El 29 de diciembre del año 2009, en el Ejido de Benito Juárez, Chihuahua, Nitza Paola Alvarado y José Ángel Alvarado se encontraban en una camioneta afuera de casa de uno de sus familiares. Mientras esperaban, alrededor de 10 militares se les acercaron y con lujo de violencia los obligaron a subir a vehículos oficiales. Momentos después, ese mismo día, los militares ingresaron por la fuerza y sin ningún tipo de orden judicial al domicilio de la madre de la sobrina de ambos. También a ella se la llevaron a bordo de una camioneta oficial con lujo de violencia. Pese a las constantes amenazas por parte de las autoridades contra la familia Alvarado, este caso de desaparición forzada llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se plantea que sea la primera sentencia en contra de México en el marco de la así llamada “Guerra Contra el Narcotráfico”.

Ilustración: Fabricio Vanden Broeck

El impacto de la presencia del Ejército en actividades de seguridad pública ha sido documentado ampliamente por instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. Gracias al trabajo de estas instituciones, hoy se sabe que en los estados donde el Ejército tuvo presencia en la implementación de Operativos Conjuntos durante el periodo de 2007 a 2010, los homicidios dolosos aumentaron considerablemente, incluyendo aquéllos perpetrados por agentes del Estado. Adicionalmente, en estas mismas regiones, se registran desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y agresiones sexuales perpetradas por militares en contra de personas en proceso de detención. En los últimos 10 años, se registraron un total de 10 mil 764 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por este tipo de hechos.

Para construir una imagen más clara de lo que significa la introducción del Ejército en tareas de seguridad pública, se analizó la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016 del INEGI, para buscar diferencias entre las detenciones perpetradas por militares y las realizadas por elementos de seguridad pública en términos de maltrato a las personas detenidas. Lo que encontramos fue que los militares actúan con un mayor grado de violencia en las detenciones que efectúan.

Más gente se declara inocente, más gente dice haber sido detenida sin motivo

La proporción de personas detenidas por militares que reconocieron como causa de su detención el haber participado en la comisión de algún delito es menor en comparación con el resto de las corporaciones. También es mayor la de personas que reportaron haber sido detenidas sin motivo. Mientras 42 % de la población encuestada declaró haber cometido un delito, esto ocurrió con 31 % de la población detenida por el Ejército.

Motivo de la detención

Adicionalmente, mientras 49% de los encuestados que fueron arrestados por corporaciones civiles reportó que no fue no detenido en flagrancia ni con una orden de aprehensión, cuando se trata de corporaciones civiles, este porcentaje se eleva a 63 % entre las personas detenidas por militares. En estos casos, del porcentaje que dijo no haber sido detenido de manera legal, el 49% dijo haber sido removido del lugar donde estaba, y otro 46% declaró que lo detuvieron mientras iba pasando por la calle.

Legalidad del arresto

Las detenciones son consistentemente más violentas, la tortura es más frecuente

En cuanto a las acciones al momento de la detención, de manera general se observan abusos de autoridad por parte de las corporaciones policiales civiles y militares. Sin embargo, los porcentajes de violencia y tortura son considerablemente mayores cuando se trata de personas detenidas por militares.

Al preguntar si el policía o autoridad lo amenazó con algún arma, la respuesta de las personas detenidas por militares sobrepasa por casi 20% a la respuesta de la población en general. Lo mismo sucede, en 13%, al preguntar si el detenido fue amenazado con algún arma contundente.

Se encuentra un patrón similar con la violencia psicológica. Aquellas personas detenidas por militares reportan en un 10%, por encima del resto, haber sido amenazados con que se les levanten cargos falsos. También es más común la presión para denunciar a alguien entre detenidos por las Fuerzas Armadas. Las personas detenidas por militares reportan además haber sido aislados, desvestidos o sofocados considerablemente más que el otro grupo.

Violencia psicológica

Tratándose de acciones calificadas como violencia física, se sigue observando una clara tendencia de comportamiento por parte del Ejército. Un 74% de las personas entrevistadas que dijeron haber sido detenidas por las Fuerzas Armadas, reporta haber sufrido de patadas o golpes; esto representa casi un 15% más de los incidentes presentados por personas detenidas por otro tipo de autoridad. Lo mismo pasa con quienes reportan haber sido golpeados con objetos, quienes sobrepasan casi por 20 % a la población privada de la libertad en general.

Violencia física


Usualmente, cuando las detenciones se practican fuera del debido proceso, se encuentra alguna manifestación de estos dos tipos de violencia, e incluso violencia sexual.

La Recomendación 028/2009 de la CNDH narra la convergencia de este tipo de agresiones:

El 27 de junio de 2008, aproximadamente a las 11:00 horas se introdujeron al domicilio de la víctima elementos del Ejército Mexicano, quienes le cuestionaron sobre la ubicación de marihuana, durante la revisión encontraron un rifle. Por esta razón fue detenido y llevado a la guarnición militar en la Plaza de Ciudad Juárez dónde lo amenazaron diciéndole que confesara o lo llevarían al “colchón de la muerte”; que al llegar a las instalaciones militares lo interrogaron, al tiempo que lo pateaban y golpeaban con el puño cerrado en las costillas; lo desnudaron y lo acostaron en un colchón donde lo hicieron “taco”, es decir lo envolvieron en el colchón, lo mojaron y le empezaron a dar toques en diversas partes del cuerpo; tiempo después le dieron de comer y un suero, hicieron que se lavara y al día siguiente, lo presentaron en las instalaciones de la PGR.

Tal como permite visualizar datos recopilados en la ENPOL, así como vastos casos documentados por los organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, la política de seguridad actual pone en riesgo los derechos humanos de la población, y no garantiza la disminución de la violencia. Más aún, existe un comportamiento diferenciado entre las acciones de las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles, lo cual pone en evidencia que éstas no están diseñadas para operar en labores públicas de seguridad. Sería pues necesario evaluar la puesta en marcha de la Ley de Seguridad Interior, ya que, además de dejar a las Fuerzas Armadas en las calles, se le otorgarían atribuciones de investigación e inteligencia, mientras que al ejecutivo le da la capacidad de prorrogar la presencia del Ejército sin un límite de tiempo establecido.

En recientes declaraciones, el presidente electo —Andrés Manuel López Obrador— ha expresado que no utilizará el Ejército para reprimir a la población. Lo que se espera por parte del nuevo gobierno, es que las Fuerzas Armadas se retiren de manera “paulatina y programada” (sin especificar alguna fecha límite), así como la eventual puesta en marcha de Guardia Civil, en la que se integrarán a todas las corporaciones de seguridad, incluyendo al Ejército y la Marina. Lo que no queda claro, es si se conserva la Ley de Seguridad Interior, ya que con anterioridad indicó que sería necesario conservar esta normatividad con el fin de regular la actuación del Ejército. De acuerdo con expertos, el estatus actual de esta legislación no garantiza el respeto a los derechos humanos, ni cuenta con un control de actuación claro para ninguna de las partes. Es necesario que las autoridades atiendan a la evidencia disponible para que se pueda garantizar un alto a los ataques contra la integridad y los derechos civiles de la población.

 

Adriana E. Ortega Arriaga
Especialista en estadísticas de seguridad pública y justicia con enfoque de género y derechos humanos. Internacionalista por el Tecnológico de Monterrey. Integrante del colectivo Dátil.