La recién publicada Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza (LNUF) implica un retroceso en la garantía de los derechos humanos que debe preocuparnos. Problemas serios tanto en su diseño, como en su estructura, fundamentos y organización impiden que cumpla con su objetivo de “brindar certeza jurídica y transparencia a la ciudadanía en relación con el uso de la fuerza que realicen las instituciones de seguridad en el ejercicio de sus funciones” (Artículo 2, Fracción V). En concreto, una regulación eficaz del uso de la fuerza pública a través de esta ley es inalcanzable.

Uno de sus principales problemas consiste en que se basa en una clasificación de armas y no del tipo de fuerza. Así, la legislación se contrapone a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), citadas en la exposición de motivos. En 2015, en su reporte anual en esta materia, el organismo concluye que “(…) ante la gran expansión de la industria en la fabricación y venta de armas menos letales, y la variedad de sus características, mecanismos de lesión y riesgos asociados a su empleo, resulta urgente contar con normas claras y adecuadas, pues la letalidad o no del arma dependerá de su tipo, el contexto en que se utiliza y las condiciones particulares del destinatario”.

Derechos humanos

Ilustración: Víctor Solís

Asimismo, en su reporte de agosto de 2014, el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señala que “casi todo uso de la fuerza contra la persona humana puede, en determinadas circunstancias, dar lugar a la pérdida de vidas o lesiones graves”. 

En otras palabras, es un error clasificar a un arma como “letal” o “menos letal” y sin embargo, la LNUF incluye el término “armas menos letales” en seis ocasiones, “armas incapacitantes menos letales” en tres ocasiones y el mismo número para “armas letales”. Una legislación del uso de la fuerza va más allá del tipo de armas empleadas.

El modelo desarrollado en la LNUF a partir de estas deficiencias provocará fallas considerables en su implementación.

Trazar una metodología de capacitación y operaciones que cumpla cabalmente los requisitos impuestos por esta ley requeriría forzosamente omitir alguno de los principios (Capítulo II), procedimientos (Capítulo III) o instrumentos (Capítulo IV). Imaginemos los episodios de riesgo potencial en el que cotidianamente puede encontrarse un policía o militar, así como posibles víctimas que deben ser protegidas por los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Un escenario como el de la Huacana, en Michoacán, o uno en el que la persona encargada de hacer cumplir la ley debe tomar una decisión en segundos. En estricto apego a la LNUF, cualquier agente del Estado que lleve a cabo funciones de seguridad pública tendrá que trazar un procedimiento que considere todo lo siguiente:

• Cinco principios: absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y, rendición de cuentas y vigilancia.

• Siete posibles impactos: persuación, setricción de desplazamiento, sujeción, inmovilización, incapacitación, lesión grave y la muerte.

• Seis tipos de amenazas letales inminentes.

• Cinco mecanismos de reacción

• Tres clasificaciones de conductas

• Cinco niveles de fuerza: presencia de autoridad, persuación o disuasión verbal, reducción física de movimientos, utilización de armas incapacitantes menos letales y utilización de armas de fuego o de fuerza letal.

• Tres justificaciones del uso de la fuerza.

• Dos opciones de armas disponibles (ambas consideradas letales de acuerdo con la ley)

 

Todos esos pasos deben seguirse de manera gradual, progresiva, proporcional, diferenciada y hasta agotarse de manera simultánea, algo literalmente imposible. Aún si fuera posible crear un procedimiento de operaciones que tome en cuenta todos los elementos para la toma de decisiones, al final, el agente de seguridad tendrá que elegir entre utilizar o no un arma de fuego. Si es de por sí grave dejar a los agentes con una sola disyuntiva, que puede costarles la cárcel o la vida, el verdadero riesgo de la LNUF se encuentra en la imposibilidad de crear, por medio de ésta legislación, un modelo de capacitación que cumpla con la finalidad para la que fue creada. Irremediablemente, los agentes quedarán expuestos a una opción basada en el arma, no en niveles de fuerza.

Esta deficiencia se origina ante la falta de análisis técnico demostrada en las escuetas definiciones de equipamiento que pueden emplear los agentes. Tomemos como ejemplo los bastones PR-24 (Art. 15, Fracc. I). El nombre y diseño son marca patentada por una empresa americana con representante legal exclusivo en México, lo que quiere decir que sólo podrá comprarse a un proveedor.1

También es preocupante que la LNUF permita únicamente sustancias irritantes en aerosol. Esto significa que, a partir del 28 de mayo de 2019, toda corporación de utilice los agentes químicos CS2 y CN,3 mal llamados “gases lacrimógenos”, estará violando la ley ya que estos, al requerir calor para activarse, no entran pues en la categoría de aerosol. Nuevamente, aunque los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley logren encontrar una línea de acción entre todos los requisitos expuestos, llegarán invariablemente a una toma de decisión basada en el arma de fuego, porque la ley omite la evaluación técnica de opciones de fuerza para cada nivel establecido. Esto se traduce en una prohibición de opciones con las cuales ya cuentan y, que bien reguladas, podrían funcionar dando “certeza jurídica y transparencia a la ciudadanía en relación con el uso de la fuerza” (Art. 2, Fracc. V).

Otro aspecto digno de señalamiento es que la legislación establece dos definiciones para una sola cosa: en su glosario, se define una lesión grave como “el daño producido por una causa externa que ponga en peligro la vida o que disminuya de manera permanente las capacidades físicas de una persona” (Art. 3, Fracc. XI). Sin embargo, en su Artículo 6, Fracción VI, nuevamente se define “lesión grave”, como “utilizar la fuerza epiletal, permitiendo el uso de armas menos letales o de fuego con la finalidad de neutralizar a los agresores y proteger la integridad de la autoridad o de personas ajenas, con alta probabilidad de dañar gravemente al agresor”.

Además de constituir una tautología, la ley es omisa en definir el concepto epiletal. Dicho sea de paso, el mismo se propuso por primera vez en este espacio de análisis y forma parte de una teoría más amplia sobre el uso de la fuerza pública propuesta por el autor del presente texto, la cual define los niveles de fuerza de la siguiente manera:

• Fuerza Persuasiva: aquella orientada a mantener el orden público,

• Fuerza Disuasiva: aquella orientada a evitar la pérdida del orden público,

• Fuerza Epiletal: aquella orientada a restaurar el orden público, procurando la supervivencia de su objetivo,

• Fuerza Letal: aquella orientada a detener las acciones que atentan contra la integridad de las personas, aunque no se pueda garantizar la supervivencia de su objetivo.

 

En todos los casos no importa exclusivamente qué tipo de dispositivo se utilice sino, además, cómo y en quién se use, tal como recomienda la CIDH.

Desafortunadamente, ante la premura y urgencia del debate, el concepto epiletal se incluyó de forma descontextualizada y pierde valor en su objetivo normativo. Resulta entonces indispensable una revisión de su función en el marco legislativo aprobado por el Congreso.

La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza sirve de garantía para el Diplomado en el Uso Legítimo de la Fuerza y Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas que imparte personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las Fuerzas Armadas, pero las inconsistencias generan dudas en cuanto a su eficacia, requisito indispensable de una ley. Esto debe preocupar a los actores institucionales encargados de llevar a cabo la Estrategia Nacional de Seguridad, ya que los riesgos de fallar están presentes en muchos niveles, principalmente en el operativo.

 

Daniel Gómez-Tagle
Especialista en agentes químicos y municiones de impacto para restauración del orden. Fue investigador, analista y traductor para Defense Technology y Combined Systems a través de Grupo Sniper. Ha asesorado a la Guardia Civil española, la SEDENA, y a Policía Nacional de Honduras en materia de uso de la fuerza y derechos humanos durante el golpe de Estado en 2009.


1 Monadnock, dueño de la patente, tiene además un programa de capacitación específico para su producto que rara vez se sigue en México. La patente también obliga a revisar el proceso de adquisición de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

2 Ortoclorobencildenemalononitrilo.

3 Cloroacetofenona.