¿Acaso los padres enseñan a sus hijos a que cuando estén en peligro y necesiten ayuda, deben buscar a un oficial de policía? Esta pregunta propone David Bayley, experto en modelos policiales, para saber si una sociedad confía ampliamente en su policía.1 La pregunta es buena en términos cualitativos, y permite darnos una idea general de la percepción de confianza o desconfianza en la institución policial.

En 2016, la policía en México fue evaluada como una con los menores grados de legitimidad en el mundo, de acuerdo al Índice Mundial de Seguridad Interna y Policía (WISPI en inglés). El estudio realizado por el Institute for Economics and Peace (IEP) clasificó a Kenia, Nigeria, México, República del Congo y a Paquistán –en ese orden – como los cinco países en donde la policía tiene menor legitimidad. Es decir, países donde la policía no actúa de acuerdo a los intereses del país y los ciudadanos.

El WISPI, índice único en su tipo, es atractivo porque evalúa y compara a las policías de distintos países a través de cuatro rubros: capacidad, proceso, legitimidad y resultados. La policía en México fue de las peores evaluadas y en la que menos confían los ciudadanos. Esto es un problema porque su capacidad para realizar los deberes que le corresponden depende de la aprobación y el respeto público.

La legitimidad de la policía, de acuerdo con Tyler, se sustenta en la creencia de los ciudadanos de que la policía está facultada para recurrir al apoyo del público para cumplir con la ley y ayudar a combatir el delito.2 Con ello, la población adopta libremente una obligación moral de cooperación, y se puede hablar de una reciprocidad entre policía y ciudadanos. Por el contrario, sin legitimidad, la policía depende en mayor grado de su facultad del uso de la fuerza.

Frente a la precaria legitimidad de la policía mexicana, algunos políticos –desde un análisis miope y con pocos argumentos– empujan por políticas en donde la función de la policía la realicen otras instituciones que tienen mayor legitimidad, como es el caso de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el uso del Ejército para la realizar funciones policiales atenta contra los derechos humanos y los principios democráticos de la sociedad. Otra consecuencia negativa es que se  perpetúa y valida la incapacidad policial ¿no sería mejor construir corporaciones policiales en las que confiemos en vez de poner al Ejército a trabajar como policías?

La desconfianza que envuelve a la institución policial en México no es un caso aislado de una institución que no funciona, sino parte de una desconfianza generalizada en los aparatos del Estado. Sin embargo, se vuelve más grave en la policía porque ésta institución depende radicalmente de una simbiosis positiva policía-ciudadano. Sin legitimidad, la policía no puede funcionar.

La policía es la gente y la gente la policía

¿Cómo mejorar la confianza de la ciudadanía en la policía? Primero, hay que reconocer que el modelo actual no funciona. En este modelo se concibe al policía como un agente de reacción, similar a un bombero, el cual acude en auxilio cuando hay un incendio que se debe sofocar. Sin embargo, en el caso de nuestro país, los incendios son más que los que los bomberos pueden contener, además, los bomberos no están lo suficientemente preparados para apagarlos, y en otros casos, son ellos mismos quienes causan los incendios.

El modelo de policía comunitaria en Japón, conocido como koban, es diferente. Se caracteriza por ser una policía descentralizada y parte integral de la comunidad. Su rol, además de brindar seguridad, es ser consejero de la comunidad y actuar como mediador en casos de disputas. En vez de un policía-bombero, se percibe como un policía-cartero, el cual recorre la comunidad cada día aunque no exista correo que entregar, observando y haciendo preguntas. El oficial de policía del koban cultiva la habilidad de escuchar pacientemente, permitiendo que la gente exprese sus problemas.3 El resultado es una autoridad pública en la que la gente confía y tiene legitimidad para abordar los problemas de seguridad de la comunidad.

La solución no son modelos militares ni centralizados

Como parte de la estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto para combatir al crimen organizado y comenzar la retirada del Ejército, se creó la Gendarmería Nacional. Un modelo híbrido mal planeado entre policía y ejército.4 Actualmente es un modelo al que se le invirtieron muchos recursos, pero no se sabe si está dando resultados. La Auditoría Superior de la Federación concluyó a principios de este 2017, tras la revisión de la Cuenta Pública de 2015, que los 2 mil 842.4 millones de pesos ejercidos en ese año por la División de Gendarmería de la Policía Federal no ha contribuido a la disminución del delito. Además, de los 10 mil operativos planeados para disuasión del delito, únicamente se han realizado 75.5

En el aire también está la propuesta del Mando Único como la panacea que va a curar de todos los males a la institución policial. El gobierno federal ha alentado a los estados a adoptar este modelo, buscando concentrar a las mil 800 corporaciones municipales bajo la autoridad de los estados. La premisa es que se tendrá mayor coordinación entre las diferentes unidades de policía municipal, además de blindarlas de la corrupción. Sin embargo, esto presupone que las corporaciones estatales funcionan bien, lo cual no es cierto en todos los casos. También, que la centralización de la función policial significa mayor coordinación, lo que tampoco es del todo cierto.

Consideremos lugares como Veracruz o Michoacán donde se tiene amplia evidencia de que las fuerzas policiales estatales están coludidas con el crimen organizado. Un Mando Único bajo estas circunstancias únicamente institucionalizaría al crimen organizado, ¿qué habría sido de una policía con mando único en Veracruz, donde el último responsable fuera Javier Duarte?

Los modelos de policía con mando único o de gendarmerías son prueba de una tendencia centralizadora de la función policial. En otras palabras, aspirinas para un cáncer donde las viejas prácticas enraizadas en la cultura policial no se tocan y se alimenta la reticencia a abrirse a modelos democráticos que involucren la supervisión y vigilancia efectiva de la sociedad civil sobre sus corporaciones policiales.

La falta de pensamiento estratégico y la indiferencia hacen que la mano dura, la tortura y la represión contra los ciudadanos prevalezca. Sin una verdadera reforma policial que se enfoque en la profesionalización de las corporaciones policiales y en mejorar su legitimidad, seguiremos viendo a los mismos policías, aquellos en los que no confiamos, pero cambiando de uniformes cada sexenio.

Fernando A. Mora es doctor en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente realiza una estancia de investigación en el Iberoamerikanisches Institut en Berlín, Alemania en temas de seguridad ciudadana y función policial. 


1 David H. Bayley, (2006).
2 Tom R. Tyler, (2004).
3 Tras la Segunda Guerra Mundial, los japoneses buscaron establecer un modelo policial que fuera un reflejo de los valores y principios de su comunidad como japoneses, junto con la aplicación de la versión estadounidense de policía. Este híbrido de ideas ha permitido que exista una cooperación estrecha entre oficiales de policía y ciudadanos. John Casey, (2010) p. 64.
4 Por definición, una gendarmería es un cuerpo de seguridad con origen y estructura militar, independiente de la policía, y con funciones de aplicación de la ley y mantenimiento del orden público. Las gendarmerías europeas tienen tanto responsabilidades militares como civiles; muchas de ellas se han utilizado como cuerpos policiales en tiempos de paz y como infantería ligera en tiempos de guerra.
5 ASF, INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2015.

Referencias

Bayley, David H. Changing the Guard: Developing Democratic Police Abroad.  New York: Oxford University Press, 2006.

Casey, John. Policing the World: The Practice of International and Transnational Policing.  Durham, North Carolina: Carolina Academia Press, 2010.

Tyler, Tom R. “Enhancing Police Legitimacy.” The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 593 (2004): 84-98.