Aunque, supuestamente la guerra contra el narcotráfico finalizó, el presidente Andrés Manuel López Obrador envía señales cruzadas al proponer la militarización del país de forma permanente.

La campaña, dada a conocer de manera paulatina en dos conferencias mañaneras, intenta mostrar a los jóvenes que el camino de las drogas conduce inevitablemente al sufrimiento y la destrucción, tal como lo apuntó el presidente en una de ellas. Sin duda es prioritario evitar que los menores de edad consuman alcohol, tabaco o cualquier otra droga; sin embargo, la estrategia supone que todo consumo de sustancias es problemático y catastrófico. Por lo tanto, en la lógica del presidente, debe ser atendido, castigado y suprimido. De esta manera, la campaña para evitar las adicciones atiende el consumo de las drogas como un tema moral, dejando de lado el enfoque de salud pública, materia que sí es responsabilidad del Poder Ejecutivo.

La “novedosa” estrategia mediática presidencial presentada el pasado 14 de mayo inició con un video en el que personas con un consumo problemático de sustancias y sus familiares comparten su experiencia. El gobierno federal pretende de nueva cuenta desincentivar los consumos asustando a las personas con experiencias problemáticas, pero no con información basada en evidencia.

Ilustración: Victor Solís

Como parte de dicha estrategia, el pasado 5 de julio finalmente presentó la campaña denominada “Juntos por la paz”. El gobierno informará, a través de brigadas, a las personas jóvenes en dónde se encuentran los centros de tratamiento más cercanos y cuáles son las opciones de deporte y recreación disponibles. Al presentar la campaña, Jesús Ramírez, vocero presidencial, sostuvo que la finalidad es fortalecer el autocuidado, porque “el tema de las adicciones es un tema de autoestima”. El problema con esta premisa, sobre la que se basa toda la campaña, es que sobre simplifica el fenómeno.

Si bien es necesario tomar en cuenta factores psico emocionales, la estrategia no puede basarse ni enfocarse sólo en estos. La austeridad republicana obligó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a cancelar la Encuesta Nacional de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas (ECOSUP), que habría permitido conocer tanto la prevalencia en el consumo así como los factores de riesgo en los ámbitos familiar, comunitario y escolar o laboral, asociados al consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias entre la población de 12 a 65 años a nivel nacional. Se trata de información relevante e indispensable para la elaboración de políticas públicas que permitan retrasar el primer consumo, así como prevenir y atender a quienes tienen un consumo problemático de sustancias. El gobierno podrá argumentar que cuenta con las encuestas elaboradas por la Secretaría de Salud, pero éstas no son suficientes para las necesidades de México, pues aunque miden la prevalencia, no dan luz sobre las causas de las adicciones y cómo proporcionar ayuda a quien desee acceder a un tratamiento efectivo para dejar el consumo de drogas.

Así, sin datos para entender los factores de riesgo para el consumo de sustancias, ni análisis sobre el impacto de la campaña, el gobierno actual toma como bandera la autoestima de las niñas, niños y adolescentes. Este mensaje reitera el desconocimiento de un problema de salud pública, y el enfoque moral que tienen las autoridades para atenderlo. Típicamente, las campañas de prevención en México se han caracterizado por no contar con sustento científico, no medir la efectividad del contenido, ni la capacidad de impacto de la campaña. Todo indica que una vez más nos encontramos en presencia de la improvisación.

Otro grave problema es que la campaña busca promover la oferta de tratamiento ya existente para atender las adicciones, lo que no es necesariamente bueno. Los servicios brindados son insuficientes y requieren un cambio de enfoque. A partir de diversas solicitudes de acceso a la información, tanto la Secretaría de Salud como la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) han manifestado que brindan un amplio abanico de opciones de tratamiento, sin embargo, en su descripción de los distintos métodos de atención las características son idénticas al método de 12 pasos para alcohólicos anónimos.

Por si esto no fuese lo suficientemente alarmante, el actual gobierno ignora las condiciones en las que actualmente se brindan estas opciones: tortura, maltrato, aislamiento, inanición y en algunos casos incluso la desaparición de pacientes. De acuerdo con la información proporcionada por CONADIC, existe un total de 2 mil 71 centros especializados en el tratamiento de adicciones (sin especificar si son públicos o privados). No obstante, tan sólo 355 centros (es decir, sólo 17%) cuentan con el reconocimiento de la Comisión por apegarse a los estándares de la NOM-028. Sólo 43 centros están a cargo del Estado y, de estos 43, exclusivamente ocho son establecimientos públicos que cuentan con reconocimiento oficial y que ofrecen atención profesional.1 Esto quiere decir que existen ocho centros de atención para un país de más de 120 millones de habitantes, con lo que no se satisface las necesidades de las personas en términos de calidad, accesibilidad, asequibilidad y adaptabilidad. Además, aunque el sistema reconoce tres tipos de modalidades de tratamiento,2 todos buscan la abstinencia absoluta y en casi todos los tratamientos se vuelve, literalmente, una tortura.

Las mismas autoridades han detectado que en los procesos de rehabilitación se inserta en la psique del paciente un sentimiento de culpabilidad, por lo tanto, el tratamiento consiste en una serie de sanciones con la finalidad de permitirles “enmendar sus errores”. CONAPRED ha detectado las actividades discriminatorias más comunes en estos centros de atención:3 corte de pelo a rape o rasurado a las personas que vuelven a consumir drogas; traslado a otro centro de rehabilitación o a otra institución del mismo centro, sin el consentimiento de la persona interna o de alguno(a) de sus familiares; exhibición en las reuniones de ayuda mutua (se utiliza un lenguaje despectivo para referirse a la persona infractora y se la hace ver como mal ejemplo), entre otras.

Fortaleciendo la oferta de tratamiento que ya existe, la campaña “el combate contra las adicciones” podría contribuir a fortalecer los estigmas, la discriminación y la criminalización ya existentes. Del mismo modo, pretende capacitar a maestros y padres de familia para la detección de adicciones, una vez más, sin sustento científico. Esto alimenta las violaciones a derechos humanos en contra de los consumidores que son internados ya que, generalmente, las reclusiones en estos centros se realizan a petición de algún familiar directo, quienes deciden arbitrariamente someter al usuario a tratamiento sin tomar en cuenta su voluntad. El video con el que inicia la campaña lanza un claro mensaje: se debe castigar a la persona que consume drogas.

Otra señal contradictoria al mensaje de abandonar la guerra contra las drogas y el cambio de enfoque de esta política pública es la creación de una dirección General Antidrogas dentro de la Guardia Nacional, que tiene como función el combate a la tenencia y actos relacionados con estupefacientes y psicotrópicos. Las implicaciones de esto no son menores. Una institución militar se dedicará a la persecución de los consumidores. La criminalización del consumo y el uso del aparato represor del estado sigue presente. Quien suscribe desea que el enfoque de esta institución fuera promover la autoestima de las niñas, niños y adolescentes, y no la supresión del enemigo.

En este contexto, las autoridades responsables deben entender que una política pública efectiva debe atender las causas del consumo problemático, diferenciar entre tipos de consumo, buscar tratamientos efectivos, capacitar a los prestadores de servicios médicos, priorizar la salud a la moralidad o la criminalización. En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el presidente propone cambiar de paradigma hacia las drogas y elaborar regulaciones diferenciadas. Sin embargo, una vez más hay mensajes cruzados, y el nuevo enfoque no es congruente con la estrategia de prevención. Sin más difusión de información sobre los riesgos reales del consumo y mientras persistan los prejuicios en contra de los consumidores de drogas, la “novedosa” campaña para la prevención de adicciones está condenada al fracaso y, las personas, a sufrir las consecuencias.

 

Julio Salazar
Licenciado en derecho por CIDE. Es especialista en litigio estratégico y defensa de derechos humanos. Ha participado y llevado a cabo diversos casos con impacto en cambios en políticas públicas en temas como debido proceso, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la alimentación, a la salud, a un medio ambiente sano, y derechos de los consumidores.


1 Todos estos 8 establecimientos son de modalidad residencial y se encuentran en ubicados en Chihuahua (1), Ciudad de México (1), Estado de México (2), Jalisco (2), Nuevo León (1) y Sinaloa (1).

2 Ayuda mutua, profesional y mixto. Comisión Nacional Contra las Adicciones, “GUIA BREVE PARA EL SUPERVISOR/A DE ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES”, 2017.

3 París Pombo, María Dolores, Lorena R. Pérez Floriano, and Gerardo Medrano Villalobos. "Estigma y discriminación hacia las y los usuarios de drogas y sus familiares." (2010). P.37