Privatización del sistema penitenciario: las personas detrás de los números

Hay que reconocerlo: la presente administración federal se ha dedicado a sacudir el sistema penitenciario mexicano como pocos de sus antecesores. Uno de los primeros actos de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue el cierre del  complejo penitenciario de Islas Marías, famoso centro de reclusión de presos políticos, seguido del Centro Federal de Reinserción Social (en adelante Cefereso) de Puente Grande, conocido por su autogobierno, y el Cefereso n.º 9 “Norte” de Ciudad Juárez (Chihuahua) última prisión mexicana del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera antes de su extradición a Estados Unidos. Estos cierres desplazaron a cientos de personas (privadas de libertad, personal penitenciario, familias) de un lado a otro de la República, sin importar el impacto sobre su proceso penal, su integridad física y mental, o su situación socioeconómica.

El debate que se abre ahora sobre los ocho Ceferesos operados bajo la modalidad de Contratos de Prestación de Servicios (en adelante CPS) nos pone frente a una disyuntiva muy perversa: empresas que ven a las personas privadas de libertad como números, frente a un gobierno preocupado por recortarlos.

A la par, y en medio de una pandemia mundial, el número de personas que ingresa a prisión sigue en aumento constante y mientras que los legisladores aprueban nuevas ampliaciones del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, la Ley de Amnistía no ha beneficiado a una sola persona.

Desde diciembre del año pasado, el presidente empezó a cuestionar públicamente los CPS otorgados durante el gobierno de Felipe Calderón para la construcción y operación de ocho Ceferesos. El tema no es nuevo: desde 2014, siete organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la opacidad del proceso de adjudicación de estos contratos, así como las constantes violaciones a los derechos humanos de las personas que fueron trasladadas y privadas de libertad en estos centros.

Ilustración: Víctor Solís

En este tiempo, la información relativa al monto de los contratos no era pública, pero las preocupaciones no faltaban. Además de las mencionadas, se cuestionaban aspectos como la ausencia de rendición de cuentas por parte de las empresas, así como la generalización de un modelo de centros penitenciarios de máxima seguridad impulsado por la iniciativa privada –con infraestructura muy sofisticada– que permite justificar el costo de los contratos y finalmente, potenciales efectos perversos que llegarán a justificar medidas de populismo penal para “llenar” estos centros.

En varias ocasiones se denunció la pésima calidad de los servicios de alimentación, mantenimiento, actividades culturales, laborales, operados por estas empresas en los centros administrados por la modalidad de CPS. En 2016, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evidenció las fallas en el acceso a actividades laborales remuneradas, de capacitación, educativas y deportivas, el encierro prolongado de las personas privadas en sus estancias por 22 horas o más al día, las deficientes condiciones de los dormitorios y celdas, la falta de agua potable, la inadecuada ventilación en lugares con altas temperaturas, y la insuficiencia y mala calidad de la comida.

Un ejemplo de las deficiencias de esta modalidad es el Cefereso “CPS” Femenil n.º 16 –único centro femenil del sistema penitenciario federal– que, al no haber sido concebido desde un inicio para mujeres, no provee material de higiene básico para ellas. Frente a la negativa de la empresa en cambiar este aspecto del contrato, estos insumos en muchas ocasiones se obtienen por donaciones o por las familias de las mujeres privadas de libertad. La única forma de acceder a estos es comprarlos dentro del centro a un costo mucho más elevado que en el exterior. Por su parte, el Instituto Federal de la Defensoría Pública denunció en diciembre de 2020 que el Cefereso n.º 18 de Michoacán llevaba tres meses sin proporcionar agua a las personas privadas de libertad. En su lugar, relatan que recibían un café al día, y que un interno recibió como respuesta un “bebe del mingitorio” cuando solicitó acceder a agua potable. Claramente distan de proveer un servicio de “hoteles de lujo”.

Para estas empresas, las personas privadas de la libertad son desechables. Se trata de números, de bienes que les generan ganancias. Lo que preocupa es que también lo sean para el gobierno federal: las únicas referencias a las personas privadas de libertad en la conferencia del pasado 13 de enero, fueron en términos de capacidad y ocupación del centro. La lógica conjunta del gobierno y la iniciativa privada de borrar a las personas detrás de números se ilustra en una de las peores practicas del sistema penitenciario federal: dentro de los centros se llaman a las personas por sus números de expedientes, no sus nombres.

Si bien es legítima la denuncia de contratos que representan 63 % del presupuesto del sistema penitenciario federal, la narrativa utilizada por el presidente resulta preocupante: en ningún momento se cuestiona el problema de haber dejado a la iniciativa privada asumir tareas cruciales para la integridad física y moral de personas sin un piso mínimo de obligaciones en materia de derechos humanos, y rendición de cuentas. Tampoco se presenta un panorama real de las condiciones de vida de las personas dentro de estos centros, o de las condiciones laborales de las personas que lo operan. Peor: parece ser que el gobierno ahora pretende generar ahorros a cuesta de su integridad física y moral.

La lógica que parece seguir el gobierno federal es la siguiente: si ya estamos pagando estos centros por una capacidad máxima, entonces hay que tenerlos al 100 % de ocupación. Para esto se cerraron cuatro centros federales desde el inicio del sexenio y se trasladaron a cientos de personas privadas de libertad a centros CPS. Esta premisa abre paso a medidas de populismo penal tales como el uso excesivo de la prisión preventiva de oficio, creación de nuevos tipos penales (nuevos delitos), o el aumento de las penas privativas de la libertad para “aprovechar” la capacidad pagada de este tipo de centros. Desde este contexto también, se deberían evaluar los severos obstáculos que sufrieron las personas privadas de libertad para acceder a cambio de medidas cautelares (de prisión a otra no privativa de la libertad), así como a beneficios de preliberación, y amnistía en medio de una pandemia que terminó con la vida de al menos a 245 personas en prisión de acuerdo con la CNDH. No solo no se logró disminuir el número de personas en prisión, sino que aumentó de 7 % entre 2019 y 2020, esto es, 13 840 personas más.

El principal problema es que de nuevo se pretende atender el problema de forma superficial, sin una lógica de rediseño de la política publica en materia de acceso a la justicia, reinserción social, derechos humanos, y por supuesto transparencia y rendición de cuentas. Al inicio del sexenio los Foros Por la Paz también se organizaron en algunos reclusorios. Dos años después, estas personas quedaron de nuevo en el olvido.

Maïssa Hubert Chakour
Licenciada en derecho y ciencia política de la Universidad Lumiere Lyon II y titular de una maestría de sociología con especialidad en género y desarrollo por parte de la Universidad Denis Diderot Paris VII. Actualmente es subdirectora de Equis: Justicia para la Mujeres.