden contribuir en la propuesta de soluciones pragmáticas para la identificación de personas en México, en este caso por medio de los tatuajes. Además, planteamos revisar de forma crítica la coordinación entre policía, fiscalías y servicios periciales —a nivel estatal y federal— en materia de identificación forense, toda vez que hay más de 37 000 personas fallecidas (o partes de cuerpos) sin identificar en los servicios periciales en toda la república.

Nuestra conclusión fue que falta un consenso técnico y político sobre cómo identificar a dichos cuerpos, todo con el fin de dar certeza a los familiares, y así también contribuir a la pacificación del país. Con las herramientas técnicas disponibles hoy en día se pueden identificar miles de fallecidos de diferentes países en períodos relativamente cortos, como, por ejemplo, después del tsunami en el Sureste Asiático en 2004. Para este tipo de desastres naturales existen directrices internacionales que se podrían ajustar al contexto mexicano y aplicarse sin ningún problema.

La discusión pública sobre la grave crisis forense debería estar guiada por personas expertas técnicas forenses, consultando y tomando en cuenta las experiencias de las familias y los colectivos. En el presente artículo exponemos nuestras reflexiones e ideas hacía una política pública de identificación forense. Esperamos contribuir a una discusión técnica y política con el fin de enfrentar la grave crisis en esta materia en México.

Ilustración: Belén García Monroy

Una política pública de identificación forense

Como primer paso, las 32 entidades federativas y la federación podrían crear conjuntamente un comité de expertos para consultar sobre temas de la crisis forense en el país. En el marco de un acuerdo legal entre entidades y el gobierno federal (“convenio federal”) se podría, en un siguiente paso, formar un comité de control y rendición de cuentas con su propio personal y presupuesto. Este comité podría monitorear los avances, definir estándares y lineamientos de trabajo, promover la formación profesional de forenses y, especialmente, este comité podría coordinar los esfuerzos y actividades entres los estados y la federación. Se tendría que revisar si el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) podría tomar este rol.

Además de las preguntas técnicas sobre los métodos de identificación mencionadas en la primera parte del artículo, los autores se preguntan sobre una coordinación eficiente y con claras responsabilidades entre instituciones federales y estatales.

• Casi todos los cuerpos no identificados se encuentran en los servicios periciales estatales, y, por lo tanto, son competencia de los estados.

• La Fiscalía General de la República (FGR) tiene una Coordinación General de Servicios Periciales (CGSP) con muchos recursos e instalaciones muy modernas que analiza casos aislados de cuerpos no identificados y apoya exhumaciones de fosas. Además, la FGR contempla varios laboratorios de ADN, entre ellos, también un laboratorio en Guadalajara. Estos laboratorios podrían apoyar a los servicios periciales estatales con el retraso de análisis ADN. Los autores no tienen conocimiento sobre cómo se aprovechan estos laboratorios de la FGR actualmente y si la FGR apoya a los servicios periciales estatales.

• La anterior Policía Federal tenía también un área forense muy grande (Policía Científica) que tramitó muestras de ADN y apoyó procesos de identificación. No sabemos si se usan estas instalaciones para apoyar a los servicios periciales estatales.

• A nivel federal, afortunadamente, las discusiones sobre el Mecanismos Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) han avanzado sustancialmente. Gracias al trabajo de diferentes OSC, familiares y colectivos el tema de la identificación forense ha logrado tener una alta visibilidad política en México. Pero también en el MEIF, no se han contestado preguntas sobre coordinación y responsabilidades entre estados y federación, así como, preguntas jurídicas sobre las competencias de estados y federación. Se espera actualmente la integración del comité coordinador que debería contestar estas preguntas lo más pronto posible con el fin de evitar una falla del MEIF.

Entonces, por un lado, tenemos una FGR bien equipada y la voluntad política por parte del gobierno federal, pero por el otro lado, casi dos años después de tomar protesta, no se han implementado mejoras de forma organizacional y técnica para la identificación de cuerpos no identificados. El MEIF no resolverá los problemas estructurales de servicios periciales en los estados.

Hay pendientes en el caso de la comparación de huellas dactilares con la base de datos del INE. No se ha construido un banco de ADN a nivel federal, ni centros regionales de identificación (un ejemplo a seguir podría ser la cooperación entre el Estado de Coahuila y la Comisión Nacional de Búsqueda para construir un Centro Regional de Identificación Humana). Además, todavía no hay un plan estratégico sobre cómo identificar los 37 000 cuerpos sin identificar en los servicios periciales. No obstante, el desarrollo de una base de datos para el intercambio de información entre estados y federación sería fácil de implementar en el corto plazo con el apoyo de programadores mexicanos. Se trata de una base de datos sencilla.

Un primer paso por parte de la política mexicana podría ser que el presidente Andrés Manuel López Obrador visite a todos los servicios periciales del país, una estrategia similar a sus visitas a todos los hospitales alrededor de la república. Con base en este viaje de información se podría, en conjunto con los gobiernos estatales, elaborar un plan estratégico para una política coordinada de identificación forense. Las experiencias en otros países, así como, la cooperación de los autores con el estado de Jalisco, muestran que la identificación de personas no es una tarea sencilla, pero que tampoco es un problema sin solución. México requiere soluciones pragmáticas para lograr más identificaciones al corto plazo. A los tres autores les gustaría contribuir en soluciones organizacionales y técnicas en el futuro.

Christoph Birngruber
Doctor en Medicina Legal, trabaja en el Instituto de Medicina Legal de la Universidad Johann Wolfgang Goethe en Fráncfort, Alemania.

Franzizka Holz
Doctora en Medicina Legal, trabaja en el Instituto de Medicina Legal de la Universidad Johann Wolfgang Goethe en Fráncfort, Alemania.

Maximilian Murck
Maestro en Economía y Estrategia Internacional por la Universidad de St. Andrews en Escocia. Actualmente es director del Programa “Fortalecimiento del Estado de derecho en México” de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ México), programa financiado por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.