A veces resulta chocante hablar desde la primera persona. Pero en este caso no tengo más remedio porque no puedo adjudicar a nadie más la sensación de derrota que significó el asesinato de la periodista Miroslava Breach el pasado 23 de marzo en Chihuahua: de nuevo, una/uno más, otra vez.

Sin embargo, es un error pensar así. Me di cuenta cuando comenzaron las movilizaciones de periodistas en distintas ciudades, aun en pequeños grupos, con cartulinas escritas al vuelo y sus fotos compartidas en las redes sociales. Me pregunté si la reacción hubiera sido la misma diez años atrás, al inicio de la guerra contra el narcotráfico del entonces presidente Felipe Calderón. No puedo estar segura, pero creo que no. Los periodistas hemos acumulado experiencia en esta estrecha relación con la muerte y la violencia.

No distingo aquí entre periodistas de la Ciudad de México y de los estados. Tampoco entre quienes viven en una región u otra –aunque ya sabemos que los asesinatos y la impunidad han trazado su propia geografía sobre el mapa del país–. Me refiero a los periodistas en general porque cada asesinato es y será siempre una advertencia para todos, más allá del lugar en el que transcurre nuestra rutina. Algunos podemos sentirnos más seguros. Menos involucrados con esos compañeros que solo conocemos cuando su nombre abulta el recuento de los muertos. Tal vez agotados de la trágica repetición de periodistas asesinados en México. Sin embargo, en distintos momentos, de manera diferente, la indignación ha brotado en nosotros.

Sé que es difícil mantenerla viva sin convertirla en derrota de ánimo, amargura o renuncia. Pero vale la pena rescatarla y cultivarla, porque esa indignación ha sido la semilla de valiosas experiencias de organización, protesta, participación y hasta proyectos periodísticos independientes, que han impedido que el miedo se convierta en silencio.

A diferencia de hace una década, hoy nadie puede hablar de los periodistas, en general, como un gremio desunido. Es verdad que a veces prevalecen filias y fobias, que regateamos apoyos según el medio, la persona, la ideología, su trabajo. Que no estamos al margen de la polarización y la tentación de dividir el mundo entre buenos y malos. Pero también es verdad que periodistas de todo el país han emprendido esfuerzos inmensos por su seguridad y su trabajo. Y recuerden que comenzamos de cero. Sin saber si quiera cómo reconocer el riesgo.

Hoy nuestra experiencia es otra, pero no suficiente. He llegado a pensar que todavía no asumimos con suficiente responsabilidad nuestra seguridad, y que aún nos tienta la cultura de la tutela para que alguien más haga y diga por nosotros. Pese a todo, hemos aprendido. Estoy convencida de que llegó el momento de repensar nuestras estrategias de seguridad personal y colectiva, las protestas y hasta la manera de exigir justicia. Algo se nos desgastó en el trayecto de estos años de protesta y es urgente recuperarlo para devolverle significado y fuerza.

Nadie puede regatear algunos logros, si acaso quieren llamar así a esa anomalía institucional llamada Mecanismo de Protección, o a la letra muerta de una ley que federalizó los delitos contra periodistas, o a la inoperancia de la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión. Al cabo de unos años, los periodistas hemos establecido con estas instancias una relación ambivalente y contradictoria: por lado descalificamos y desconfiamos –con razón–, y por otro exigimos protección de los mismos de quienes desconfiamos y que no han dado resultados en la investigación y ya no digamos en la impartición de justicia para los periodistas.

Eso no puede seguir. ¿No habrá llegado ya el momento de revisar de nuevo el diseño institucional y el marco legislativo para la protección de periodistas? Tal vez en algunos casos esas instancias han servido para prevenir. Pero en ningún caso han sido suficientes para castigar a los responsables de las agresiones y crímenes contra la prensa. Y ya sabemos que la mayoría de los casos, según los informes, involucran a políticos, autoridades locales y caciques regionales. O son ellos los perpetradores de la violencia contra periodistas o sirven de garantía de impunidad para los grupos criminales.

A pesar de las evidencias, la documentación de casos y las denuncias, para ninguna autoridad ha significado un costo político el asesinato de un periodista. No hay consecuencias para sus pésimos resultados en las investigaciones de los crímenes. Que un periodista viva acompañado por escoltas, bajo medidas de seguridad, sólo refleja la debilidad institucional del país y la incapacidad de las autoridades para garantizar el libre ejercicio periodístico. De poco ha servido una ley federal frente a la impunidad regional, donde sabemos que las amenazas contra la integridad de los periodistas casi siempre vienen del poder y su connivencia con el crimen.

Los periodistas hemos aprendido a exigir, pero hemos caído en las trampas de la política de la simulación. Allí donde hay periodistas asesinados, aparecen mecanismos de protección, pero no garantías para la investigación y la justicia. A cada asesinato, la clase política responde con “indignadas” declaraciones, con foros sobre libertad de expresión y promesas que siempre se posponen. ¡Ya basta!

Necesitamos llamar a cuentas a gobernadores y autoridades de todos los niveles que no han dado resultados en las investigaciones y elevar el costo político para todos los actores, incluido el presidente, el secretario de Gobernación, el procurador y cualquier otro responsable de garantizar los derechos de los mexicanos. Para eso están allí. 

Todavía estamos a tiempo de rescatar del olvido los expedientes de cada caso para advertir las sistemáticas fallas en que incurren las autoridades responsables de la investigación: las diligencias que no se llevaron a cabo, los testimonios que no se recopilaron, los procedimientos irregulares. ¿Necesitamos un protocolo de investigación para delitos contra la libertad de expresión? ¿Comisiones que acompañen las indagatorias, como hizo Proceso en el caso de Regina Martínez? No sé. Habría que rescatar experiencias y valorar lo que dio y no resultado. También, por cierto, no pasar de largo la atención a las otras víctimas de la violencia contra periodistas, es decir, a sus familiares. 

Como sea, hay experiencias que nos han enseñado. La misión de observación sobre el asesinato de Gregorio Jiménez, en Veracruz, arrojó una experiencia que vale la pena rescatar y fortalecer: el trabajo conjunto de organizaciones civiles y periodistas en la documentación de casos. También conocemos los buenos resultados de rescatar en libros la memoria de reporteros asesinados o desaparecidos, las campañas masivas en redes sociales, las concentraciones y manifestaciones. Ahora, quizá vale la pena dar un paso más hacia delante para construir los retratos y mapas de la impunidad: ¿qué fue de aquel presidente municipal que amenazó o mandó golpear a un/una periodista, se comprobó su responsabilidad, por qué no pasó nada? La impunidad en México se ha construido sus propios patrones y hay que reconocerlos para desmontarlos.

El crimen contra Miroslava Breach nos recuerda además que cada asesinato de un/a periodista es distinto y único. Sus propósitos y efectos son diferentes porque ocurren en contextos particulares donde su muerte tiene un significado vinculado al lugar y momento en el que ocurre. Por eso es tan difícil entender cada agresión, cada golpe, cada muerte. Por eso es tan difícil entender en conjunto el fenómeno de la violencia contra los periodistas en México. Eso nos enseñó Mike O’Connor en su momento: que había que acercar la lupa para entender, y no mirar desde lejos.

Ya sabemos que con la muerte de un periodista perdemos todos. Pero todavía falta saber quiénes ganan. Con nombre y apellido.

Elia Baltazar es periodista, co-fundadora y ex integrante de la Red de Periodistas de a Pie. Es corresponsal en la Asociación de Editores de los Estados y colaboradora permanente en Grupo Expansión.