Violencia política: más allá de candidaturas y elecciones

En 2022, en México se reportaron 274 asesinatos de personal político —candidatos, gobernantes, representantes electos, y sus familiares—, después de que en 2021 se celebraran las elecciones más violentas del país. Ese mismo año, México ocupó el tercer lugar como el país más peligroso para defensores de derechos humanos ambientales, con 31 asesinatos, y para periodistas, con 19 asesinatos.¹

La violencia política en México tiende a entenderse como aquella que ocurre en contextos electorales, afectando a candidatas y candidatos y en ocasiones, a congresistas locales, alcaldes, o funcionarios públicos. Sin embargo, periodistas y activistas también llevan a cabo actividades de naturaleza política, y las violencias que enfrentan tienen consecuencias generales sobre la sociedad.

El objetivo de este texto es invitar al estudio de la violencia política contemplando tres categorías de actores cuya labor impacta el orden político: activistas, periodistas, y personal político. A partir de un análisis cuantitativo que muestra la interrelación de la violencia contra estas tres categorías de ciudadanos, exploramos si en los territorios del país donde hay mayor violencia hacia uno de estos actores, también la hay contra los otros.

El argumento es que, si a nivel exploratorio podemos constatar que hay concurrencia entre estas tres violencias, entonces puede que no se trate de dinámicas aisladas. En ese sentido, es necesario estudiarlas como un enredijo, complejo, con causas y consecuencias compartidas para desarrollar políticas públicas integrales y efectivas para los tres gremios.

¿Cómo analizar la concurrencia de las violencias que enfrentan los actores políticos?

En México, no existe una base de datos que contemple estas tres categorías de ciudadanos con la misma metodología de recopilación de información y las mismas variables de análisis por cada caso. Cada uno de estos gremios se registra en esfuerzos separados. Además, en algunas fuentes de información se consideran amenazas, agresiones, y homicidios, mientras que en otras solamente asesinatos, como la base de Artículo 19 sobre asesinatos contra periodistas.

A pesar de esta limitante, Noria Research México y América Central (MXCA), plantea un análisis exploratorio que indaga sobre las posibles coincidencias entre estas tres formas de violencia. Para ello, fusionamos distintas bases de datos públicas contabilizando únicamente los asesinatos, por ser la variable disponible más confiable.²

Retomamos la base de datos de Artículo 19 para contabilizar los asesinatos de periodistas; los datos del proyecto “Votar entre balas”, elaborado por Data Cívica y del Programa para el Estudio de la Violencia (PEV) del CIDE para el personal político, por ser la base de datos que cuenta con registros para un período más largo; y los informes sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, para obtener los datos de asesinatos de activistas. Lo anterior nos permite tener datos de los tres gremios, relativamente comparables, entre 2018 y 2022.

Analizamos la concurrencia entre los patrones de homicidio de estos tres gremios, a través de un análisis geográfico, asimilando el campo político y observando si hay territorios más propensos a que coincidan estas formas de violencia política.

Asesinatos de personal político

En esta categoría se contemplan personas que se desempeñan en el ámbito político y gubernamental, incluyendo candidatos, gobernantes y representantes electos. Las entidades con mayor número de asesinatos son Veracruz (72), Guanajuato (65), Oaxaca (64), Guerrero (52), Michoacán (35), Jalisco (33), y Estado de México (30).

Asesinatos de periodistas

Entre los estados con mayor número de asesinatos, se encuentran Veracruz (6), Guerrero (5), Sonora (4), Oaxaca (3), y Quintana Roo (3). Los estados de Veracruz, Guerrero y Oaxaca aparecen entre los estados con mayor número de asesinatos, al igual que en los asesinatos de personal político. Así, se empiezan a dibujar algunas coincidencias.

Asesinatos de activistas ambientales

Respecto a los asesinatos de activistas ambientales, los estados con mayor número de casos son Oaxaca (13), Guerrero (11), Morelos (7), Chihuahua (6), Chiapas y Michoacán (4), y Veracruz, Sonora y Puebla (3).

Además de estar en la lista de mayores asesinatos de esta categoría, Sonora aparece en la lista de entidades con mayor número de asesinatos de periodistas, y Michoacán en el listado con mayor número de asesinatos de personal político (5).

Oaxaca, Guerrero y Veracruz aparecen por tercera ocasión entre las siete entidades federativas con mayor número de asesinatos, siendo tres de las cuatro entidades federativas con más asesinatos, si contabilizamos los homicidios de las tres categorías de ciudadanos.

¿Cómo se interrelacionan estas tres formas de violencia política?

Veracruz (81), Oaxaca (80), Guanajuato (68) y Guerrero (68) son los cuatro estados con mayor número de asesinatos contemplando estas tres categorías. Y como vimos anteriormente, estos estados también destacan dentro de los más violentos para cada uno de los gremios. Lo anterior sugiere que los estados donde hay mayor violencia contra una categoría de actor político, hay también mayor violencia contra las otras categorías.

En el siguiente mapa se pueden observar la concurrencia de estos tres tipos de violencia política, por entidad federativa, contemplando cinco categorías mutuamente excluyentes. Las posibles categorías que no aparecen en el mapa es porque no tienen lugar en ningún estado.

La exploración estadística sugiere que sí hay concurrencias. Los asesinatos de personal político tienen una correlación positiva alta y significativa con los asesinatos de periodistas (0.62) y con los asesinatos de activistas ambientales (0.69), lo que indica que, donde los asesinatos de personal político aumentan, también aumentan los asesinatos contra periodistas y activistas ambientales. Los asesinatos de periodistas y activistas ambientales también tienen una correlación positiva (0.51), lo que indica que donde aumentan los asesinatos de periodistas, también aumentan los asesinatos contra activistas ambientales.³ Estas correlaciones son, de acuerdo a las convenciones estadísticas, altas y significativas.

Es importante tomar en cuenta que las correlaciones presentadas no implican causalidad, sólo una relación estadística. Adicionalmente, debido a la falta de datos disponibles en el período de tiempo analizado, solamente contemplamos activistas ambientales, dejando fuera a quienes abanderan otras causas que también interpelan al orden político, por ejemplo, diversidad sexual, derechos reproductivos o derechos de los pueblos originarios.

Otra área de oportunidad en el análisis consiste en no tomar al homicidio como única unidad de análisis. Esto es útil para reducir la “cifra negra”, pero resulta conflictivo medir un fenómeno complejo como la violencia política con solamente un acto violento, aunque sea el más extremo. En un país con dinámicas políticas y violentas tan diversas, la cantidad de asesinatos no refleja completamente los niveles de conflictividad en los estados.

Por lo anterior, resulta importante obtener mejores datos, aplicando una metodología uniforme que permita abordar de manera más efectiva la complejidad de la violencia política. Este enfoque no sólo mejorará la calidad de los análisis, sino que también facilitará la determinación de factores comunes detrás de la violencia contra estas tres categorías de ciudadanos, y si la violencia contra un gremio, desencadena las otras.

Siguientes pasos y siguientes preguntas

Para atender la violencia política, necesitamos ir más allá de la mera identificación de víctimas, y adentrarnos en la comprensión de los determinantes que perpetúan la violencia política que atañe a diversos gremios en el país: ¿qué tienen en común las entidades donde concurran las violencias contra estos tres actores políticos? ¿Cuál es el ambiente político de los estados donde hay mayor violencia política? ¿En qué medida intereses económicos —legales e ilegales— explican la concurrencia de victimización de gremios aparentemente tan distintos como candidatos, reporteros y promotores del respeto por la tierra?

Desde Noria MXCA nos estamos dando a la tarea de responder estas preguntas, estudiando la violencia política desde un enfoque que incluya, al menos, estos tres gremios. Esto implica no sólo revisar las formas en las que concebimos el problema, sino también diseñar métodos de recolección de información y sistematizar los datos disponibles; tarea que debería hacerse en colectivo, juntando a la academia, organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales.

Juan Pablo Ortiz Polo
Analista Junior de Noria Research México y Centroamérica, A.C.

¹ Véase el “Proyecto Elecciones y Violencia” de la organización Noria Research (2021).

² La variable de asesinatos cuenta con un menor cifra negra respecto a los actos violentos. Esto quiere decir que los asesinatos se denuncian e investigan mucho más que las agresiones o amenazas.

³ Para analizar la validez de estas correlaciones, se aplicaron modelos de regresión lineal para determinar si son estadísticamente significativas o no. En todos los casos, el valor p asociado al coeficiente fue muy bajo (1.36e-05, 0.00284, 0.000147), indicando que las correlaciones observadas son estadísticamente significativas.