En México, el acceso a la justicia es una quimera. Las más recientes estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que, en 2018, solamente 10.6 por ciento de los delitos se denunciaron y de estos, 63.9 por ciento derivaron en el inicio de una carpeta de investigación por el Ministerio Público (es decir el 6.8 del total de delitos ocurridos). El 93.2 por ciento restante de los delitos ocurridos, también llamado cifra negra, simplemente no pasó la primera etapa del sistema de procuración de justicia y constituye el piso de la impunidad. Resulta difícil no ver el vaso vacío.

Los niveles de violencia por los que atraviesa el país desde hace varios años no pueden analizarse sin tomar en cuenta el fenómeno de la impunidad, que también se ha instalado en niveles inaceptables. Sin un sistema de justicia que garantiza el conocimiento de la verdad, el enjuiciamiento de los responsables y la obtención de reparación por los daños sufridos, el costo de cometer un delito —incluyendo los que conllevan el uso de la violencia— se vuelve irrisorio.

Ilustración: Patricio Betteo

El pasado 24 de septiembre, el INEGI publicó los resultados de la novena edición de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE),1 con la que estima la cifra negra a nivel nacional y estatal. Durante los últimos ocho años, nunca ha sido menor al 90 por ciento (incluso superior a 93 por ciento en los últimos cuatro años).

Elaboración propia con datos del INEGI.

Para 2018, el INEGI estima que los porcentajes más altos de cifra negra se encuentran en Guerrero (98 por ciento), Sinaloa (96.3 por ciento) y Veracruz (95.6 por ciento).

Elaboración propia con datos del INEGI.

Durante el periodo observado, Guerrero es la única de las 32 entidades federativas cuya cifra negra se ha mantenido siempre igual o mayor 95 por ciento en lo que va del levantamiento de la encuesta. Asimismo, su promedio sobre los ocho años es el más alto (igual a 96.9 por ciento). El caso de Sinaloa, a su vez, es diferente debido a que la tasa de delitos no denunciados o por los que no se integró una carpeta de investigación (es decir, la cifra negra) parece haber aumentado repentinamente durante el año 2018 (+2.3 por ciento comparado con 2017). Finalmente, en Veracruz, este indicador oscila significativamente de un año al otro.

Algunos factores asociados a la cifra negra se miden a través de la misma ENVIPE. La encuesta revela por ejemplo que, a nivel nacional en 2018, 31.7 por ciento de las víctimas de algún delito decidió no denunciar los hechos por considerarlo una “pérdida de tiempo” y 17.4 por ciento por “desconfianza en la autoridad”. Asimismo, 33.3 por ciento de las personas que acudieron a una agencia del Ministerio Público indicó haber tardado más de cuatro horas para realizar su denuncia2 y 51.1 por ciento declaró que después del inicio de la carpeta de investigación “no pasó nada o no se continuó con la investigación”.3 Del total de encuestadas y encuestados entre marzo y abril de 2019, 45.2 por ciento afirmó desconfiar del Ministerio Público estatal (53.1 por ciento en 2018) y 65.5 por ciento lo considera corrupto (66.5 por ciento en 2018).

Si nos enfocamos en un delito en específico, como la extorsión, llama la atención que las Fiscalías Generales (FG) o Procuradurías Generales de Justicia (PGJ) de algunas entidades federativas reportan un número elevado de víctimas,4 al mismo tiempo que los porcentajes de cifra negra estimados por el INEGI para estos mismos estados son de los más altos. Lo anterior significa que, para estas entidades federativas, la prevalencia del delito de extorsión sería en realidad mucho más alta.

Tal es el caso de Zacatecas para el año 2018, en donde por un lado la Fiscalía General de Justicia estatal reportó 243 víctimas de extorsión registradas en carpetas de investigación iniciadas, equivalente a una tasa de 14.8 víctimas por cada 100,000 habitantes5 (segunda tasa más alta a nivel nacional),6 y por el otro el INEGI estimó una cifra negra de extorsión de 98.9 por ciento (séptimo porcentaje más alto entre las 32 entidades federativas). Si nos fiamos a estos datos, las 243 víctimas reportadas representarían solamente 1.1 por ciento del total de víctimas de extorsión en dicha entidad federativa.

La extorsión consiste en obligar a una persona, mediante el uso de la violencia o de la intimidación, a realizar una acción para obtener un lucro o causarle un perjuicio patrimonial. Una de sus modalidades más observadas en México es el derecho de piso, una práctica secular en el sur de Italia y que se refiere al cobro de una cuota periódica a comerciantes o habitantes de una localidad por el crimen organizado, a cambio de “protección”. Se categoriza generalmente como un delito de alto impacto por los efectos significativos que tiene sobre la percepción de inseguridad de las personas. Asimismo, de acuerdo con las estimaciones del INEGI, también es uno de los delitos con menor tasa de denuncia (ya sea por razones atribuibles a las autoridades o por miedo a represalias).

Para este y cualquier otro delito violento, ninguna sociedad puede satisfacerse de un sistema de justicia que solo inicie investigaciones para uno de cada cien casos (ni se diga de los que se investigan hasta judicializarse y obtener reparación del daño). Aunque este reclamo pueda parecer redundante para quien lea noticias sobre el sistema de justicia penal y la seguridad pública en México, “la indignación debe ser siempre la respuesta a la indignidad”.

 

Paul Frissard
Coordinador de investigación y políticas públicas en México Unido contra la Delincuencia A.C.


1 Las cifras publicadas por la ENVIPE 2019 sobre la victimización son de 2018 y las que captan la percepción de seguridad pública son de 2019.

2 18.9% de tres a cuatro horas, 28.7% de una a dos horas y 15.6% menos de una hora.

3 21.8%: en trámite, 8%: recuperación de sus bienes, 4.9%: puesta del delincuente a disposición de un juez, 3.4%: otorgamiento del perdón y 3%: reparación del daño.

4 Víctimas registradas en carpetas de investigación iniciadas por el delito de extorsión en Agencias del Ministerio Público y reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

5 Total de víctimas de extorsión reportadas por el SESNSP para el año 2018 en Zacatecas, ponderado por la proyección de población a inicio del año estimada por el CONAPO para 2018 en esa misma entidad federativa.

6 Baja California Sur ocupa el “primer lugar” con 25.8 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2018.