El presidente López Obrador puso en el centro de la agenda pública el combate al robo de combustible. Antes de enero de 2019, el debate público en materia de seguridad se centraba en los niveles de homicidio y en la respuesta planteada por el gobierno a través de una Guardia Nacional. La ausencia en el debate nacional del denominado huachicoleo puede tener parte de su explicación en que no había afectado directamente la vida de los ciudadanos urbanos y que las perdidas eran absorbidas, por conveniencia o complicidad, por el Estado. Los episodios de escasez en las principales ciudades del país y la cruzada lanzada desde las conferencias mañaneras cambiaron el escenario e hicieron el tema parte de la cotidianidad de la población.

Para el presidente López Obrador, tanto el petróleo como la gasolina son símbolos de la soberanía nacional. Pocas cosas le importan mas al presidente que el petróleo, y el aumento exponencial del robo de combustible en el último sexenio le presentó al titular del Ejecutivo Federal una oportunidad única para lanzar una cruzada contra este delito especialmente preocupante por la base social que le genera al crimen organizado. Sin embargo, uno debe ser más cauteloso antes de comprar la idea de que el haberse formado por dos horas en la fila de una gasolinera durante la crisis de desabasto, consistió en un acto comparable a los esfuerzos ciudadanos durante la expropiación petrolera del entonces presidente Cárdenas. El problema es más complejo.

Ilustración: Víctor Solís

En las siguientes líneas me voy a permitir formular tres hipótesis sobre la estrategia contra el robo de combustible con el fin de tratar de entender mejor el contexto en el que se desarrolla dicha política pública. Estas tres hipótesis dan sustento a mi argumento general de que la estrategia contra el robo de combustible fue detonada por un error logístico al interior de Petróleos Mexicanos que generó desabasto, y no por un análisis integral sobre el fenómeno de robo de combustible, generando una política pública mal diseñada que podría producir más problemas que los que intenta resolver. 

La primera hipótesis que me permito plantear es la posible relación entre el aumento en el robo de combustible y el combate al narcotráfico. Los grupos del crimen organizado, ante la pulverización de sus estructuras y el incremento en los costos derivados de la guerra contra el narcotráfico, habrían encontrado en el huachicoleo un negocio más lucrativo y menos riesgoso. A manera de aproximación, vale recordar que de acuerdo con el propio López Obrador, el Estado pierde a causa de este delito 60 mil millones de pesos anuales. Aunque confirmar esta hipótesis supera los alcances de este texto, no es descabellado inferir que el aumento en el robo de combustible es un efecto secundario de la guerra contra los cárteles del narcotráfico. Si bien es cierto que son muchos los ciudadanos que participan por necesidad económica en el robo de combustible, pecaría de ingenuo quien crea que es la actividad de estos individuos la que explica una proporción significativa de los montos millonarios que representa el robo de combustible. El ahora famoso Cartel de Santa Rosa, involucrado en la comisión de este delito a gran escala, es un ejemplo claro de esto.

La segunda hipótesis que me permito plantear es que el desabasto se explicó más por errores de logística y distribución al interior de Pemex que por la estrategia contra el robo de combustible del gobierno de la República en sí. Los datos que se tienen a la fecha, como los presentados por Sebastian Garrido y Jorge Andrés Castañeda en su artículo  “¿Por qué hubo desabasto de gasolina en diciembre?”, así como los análisis de especialistas en el sector energético, sugieren que este problema pudo deberse a una disminución en las importaciones o a la incapacidad para recibir la gasolina que transportaban buques estacionados en el Golfo de México. Si lo anterior es cierto, el desaseo y lo abrupto de la “cruzada” contra el robo de combustible se explicaría en parte por la necesidad de encubrir mediáticamente errores graves de gestión al interior de Pemex.

Una tercera hipótesis es que el robo de combustible podría estar funcionando en los hechos como una válvula de escape que ha contribuido a la disminución de delitos como el secuestro y la extorsión. Bajo esta lógica, los grupos criminales, al encontrar una fuente de ingresos significativa en el robo de combustible, optarían por esta opción antes que por delitos como el secuestro o la extorsión. No se trata de una apología del robo del combustible, pero es un factor que debe tenerse en cuenta antes de lanzarse a una campaña de lleno contra dicho delito. En otras palabras, se debe combatir el robo de combustible tomando en cuenta las posibles consecuencias en otros delitos.  Para ilustrar lo anterior es posible observar los casos de Guanajuato y Tamaulipas, dos de los estados con mas tomas clandestinas para robo de combustible. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El presidente decidió colocar la estrategia contra el robo de combustible como la prioridad número uno en materia de seguridad de su administración. Las tres hipótesis aquí expuestas tienen como propósito señalar que el asunto es más complejo de lo que el presidente afirma, y que se debe ser cauteloso para que el remedio no termine causando más daño que la enfermedad.

 

José Andrés Sumano Rodríguez
Catedrático CONACYT y Profesor de El Colegio de la Frontera Norte.