Seguridad desde lo local: dos propuestas

Hace casi un año, el 26 de marzo de 2019, se aprobó la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. Al establecer en el artículo séptimo transitorio la obligación para las entidades federativas de realizar diagnósticos de fortaleza de las policías estatales y municipales, esta reforma lleva implícita un deber de corresponsabilidad para las instituciones de seguridad y justicia desde lo local en términos del artículo 21 constitucional que señala con claridad que La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios.

A partir de esta premisa, a continuación aporto algunas líneas desde mi experiencia construida en el servicio público y, actualmente, desde la Secretaría Técnica de la Mesa Metrópoli Monterrey¹ —en trabajo conjunto con el Ejército Mexicano, los y las presidentes municipales y secretarios de seguridad de la ZMM y la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz en Nuevo León—, para construir mejores policías que trasciendan a los cambios de administración gubernamental.

Ilustración: Fabricio Vanden Broeck

Aunque contar con mejores policías no es por sí sola la solución a los problemas del crimen y la violencia en nuestras ciudades, sí es el principio de la transformación de nuestras instituciones para recuperar la confianza ciudadana y para dignificar la función de nuestras instituciones policiales. Con esta convicción hago énfasis en dos acciones que requieren mayor voluntad política para transformar a nuestras policías desde lo local y acompañar los esfuerzos de la estrategia de paz y seguridad del Gobierno de México, a través de la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica:

1. Corresponsabilidad y sostenibilidad financiera: gastar mejor los recursos públicos invirtiendo en el talento humano de nuestras policías y en la dignificación de sus condiciones laborales.

De acuerdo con un diagnóstico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el trabajo de un policía se paga  en promedio en 13 mil pesos mensuales. Sin embargo, se requiere analizar a detalle las nóminas de las corporaciones policiales para conocer la realidad de sus condiciones.

En la Ciudad de México, de acuerdo con un recibo de nómina de un policía (a quien agradezco su confianza para poder visibilizar las condiciones en las que trabajan), el sueldo base es menor a tres mil 500 pesos. En total, su salario mensual asciende a siete mil pesos, que se integra, como se observa en el recibo que se reproduce a continuación, por una serie de prestaciones. La más baja es de cuatro pesos por concepto de “ayuda de servicio”. En estas circunstancias, ¿cómo le exigimos a nuestras policías tener mayor compromiso?

Gráfico 1: Recibo de nómina de un agente de policía de la Ciudad de México

En la otra cara de la moneda, las policías de San Pedro Garza García y Apodaca, Nuevo León, son dos de las municipales con mejores sueldos en el país: entre 19 000 y 20 000 pesos mensuales. En Monterrey, la Policía Regia tiene un salario base de 15 700 pesos, más un bono de desempeño y vales de despensa integrados al salario por casi 3 000 pesos que representa un ingreso mensual de 18 700 pesos.

Otro componente fundamental para la sostenibilidad financiera de las policías locales consiste en disminuir su dependencia de los recursos federales y asumir mayor corresponsabilidad financiera. De acuerdo con el diagnóstico de Mesa Metrópoli Monterrey, los municipios de Escobedo, Guadalupe y San Nicolás de los Garza, Nuevo León —cuyas policías se ubican entre las 10 mejor calificadas del país por la ciudadanía (ENSU, INEGI)— destinan a sus corporaciones policiales más del 60 por ciento de sus recursos FORTAMUN y entre el 20 y 30 % del presupuesto municipal.

Monterrey y San Pedro Garza García son otro ejemplo de corresponsabilidad financiera al destinar entre el 54 y 70 % de los recursos propios para mejorar las condiciones laborales de sus policías. Monterrey destaca en el gasto público de seguridad, al invertir más de 4 400 millones de pesos para recurso humano, equipamiento e infraestructura policial.

Más aún, el Congreso del Estado de Nuevo León creó en 2017 el Fondo de Seguridad para los Municipios (FSM)² a partir de una fórmula de distribución que incorpora 35 % del impuesto a casinos. Vale recordar que recientemente, ante los juicios de amparo promovidos por tres casas de apuestas que pretendían que se declarara inconstitucional dicho instrumento recaudatorio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor de la facultad de las entidades federativas.

Para dimensionar la necesidad de los recursos del FSM, durante este año los 51 municipios del estado recibirán 921 millones de pesos para invertir en la mejora de las condiciones laborales de sus policías, equipamiento e infraestructura policial, capacitación y en programas de prevención del delito basados en evidencia. En contraste, vía el subsidio federal FORTASEG, 14 municipios de Nuevo León recibirán en coparticipación 194 millones de pesos.

El Fondo de Seguridad Municipal es una buena práctica para impulsar la corresponsabilidad financiera de estados y municipios para hacer frente a su responsabilidad constitucional en seguridad pública por la vía del fortalecimiento de las policías. Además es una fórmula replicable en otros estados del país.

2. Impulsar reformas legislativas que den voz a las necesidades de las policías para fortalecer sus capacidades operativas.

¿Por donde empezar? Por tener legisladores corresponsables en conocer la realidad de nuestras policías para traducir sus necesidades en reformas que trasciendan y fortalezcan a nuestras instituciones. Un buen comienzo para materializar el MNP es contar con legislaciones estatales de Justicia Cívica y regular el mando y conducción de la investigación por parte del Ministerio Público. También, por qué no, algo más disruptivo como descentralizar y dotar de autonomía financiera a las policías locales a partir de las atribuciones que tienen nuestros municipios conforme al artículo 115 constitucional, para asegurar que los buenos mandos y nuestras policías trasciendan periodos de gobierno sin reinventarnos cada tres o seis años.

Finalmente, para la reflexión y la acción: el gran reto de nuestras autoridades para asegurar mayor corresponsabilidad será desprenderse del control político de la seguridad y permitir la apertura del gasto público para “descifrar cómo se gasta” orientándolo a la inversión en el talento humano, con menor discrecionalidad en partidas sin reglas de transparencia y eficiencia (como las de gasolina, mantenimiento, patrullas, alimentación, uniformes, consultorías, etcétera).

Si aspiramos a tener mejores policías, empecemos por promover la reforma policial desde una alianza por la seguridad que permita sumar esfuerzos desde la sociedad civil, la iniciativa privada, la academia y el gobierno.

Mayra Hernández

Secretaria técnica de la Mesa Metrópoli Monterrey. Exasesora del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León y del Secretario de Finanzas y Tesorero General en políticas públicas, técnica presupuestal y rendición de cuentas.

¹ La Mesa Metrópoli Monterrey es un espacio de diálogo y colaboración entre empresarios, sociedad civil, academia y gobiernos comprometidos en la agenda de seguridad y justicia de Nuevo León.

² Artículo 31 de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Nuevo León.