Relevo en Seguridad: un corte de caja

Alfonso Durazo deja su cargo como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana poco después de que confirmó su interés por la candidatura a gobernador de su entidad de origen, Sonora. Y mientras el país se encuentra en sus peores niveles de violencia, se va con un ánimo triunfalista, al afirmar que “hemos ido dejando atrás de manera progresiva los días más negros de la inseguridad”.¹

La realidad, sin embargo, apunta hacia otra dirección. Cada día se cometen en promedio 99 asesinatos en el país, sin que existan definiciones públicas concretas para atender esta crisis de violencia. Para ponerlo en perspectiva, la cifra de carpetas de investigación por homicidio doloso durante los primeros 20 meses del sexenio en comparación con el mismo periodo de las tres administraciones federales anteriores aumentaron 37 % respecto al de Vicente Fox; 23 % en relación con el de Calderón y 16 % con respecto al de Peña Nieto.

Asimismo, de acuerdo con un estudio realizado por la organización Causa en Común el problema de sub-registro de delitos,² especialmente de feminicidio, extorsión, secuestro y robo, se mantiene. Cerca de 8 de cada 10 feminicidios no se clasificaron como tales de acuerdo con las cifras que —generadas por las fiscalías y procuradurías estatales— publica mensualmente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI señala que la extorsión tuvo una cifra negra de 98 % en 2018; el secuestro, de 91 %; y el robo, de 92 %.

Ilustración: Víctor Solís

Si bien en los primeros ocho meses de 2019 y el mismo periodo de 2020 se presentan reducciones en los registros de extorsión, secuestro, robo con violencia y robo de vehículo con violencia, esto resulta de la dificultad para perpetrar delitos específicos debido al coronavirus y a dificultades adicionales para la denuncia, y no de la acción de las autoridades.

Asimismo, la aseveración del presidente de que en el país ya no existen torturas, desapariciones ni masacres³ está lejos de ser cierta. En un conteo de eventos catalogados por Causa en Común como “atrocidades”, entre enero y septiembre de 2020 se compilaron 3 564 de éstas, con 4 484 víctimas.⁴

A pesar de este escenario de crisis, no existe una estrategia del gobierno federal para enfrentarla eficazmente. No sólo no la hay en el Plan Nacional de Desarrollo, sino que tampoco puede encontrarse en el “Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024” publicado el pasado mes de julio; un documento con frases retóricas y lugares comunes que conforman una pieza de propaganda en lugar de la hoja de ruta para combatir la violencia.

En materia penitenciaria, el retroceso es acelerado. Fue clausurado el complejo carcelario Islas Marías, el mejor calificado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y recientemente se anunció el cierre del Centro federal de Readaptación Social Número 2 Occidente, Puente Grande, en Jalisco.  Las cárceles estatales están mucho más olvidadas que las federales. Es ahí donde las personas privadas de la libertad sufren más violaciones a sus derechos; donde grupos criminales operan sin que nadie los moleste y donde la muerte de un interno es tema de alarma para nadie.

Por otro lado, en sus últimas dos campañas por la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que retiraría a las Fuerzas Armadas de las funciones de seguridad pública. No solamente incumplió, sino que la Guardia Nacional, con la que se remplazó a la Policía Federal (PF) es esencialmente militar.

Contra lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos,⁵ la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública tiene lugar sin supervisión externa, sin subordinación a un mando civil ni parámetros de complementariedad, sin una justificación de la excepcionalidad de la actuación, y con una ley sobre el uso de la fuerza que fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En este sentido, con la disolución de la PF, cuerpo que contaba con más de 37 000 policías, el gobierno sepultó un modelo de policía civil que establecía estándares, mecanismos y protocolos que servían como ejemplo para construir capacidades policiales en el ámbito local.

El estado de fuerza de las policías municipales y estatales es insuficiente para brindar una cobertura adecuada. De ahí la necesidad de que el gobierno federal desarrolle, junto con gobernadores y presidentes municipales, sistemas de financiamiento que hagan posible la implementación del Modelo Nacional de Policía. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2021 mantiene estancado al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), mientras que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun) se reduciría en casi cinco %. El caso del subsidio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) merece especial atención, pues no aparece en el proyecto de presupuesto, lo que se traduciría en que ya no se distribuirán 4000 millones de pesos entre casi 300 municipios. Lo anterior equivale a que, por primera vez, un gobierno federal determina el abandono de las policías locales.

A los presupuestos insuficientes y mal ejercidos, a las condiciones laborales abusivas, a los bajos salarios, a la ausencia de una carrera policial, a la falta de infraestructura y equipamiento adecuados, y a la criminalidad, se suma la indiferencia social ante el asesinato de más de un policía cada día, en promedio. De 2018 a la fecha se han registrado, al menos, 1 320 asesinatos de policías.⁶

Aún hay una gran deuda en materia de seguridad. Es por esto que, lo que se esperaría de la siguiente titular de la Secretaría de Seguridad es que atienda la violencia con la que millones de mexicanos viven diariamente. Es necesario revertir el actual proceso de militarización acelerada y que, en cambio, se cumpla con el mandato constitucional de construir una corporación federal de carácter civil, que complemente los esfuerzos para fortalecer a las policías locales.

Se debe concebir a la seguridad pública como una prioridad de Estado, por encima de partidos y ambiciones electorales. Sólo así tendrán viabilidad escenarios de seguridad y justicia para México.

Gabriela Estrada y Teresa García
Investigadoras de Causa en Común.

¹ Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, “Estamos dejando atrás los días más negros de la inseguridad: Alfonso Durazo”, Boletín No. 354, 8 de octubre de 2020.

² Se puede consultar el estudio completo aquí.

³ Versión estenográfica. Segundo Informe de Gobierno 2019-2020.

⁴ Se puede consultar el estudio completo aquí.

⁵ La CIDH reitera a México sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos sobre seguridad ciudadana. Junio, 2020. Disponible aquí.

⁶ Se puede consultar el estudio completo aquí.