La segunda semana de enero, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados convocó a un grupo de especialistas y académicos a participar en las audiencias públicas sobre las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional (GN) propuestas por Morena, el partido del presidente López Obrador. Este texto es parte de mi posicionamiento en San Lázaro, con información adicional que este formato me permite exponer.

El ejecutivo federal pidió una corporación con reclutamiento, formación y mando operativo militar en sustitución (que asuma las funciones) de la Policía Federal. Una fuerza militar, pues. Pero ante la prisa del titular del ejecutivo federal por que esta corporación se materialice, el Poder Legislativo ha optado por desacelerar el proceso en la medida de lo posible. La oposición a la propuesta, incluso al interior de Morena, ha hecho valer su voto a tal grado que podría no desahogarse en un periodo extraordinario en el Senado de la República. Y no es para menos. Lo cierto es que el balón está hoy en la cancha del Senado.

Ilustración: Jonathan Rosas

Si el diseño de la Guardia Nacional se aprueba con mando militar, la señal que se estará enviando desde el gobierno federal será la de renunciar a formar corporaciones civiles de seguridad pública. La renuncia del Estado a formar policías. No nos engañemos. El pasado 15 de enero, López Obrador fue claro:

Acerca de el mando (de la Guardia Nacional), la propuesta es que en lo administrativo dependa de Seguridad Pública y en la parte operativa esté adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo acepto que sea de esta forma porque nos hace falta tener la Guardia Nacional.

El problema no es solamente el mando, sino las funciones. La Guardia Nacional sería entonces, no una policía, sino una fuerza militar en funciones que le son ajenas. Acudamos a definiciones básicas. El mandato y naturaleza de las Fuerzas Armadas es salvaguardar la integridad y continuidad del Estado mexicano. Las fuerzas armadas combaten enemigos del Estado. La seguridad pública, en cambio, es una función para proteger libertades, derechos y la integridad física de la ciudadanía. Se trata de funciones y visiones distintas.

A la policía le toca presentar a quienes cometen delitos ante la autoridad judicial; mediar conflictos entre vecinos para que no escalen a violencia; atender llamados de emergencia de diversa índole, no necesariamente relacionados con delitos; y resolver problemas de seguridad a nivel de calle y colonia. Porque de esta índole son la mayoría de los delitos y faltas que afectan la tranquilidad de la población, es una cuestión estratégica: se requiere del conocimiento directo del problema delictivo que se quiere atender. A nivel calle, a nivel colonia. Ese es el terreno de las policías locales.

Las policías municipales, muchas de ellas hoy desmanteladas por gobiernos irresponsables, conocen como ninguna otra corporación los problemas de seguridad que afectan a la mayoría de la población en las zonas urbanas de México. No existe otro actor del Estado que, como parte de su trabajo cotidiano en las calles, esté más expuesto a las dinámicas delictivas y de violencia cotidiana, así como a sus facilitadores y detonantes. La diferencia entre funciones no es menor. Necesitamos mejores policías, no a más militares.

Es cierto que en puntos del país, el poder de fuego y de ejercer violencia de organizaciones delictivas —las cuales, hay que precisar, cometen delitos predominantemente federales—, se apropió incluso de partes del territorio. Afecta a trabajadores del campo, limitan el libre tránsito de la población, explotan ilegalmente recursos naturales propiedad de la nación, trafican personas y constituyen redes que operan en varios municipios.

Estos problemas existen y la población afectada merece que el Estado responda a su necesidad. Una corporación policial federal –de carácter civil– debe atenderlos. Para ello, es cierto que se necesita mayor poder de fuego del que una corporación local requiere la mayor parte del tiempo. En este sentido, fortalecer y depurar a la Policía Federal sería la alternativa civil. Pero, reitero, se trata de problemas delictivos muy distintos a los que afectan a la mayoría de los ciudadanos, y es este problema de diagnóstico es uno de los mayores de la propuesta de la Guardia Nacional. 

Los autores del proyecto parecen no distinguir entre tipos y niveles de problemas delictivos o de violencia. Error fundamental. El crimen organizado no es la única ni la principal fuente de los problemas de seguridad. Para atender los problemas de conflictividad vecinal, robos a tiendas de conveniencia, o violencia intrafamiliar, lo que funciona son los modelos de policía orientados a problemas, con proximidad. Nada tiene que hacer una fuerza militar en estos casos.

La primera Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2017, nos permite mirar de cerca parte de las tareas cotidianas de las policías municipales, en cuanto a los delitos que más atienden sus agentes.1 El contraste con aquellos que concentran la atención de la Policía Federal2 es útil para visualizar la diferencia entre sus ámbitos de intervención.

Fuente: ENECAP 2017, INEGI.

Fuente: ENECAP 2017, INEGI.

Quienes acudimos a las audiencias a hacer uso de la voz en el Legislativo no somos ingenuos: no se organizaron estos valiosos ejercicios para consultar con los titulares de los ejecutivos estatales, municipales y especialistas sobre la construcción de esta fuerza militar. Sin embargo, cumplimos con un compromiso cívico. Por mi parte, el de aportar recomendaciones para el fortalecimiento de las policías locales, aún en paralelo al experimento que el gobierno federal decidió emprender.

Coincido con el diagnóstico, conocido por todo especialista en seguridad, que hoy en día las policías en México no pueden dar los resultados que necesitamos. Lo cierto es que las reformas por las que sí pasó el sistema de justicia penal a partir de 2008, no las han visto las policías.

Empecemos por que, sin policía de investigación efectiva, el problema de delito, violencia e impunidad no se resolverá. Necesitamos policías que resuelvan casos. Pongo un dato sobre la mesa: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población privada de la Libertad del INEGI, 2016, hasta ese año únicamente en 15% de los juicios por homicidio se presentan pruebas físicas. En 60% de los casos se recurre a testigos oculares. Ese problema tampoco se resolverá con una fuerza militar.

En este sentido, la propuesta de modificación al artículo 21 Constitucional, que hoy concentra en el Ministerio Público la conducción y mando de la investigación, apareció en un par de versiones de la iniciativa para colocar al MP a cargo solamente de la conducción jurídica de esta función. Sería un paso valiente y en la dirección correcta que el Senado puede retomar, estableciendo los controles judiciales pertinentes.

Nos urge una reforma policial que, además, otorgue a sus integrantes derechos laborales, servicios de salud, seguro de vida, salarios dignos y una carrera policial basada en mérito que nos ponga en condiciones de exigirles resultados. La discriminación a la que sometemos todos los días a las y los policías en México es una de las peores caras de nuestra nación. No tiene otro nombre: es discriminación. 

Finalmente, debemos acordar criterios técnicos para medir la fortaleza de las policías de México. Diagnosticar su estado actual y evaluar su cumplimiento. A partir de estos criterios, debemos construir estándares. Por mencionar algunos, ¿qué conocimientos, habilidades y recursos debe tener los integrantes de una corporación, para que pueda cumplir con sus funciones? ¿Qué tipo de equipamiento, armamento, y prestaciones salariales? El Sistema Nacional de Seguridad Pública debe encabezar los esfuerzos para construir estos estándares. 

Es falso que todas las policías del país sean un fracaso. Las ciudades de Chihuahua, en Chihuahua, Escobedo, en Nuevo León, Nezahualcóyotl, en el Estado de México y Morelia, Michoacán, llevan ya varios años implementando modelos innovadores en el país, con resultados tangibles que son esperanzadores. Dirijamos la mirada a estos casos. 

Los años por venir, la resistencia civil pacífica —parafraseando al López Obrador de otros tiempos— que necesitamos que encabecen presidentes municipales, gobernadores y senadores, será formar policías estatales y municipales fuertes, con derechos laborales, capacidades y atribuciones de investigación.

 

Lilian Chapa Koloffon
Analista de políticas de seguridad, investigadora en el World Justice Project y editora de este blog.


1 De un listado de 20 delitos.

2 De un listado de 24 delitos.