Violencia y elecciones en Sinaloa

La explicación de la violencia política y electoral en México requiere de análisis regionales. La opinión pública desconfía cada vez más de las macroexplicaciones, y hay razón en ello. Si aspiramos a comprender los últimos incidentes violentos (qué) durante las elecciones (cuándo) en Sinaloa (dónde), será necesario situarnos en su contexto. A continuación, reviso brevemente algunos antecedentes de la violencia política y electoral en el estado. Al interpretar la violencia en México nos hemos impuesto límites discursivos (“fue el narco”, “están calentando la plaza”) y necesitamos enfoques más amplios: una revisión crítica con mayores alcances. Podemos, por ejemplo, buscar en la historia política. Es una tarea pendiente.

Ilustración: Belén García Monroy

El Sinaloa posrevolucionario

Es preciso iniciar con el asesinato del gobernador Rodolfo T. Loaiza durante los festejos del carnaval de Mazatlán en 1944. Es, quizás, el primer ejemplo en Sinaloa de “fue el narco” aunque en ese tiempo la producción y tráfico de drogas tenía una participación menor en la vida económica del estado. Luis Astorga recupera una nota de Luis Spota sobre la supuesta declaración de “el Gitano”, asesino a sueldo, y el señalamiento a los productores de opio como autores intelectuales del crimen. La declaración apunta además a personajes políticos como el Gral. Pablo Macías Valenzuela, contendiente a la gubernatura. Otros relatos citan de manera imprecisa documentos oficiales del gobierno estadunidense que narran el enfrentamiento de estos dos políticos por controlar el naciente negocio.

Antes del homicidio, otros incidentes daban cuenta de la violencia entre rivales: el asesinato del aspirante a la gubernatura Alfonso Tirado en Culiacán y “la masacre de Los Mochis”. Los cronistas sinaloenses narran las disputas entre grupos posrevolucionarios que, como en otros estados del país, utilizaban las armas como un medio para vencer a los rivales. En el caso de Sinaloa, además, mencionan intereses en el control del negocio de las drogas. Sospechaban que sería una empresa redituable.

Movimientos estudiantiles en Sinaloa

El México posrevolucionario se asentó hacia la instauración de la partidocracia priista creando acuerdos estratégicos e instituciones para el control de la vida política. No obstante, hacia la década de los sesenta y setenta, surgen nuevos actores críticos y contestatarios. Movimientos estudiantiles desafiaron al statu quo del poder federal y a las instituciones estatales. Sinaloa no fue la excepción.

Son conocidas las estrategias del gobierno mexicano para contener, detener y desaparecer a los líderes de grupos juveniles de izquierda militante. Algunos de los sobrevivientes en Sinaloa han documentado los incidentes y exigido justicia para sus compañeros; además —este es un detalle importante— han asumido liderazgos en partidos políticos: primero, durante los ochenta y noventa, militaron en partidos de izquierda; ahora la mayoría se concentra en Morena y en el Partido Sinaloense (PAS), asociado a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los menos, continúan en el PRD y el PT; pocos se incorporaron al PRI.

Durante este periodo ocurrieron de manera paralela dos dinámicas de acción violenta por parte del Estado que no parecen tener relación: la agresión en contra de movimientos estudiantiles que retaban al sistema con fines políticos, y la intervención federal para contener a los narcos que retaban a la autoridad. Según relatan algunos jóvenes militantes,¹ el narcotráfico no participaba en la dinámica política. Al menos no hay antecedentes, salvo, cuentan, aquella noticia que corría en pasillos universitarios: un líder agrario tenía supuestos vínculos con el entonces grupo de Guadalajara. Del rumor en la memoria colectiva sólo rescataría la idea de intersección: aquella que identificamos en Sinaloa —y en otros lugares en México— en la que las redes de parentescos, amistades, acuerdos e involucramientos, pactados y no pactados, son más complejas que la delimitación simplista de “los que participan y los que no participan”. Más bien, podemos plantear grados de involucramiento y diversidad de propósitos.

La pax narca

Pero la relación entre el gobierno del estado y los actores involucrados en el narcotráfico habría de cambiar. Durante los noventa se redefinieron los acuerdos, la llamada pax narca creó un ecosistema con redes en los diferentes ámbitos de la vida económica, política y social.

La fortaleza del PRI en esos años parecía invencible. Los discursos de los candidatos de izquierda mencionaban la colusión y complicidad de las autoridades, y se percibía un sentimiento de frustración al saber que de nuevo ganaría la gubernatura el candidato oficial. En esos círculos se hablaba con indignación de los despreciables mapaches electorales y se condenaba enérgicamente el embarazo de las urnas y la compra de votos. La alternancia política y la posibilidad de establecer el gobierno del pueblo —ese sueño de juventud— se veía lejano.

Para los exlíderes estudiantiles más radicales, aun con la pesadumbre de la injusta situación, las armas ya no eran un medio viable. Sería porque pasaba la fiebre socialista en el mundo; además: ahora eran padres de familia y habían estudiado posgrados, tenían plazas de profesores y algunos aspiraban a ocupar cargos en la administración pública. Más aún, se hablaba de vínculos entre los grupos en el poder y el crimen organizado. La ventaja de la fuerza estaba del otro lado, como antes. Pero ahora, además, había nuevos actores. La pax narca en realidad no era pacífica.

El asesinato del abogado Jesús Michel Jacobo en diciembre de 1987 encendió alertas entre los rosalinos. Norma Corona Sápien declaró ante el Ministerio Público que el crimen de su compañero estaba “relacionado con sus actividades en la lucha por la Defensa de los Derechos Humanos, así como en contra de la corrupción”.² Casi tres años después, la abogada Corona —universitaria ilustre de la UAS— también fue asesinada en el centro de Culiacán; sus compañeros defensores apuntaron a la posible participación de asesinos bajo el mando del Güero Palma. Otro abogado de la organización, Jorge Meza Aguirre —además excandidato por el PRD a la alcaldía de Navolato—  fue asesinado en marzo de 1999.

Siglo XXI y transición política

Hacia el 2000, el país recibía con entusiasmo la alternancia en el gobierno federal; después, Felipe Calderón propuso traer paz, aunque fuera por medio de la guerra. No obstante, en Sinaloa las alianzas también respondían a dinámicas particulares. Enmarcados en la llamada Guerra contra el narco, los conflictos violentos incrementaron las tasas de homicidio, pero sólo temporalmente. Disipadas las disputas, las tasas decrecieron y comenzó una crisis de desapariciones.

Las tasas de homicidio entre 1993 y 2006 fueron superiores a las de otros estados, pero relativamente estables durante trece años. No obstante, como en el resto del país, incrementaron a partir de 2008, pero con picos significativos asociados a dos procesos electorales locales: de 2009 a 2010 (86.3) y de 2016 a 2017 (52.7).³ Durante el primero —el de 2010— la alternancia llegó a Sinaloa, aunque sólo significó un cambio de colores que inició con violencia. En Votes, Drugs, and Violence: The Political Logic of Criminal Wars in Mexico (2020),Guillermo Trejo y Sandra Ley plantean una asociación entre el incremento en la violencia electoral en México y la transición política en el poder que llevó a una disrupción en el sistema de alianzas que tenían los grupos del crimen en los estados.⁴ En su modelo, aclaran, no incluyen a Sinaloa. No obstante, la explicación de la transición ayuda a entender, en parte, la situación política en el estado, y cómo a partir de 2010 se creó una brecha en la “zona gris” de acuerdos ante la posibilidad de que nuevos grupos llegaran al poder.

Aunque las agresiones por razones políticas no son novedad en Sinaloa, los incidentes durante las elecciones de 2016 y 2021 llaman la atención por su particularidad: buscaron inhibir con armas las operaciones de compra de voto, aquello que se llamaba en la década de los ochenta y noventa, desde la izquierda, el mapacheo electoral.

Estos incidentes violentos también dan cuenta de un nuevo escenario donde los grupos armados, que también tienen sus estructuras en las esferas populares, se reorganizan en cuanto a las alianzas sobre el territorio. El cambio se impone en una mezcla de voluntad y fuerza en Sinaloa, bajo costumbres que se repiten y cada tanto se desbordan.

Iliana Padilla Reyes
Escuela Nacional de Estudios Superiores, unidad Juriquilla

¹ Sinaloenses que participaron en movimientos estudiantiles en los setenta, a quienes entrevisté al elaborar este texto. Entrevistas realizadas entre el 18 y 20 de junio de 2021.

² Comisión Nacional de Derechos Humanos México. Recomendación 121/1991. Asunto: Caso del homicidio del periodista Jesús Michel Jacobo. México, D. F., a 25 de noviembre de 1991.

³ Números de homicidios registrados por la Fiscalía del Estado de Sinaloa 1993 – mayo del 2021. Tasas y tendencias, elaboración propia.

⁴ Trejo, G., y Ley, S. Votes, Drugs, and Violence: The Political Logic of Criminal Wars in Mexico. Cambridge University Press, 2020.