Un mejor proceso judicial reduce el riesgo de que un inocente vaya a prisión o reciba una sanción, pero no aumenta por sí solo las posibilidades de que quien cometió un delito reciba un castigo. Esto no depende de los criterios del juez, sino de la capacidad de los otros eslabones del sistema de seguridad y justicia para que, por medio de la investigación, se identifique al perpetrador y se pruebe su responsabilidad. Pero esto no está ocurriendo.