¿Un nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública? Construyendo seguridad en el segundo piso de la 4T

Antes de la década de los noventa, la seguridad pública en México no estaba explícitamente regulada a nivel legal; y por el contrario, ésta se gestionaba a través de mecanismos informales desde la federación. Para entonces, las policías estatales y municipales eran más una excepción, que la regla.

A mediados de esa década, un nuevo marco regulatorio permitió la existencia de las policías locales con el objetivo de reducir la incidencia delictiva que ya se presentaba en algunas regiones. Con ello, hace tres décadas, el Congreso de México expedía la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 1995, constituyendo el primer mecanismo de vinculación en la materia entre la federación, las entidades, y los municipios. En paralelo, se creaba el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) como un órgano orientado a diseñar e implementar políticas públicas coordinadas a nivel nacional.

El SESNSP estaría a cargo del Secretario Ejecutivo (SE-SENSP), del Titular del Centro Nacional de Información (CNI), del Titular del Centro Nacional de Prevención del Delito (CNPD), y del Titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA); todos con rango equivalente a Subsecretario federal, siendo designados por el Titular del Ejecutivo en su calidad de Presidente del Consejo Nacional del SNSP. Esta estructura se encargaría de diseñar políticas públicas y distribuir fondos multimillonarios anuales para instituciones locales, a través del FASP, el FORTASEG y el SUBSEMUN.

Durante los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto hubo pocos cambios en la estructura del SESNSP. De hecho, aunque durante el mandato de López Obrador el CNI del SESNSP adquirió un rol ^[1]protagónico con varios proyectos estratégicos clave^[2], resulta cierto que el SENSP tampoco tuvo una modificación mayor. Por el contrario, los cambios clave se dieron con la creación del Gabinete de Seguridad y la Unidad de Mesas de Construcción de la Paz en el seno de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A diferencia de su antecesor, el gobierno de Sheinbaum ha estimado conveniente promover dos reformas relevantes en el sector seguridad. Presentadas el 13 de febrero de 2025 ante el Congreso de la Unión, la primera busca reposicionar al SESNSP a través de nuevas facultades. La segunda busca crear el Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) en Seguridad Pública, dotando a la SSPC a cargo de Omar García Harfuch de nuevas herramientas que le permitan fusionar las bases de datos, incrementando las capacidades de prevención e investigación del delito. En este primer texto, me enfocaré en discutir la reforma al SESNSP que se discute actualmente en el Congreso. En una segunda entrega analizaré la propuesta de creación del Sistema de Inteligencia.

La iniciativa de fortalecimiento al SESNSP tiene como objetivo darle mayores atribuciones de coordinación y evaluación de las políticas de seguridad, con un especial énfasis en dar seguimiento más preciso al gasto público en seguridad. De manera general, destaco diez puntos relevantes de esta iniciativa:

1. Ampliación de facultades del SESNSP: Se propone otorgarle mayores atribuciones e incentivos para coordinar, implementar y evaluar las políticas de seguridad a nivel nacional.
2. Establecimiento de Estándares Nacionales de Acreditación y Certificación Policial: Se busca crear un estándar único para la acreditación y certificación de los cuerpos policiales en todo el país, buscando una formación y desempeño más homogéneo.
3. Coordinación con el Poder Judicial: La reforma plantea mecanismos para mejorar la colaboración entre el SESNSP y el Poder Judicial, facilitando procesos más eficientes en la administración de justicia; por ejemplo, a través del fortalecimiento de las bases de datos que son reguladas por el CNI.
4. Unificación del Sistema Nacional de Carrera Policial: Se retoman los incentivos para lograr un sistema homologado que promueva el desarrollo profesional y la meritocracia dentro de las fuerzas policiales locales.
5. Modernización tecnológica: La iniciativa incluye la modernización de plataformas tecnológicas para mejorar la recopilación y análisis de datos delictivos, facilitando la toma de decisiones basadas en evidencia.
6. Creación de una Plataforma Nacional de Inteligencia: Se plantea el desarrollo de tecnologías que permitan la interconexión en tiempo real entre las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, mejorando la coordinación y el intercambio de información.
7. Uso de inteligencia artificial para el análisis criminal: La reforma propone la implementación de herramientas avanzadas y análisis predictivo para anticipar y prevenir delitos, optimizando el despliegue en seguridad.
8. Inter-operabilidad entre dependencias clave: Se busca facilitar el acceso y cruce de datos entre instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre otras.
9. Fortalecimiento de la investigación del delito: Se propone un enfoque más estratégico y menos reactivo en la persecución criminal, estructurando métodos de investigación más efectivos.
10. Participación de la Sociedad Civil: Se fomenta la colaboración con organizaciones civiles y la academia para construir una política integral de seguridad pública, incorporando diversas perspectivas y conocimientos.

Si bien estas estrategias planteadas por la Presidenta Sheinbaum van en el camino correcto al priorizar esquemas de coordinación, también es cierto que no se pueden dejar de lado algunos aprendizajes de administraciones pasadas que buscaron lo mismo, y poco lograron:

• Primer aprendizaje: en materia de seguridad, las reformas ni son fáciles, ni son baratas, ni se implementan rápido. De hecho, desde 1995 México ha intentado transformar su modelo de seguridad y justicia a través de ambiciosas reformas, que suenan muy atractivas en el papel, pero que resultan muy difíciles de implementar en la realidad. Recordemos el caso de la Reforma Judicial de 2008-2016, la transformación de las Procuradurías a Fiscalías Autónomas, o la Gendarmería de Peña Nieto. Buenas intenciones, malos resultados.
• Segundo aprendizaje: no subestimar la complejidad técnica y el rol del liderazgo en la política pública. En el 2018, a inicios del gobierno de AMLO, como titular del CNI, intentamos la mejora del sistema de seguridad a través del diseño e implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPyJC). La propuesta era sólida. Pero faltaron muchos detalles de cómo lograr su implementación. La evaluación brilló por su ausencia.
• Tercer aprendizaje: no minimizar la importancia de los recursos financieros. A pesar de que aún hoy la evidencia sigue sugiriendo que el MNPyJC era la propuesta necesaria y correcta, también es verdad que a los que integramos la SSPC nos faltó asertividad para asegurar que los recursos municipales de seguridad, sí se destinaran a seguridad. Sin una reforma al FORTAMUN, que es el fondo más importante que reciben los municipios, el MNPyJC fue un llamado a misa.

Aunque adecuada, tampoco deberíamos pensar que la iniciativa de fortalecimiento al SENSP es suficiente para los enormes retos que enfrentamos. De hecho, hay algunas ausencias relevantes. No se incluye, por ejemplo, una mejora que subsane las debilidades forenses, o un replanteamiento del modelo de fiscalía, que es el elefante en el cuarto. Tampoco se plantea un Centro Nacional de Ciberseguridad, ni un Centro Nacional de Evaluación de Política Pública que oriente el gasto a lo que realmente funciona basado en evidencia, como lo han hecho otros países.^[3]

México requiere un modelo que aprenda de los errores del pasado y que se enfoque en lo que realmente importa: en lograr un buen diseño, un esquema realista de rendición de cuentas, un mecanismo efectivo y eficiente de financiamiento; y, sobre todo, las ganas de entrarle, en serio, a la transformación institucional de lo mucho que no funciona. La propuesta va en el camino correcto, pero no olvidemos que el éxito está en la implementación de los detalles, en un planteamiento financiero adecuado, y en un liderazgo proactivo que sume a todos los actores a este enorme proyecto. México no tiene tiempo para equivocarse.

David Pérez Esparza

Es Doctor en Ciencias de la Seguridad, egresado de la Facultad de Ingeniería de University College London (UCL), en Reino Unido. Fue titular del Centro Nacional de Información (CNI) del Gobierno de México. Actualmente, es académico, Coordinador de PropuestaMx, y Director de Estrategia Global en NearShoring Pacific (NSP).

[1] Estos fondos y subsidios federales constituyen, en algunos casos,

[2] Entre 2018 y 2023, el Centro Nacional de Información (CNI) del Gobierno de México propuso el diseño, implementación, evaluación de varios proyectos clave. Se destacan: (1) la simplificación y agilización del Informe Policial Homologado (IPH) que es esencial para el combate a la impunidad por su uso policial-ministerial, (2) el nuevo Registro Nacional de Detenciones (RND) para garantizar la trazabilidad, en tiempo y espacio, de todas las detenciones que ocurren en México, enfocándose en la prevención de la tortura y las detenciones ilegales, (3) la Mesa Interinstitucional para Combatir el Tráfico de Armas, (4) la Mesa con el Sector Privado, CONASE y PyRS para el Combate a la Extorsión Telefónica, (5) El Sistema Multifuente para la generación, uso y explotación de la inteligencia policial, (6) El Proyecto IPH móvil para el llenado tele-asistido de este instrumento en policías locales, (7) las Mesas de Judicialización en Combate al Huachicol y para la Reducción de Homicidios Dolosos, (8) la modernización de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, (9) el diseño e implementación nacional del Sistema Nacional 911 de Emergencias, (10) el relanzamiento del Sistema Nacional de Denuncia Anónima 0-89, (11) el Modelo de Revisión Estadística (MORE), mediante el cual se auditó la calidad de los datos que entregan las fiscalías al CNI, y (12) el Proyecto de Patentes en TICS-Seguridad para América Latina, entre varios otros.

[3] En Reino Unido, el UK What Works Centre for Crime Reduction promueve que las instituciones policiales sólo utilicen recursos en programas para los que existe evidencia sólida de funcionamiento.