El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP) se reinstaló en Palacio Nacional en marzo pasado, en un evento presidido por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, al que fueron convocadas decenas de familiares de personas desaparecidas. En este acto el presidente señaló que el Estado mexicano dedicaría a la búsqueda de los desaparecidos y en un hecho sin precedentes, reconoció la crisis que existe en el país en la materia y asumió el compromiso de reunirse con las familias cada tres meses.

Puntualmente, el pasado 24 de junio se convocó a las familias para escuchar el informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Sin embargo, en la presentación salieron a la luz dos concepciones y entendimientos distintos respecto del problema, cómo atenderlo y priorizar las acciones para ello: el de las familias de las víctimas, y el del Estado. La búsqueda en vida, por un lado, y por otro, un tema forense para la identificación de personas sin vida. No escuchar y llevar a la práctica el conocimiento y experiencia de las familias abrirá una brecha entre quienes saben, quieren y pueden colaborar.

Ilustración: Belén García Monroy

El informe comenzó con la intervención del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, quien delineó la que, se entiende, es la estrategia para “enfrentar la muy severa emergencia forense que vive en nuestro país”. Su discurso se centró en esta materia, la forense, asumiendo la muerte de las personas desaparecidas. “Lo fundamental es garantizar su identidad”, señaló. Con ello trasladó la búsqueda de personas desaparecidas al tema de superar la crisis en materia forense y describió diez acciones para atenderla:

1. Cinco Institutos Regionales Forenses.1
2. Al menos quince cementerios forenses.2
3. Un Equipo Especialista Forense.3
4. Apoyo extraordinario a Servicios Forenses.4
5. Necesidades básicas para la identificación dactilar.5
6. Fortalecer la capacidad de identificación genética.6
7. Fortalecimiento de capacidades técnicas.7
8. Una base nacional de datos genéticos.8
9. Comisionar a la Unidad de Búsqueda de la Policía Federal.9
10. Una Ley de identificación humana.

A pesar de los esfuerzos de las familias de personas desaparecidas, el gobierno federal no ha entendido los alcances y objetivos de la ley general en la materia. Esto, por ejemplo, ante lo señalado por el propio subsecretario, al referir que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) se encargará de la identificación forense, acción que corresponde al Ministerio Público y no a la CNB. Un error en este tema podría traer problemas con la calificación de la prueba en el proceso penal.

Encinas aseguró además que la Unidad de Búsqueda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana será la encargada de garantizar el acompañamiento de la CNB en las tareas de búsqueda y exhumación, lo que rompe con la unidad en las acciones de búsqueda emprendidas desde la Comisión e, incluso, desdibuja al Grupo Especializado de Búsqueda que la Ley General establece en su estructura organiza.

Haber convocado a las familias de las personas desaparecidas a una presentación de esta naturaleza llevó a la madre de una víctima a increparlo por su presentación carente de una mirada hacia la búsqueda en vida. Aunque en respuesta el subsecretario brindó información específica del caso a la madre, las familias no acuden a estos espacios para recibir información de sus procesos, sino para ser informadas de las acciones concretas que el Estado toma frente a la falla estructural que ellas han identificado. Parecería que el Estado entiende la búsqueda solo como la exhumación e identificación de cuerpos.

El descontento, la esperanza, la incredulidad y el cansancio eran evidentes. Las familias alzaron sus consignas: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” con una voz fuerte que retumbó en el salón Tesorería de Palacio Nacional e interrumpió por momentos los discursos en torno al informe. Incluso ante las palabras de López Obrador sobre sus programas de becas y empleo para los jóvenes, las familias gritaron: “no nos interesa, queremos que los busquen”, quedando en evidencia el objetivo de los familiares: la búsqueda de sus seres queridos.

Muchas familias llevan más de 10 años en la búsqueda, y otras más, aunque llevan meses o semanas, se han sumado a estos grupos de familias organizadas. Estas personas que se han convertido en expertas, no son beneficiarias de algún programa social, o asistentes a un mitin político que esperaran simplemente escuchar un “informe”. Son actores sociales con mayor conocimiento y capacidades técnicas que los funcionarios en el presídium. Estas familias han delineado estrategias de búsqueda, articulado mesas para las investigaciones penales, incluso, trabajaron en la elaboración de la ley que da origen al SNBP. Ante eso, el gobierno federal debe replantear su dinámica de interlocución y reconocer que los familiares son actores políticos importantes y relevantes en la materia, no meros espectadores.

Es posible que el gobierno federal considere un logro extraordinario el desarrollo y la ejecución de las acciones que anunciaron. Incluso podrían sentirse rebasados humana e institucionalmente por lo que implica una búsqueda integral. Pero estas acciones son insuficientes para las familias que llevan años no sólo exigiendo la búsqueda de sus seres queridos, sino proporcionando insumos para la búsqueda a los gobiernos.

Por su parte, Karla Quintana Ozuna, Comisionada Nacional de Búsqueda, amplió —y complejizó— el panorama planteado por Encinas, al abordar la búsqueda en vida, pero muy superficialmente. Comenzó por recapitular el número de comisiones locales de búsqueda y aquellas que han recibido el subsidio para dicho fin. También señaló que, aunque están completos como equipo, aun faltará mucho más apoyo tanto en la CNB como en lo local. Informó que de enero a la fecha han recibido 115 reportes de personas desaparecidas, y que cuentan con una unidad de búsqueda para los casos ocurridos en la llamada “Guerra sucia”.10

La comisionada nacional omitió informar qué acciones han tomado en los casos de personas desaparecidas en la actual administración y si cuentan con un protocolo mínimo de acción para búsquedas inmediatas. Esto, porque aún cuando López Obrador señala que las desapariciones son la peor de las herencias que le dejaron las administraciones anteriores, las desapariciones continúan perpetrándose y se desconoce si se cuenta ya con los mecanismos de búsqueda efectivos.

Quintana señaló que de enero a la fecha han localizado 426 fosas clandestinas con 551 cuerpos. No señaló, sin embargo, que en su mayoría estos sitios han sido localizados gracias al trabajo de las familias de personas desaparecidas. Esto implica además que la “incidencia” de fosas se registra en mayor medida en entidades federativas donde existen familias que las buscan, encuentran y exhuman, como en Sinaloa, Guerrero y Veracruz.
Lo relevante de su intervención fue que se trabaja en la creación de un Plan Regional de Búsqueda en conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Este plan será diseñado en junio, consultado con las familias en julio y agosto, y su ejecución será en septiembre. El plan piloto será aplicado en Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.

La representante del Fiscal general, Sara Irene Herrerías Guerra, funcionaria de la anterior administración, no tuvo intervención en el informe. La justicia penal ha quedado muy relegada en las discusiones sobre la búsqueda de las personas desaparecidas por el sello característico de impunidad con el que operan las fiscalías. Por su parte,  en el discurso del presidente la justicia solo fue una palabra, sin contenido ni relevancia.

El balance por parte de la mayoría de las familias fue negativo. Mucho de lo informado ya lo conocían por su experiencia o incluso por haberlo propuesto en ocasiones anteriores. Esto pudo haberse evitado, en parte, si el Gobierno de la república tuviera una estrategia de interlocución efectiva con los grupos de familiares y más transparente con los que ya la tiene. También, si se reconociera en los hechos, no solo en el discurso, que necesitan su ayuda para delinear las estrategias.

El ambiente al final del evento dejó ver una brecha que se abre lentamente entre las dos realidades que convivieron en Palacio Nacional: la de las familias con su exigencia concreta, y la del Estado, que comienza a realizar acciones que desde el inicio siente que lo rebasan. Dos situaciones que en este momento no se entienden entre sí pero que se podrían complementar. La esperanza en el gobierno federal existe pero es limitada, y esta brecha, si crece, puede acabar con ella.

 

Jorge Verástegui
Defensor de derechos humanos. Hermano de Antonio Verástegui González y tío de Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, desaparecidos el 24 de enero de 2009 en Parras, Coahuila.


1 De acuerdo con Encinas, se construirán cinco institutos regionales forenses que tendrán sede en: 1. Coahuila para cubrir ese estado, Chihuahua, Durango y San Luis Potosí, con una inversión de 90 millones de pesos, 2. Nuevo León para cubrir ese estado y Tamaulipas, con una inversión de 40 millones de pesos, 3. Sonora para cubrir ese estado, Baja California, Baja California Sur y Sinaloa, 40 millones de pesos, 4. Veracruz para cubrir ese estado, Puebla, Oaxaca y Chiapas, 40 millones de pesos, y 5. Ciudad de México para cubrir la ciudad, Morelos y Guerrero, con una inversión de 20 millones de pesos. Inversión total de 230 millones de pesos.

2 Se crearían al menos 15 cementerios forenses en los estados de Veracruz (tres cementerios), Sinaloa (tres cementerios), Jalisco (dos cementerios), Baja California (un cementerio), Colima (un cementerio), Nayarit (un cementerio), Michoacán (un cementerio) y Tamaulipas (un cementerio), con una inversión total de 150 millones de pesos.

3 La Comisión Nacional de Búsqueda contratará a expertos nacionales e internacionales (antropólogos y arqueólogos forenses) para atender la demanda en la intervención de inhumaciones clandestinas por la escasez de personal especializado, con una inversión de 5 millones de pesos.

4 Se realizará un apoyo extraordinario a Servicios Periciales para atender la problemática forense en Nayarit, Sinaloa y Colima, con una inversión de 25 millones de pesos.

5 Se realizará la compra de lectores de Huella Digital, Software AFIS (Sistemas Automatizados de Identificación de Huellas Dactilares), Infraestructura y Soporte para las Bases de Datos.

6 Se realizará la homologación de Identificadores Genéticos e incremento del número de laboratorios certificados para eficientar el proceso de identificación forense.

7 Se hará la adquisición de los Sistemas AFIS (Huellas digitales) y CODIS (Genética) para identificación a través de huellas digitales y ADN con terminales en Servicios Médicos Forenses.

8 Se realizará un convenio entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para comisionar a la Unidad de Búsqueda de la Policía Federal para el desarrollo de las tareas de la Comisión Nacional de Búsqueda.

9 Un convenio entre la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que la Unidad de Búsqueda de esta última pueda garantizar el acompañamiento a la Comisión Nacional de Búsqueda en las tareas de búsqueda y exhumaciones que realice.

10 De acuerdo con Karla Quintana Ozuna, al 24 de junio de 2019 se han creado las comisiones locales de búsqueda en los estados de: Baja California, ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Campeche, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Puebla y Veracruz. Respecto del subsidio federal para la búsqueda informó que los estados de Coahuila, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas tienen cada uno un subsidio autorizado de $11 millones de pesos, y el Estado de México un subsidio autorizado de 2.5 millones de pesos. La revisión de los expedientes de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), 245 abiertos y 186 archivados.