Priorización equivocada: el modelo de securitización en Yucatán

El pasado mes de junio, Paz y seguridad lanzó una convocatoria buscando evidencia sobre las soluciones que se están implementando actualmente en México o en otros contextos y que podrían adaptarse al país. Un jurado compuesto por Lilian Chapa Koloffon, Lisa Sánchez y Sandra Ley eligió cinco artículos sobresalientes para publicarse en una serie especial. Esta es la tercera entrega.

¿Cuál es la capacidad política del Estado para dar respuesta a la crisis de violencia y de violaciones a derechos humanos que asola distintos territorios del país desde 2007, cuando inició lo que se denominó como una guerra contra el narcotráfico? Ante este escenario, consideramos urgente ponderar si ciertas estrategias de seguridad han resultado o no efectivas.

El presente análisis cuestiona la ejemplaridad de la estrategia de seguridad de Yucatán que por años ha sido referente del éxito de la política de seguridad. Más que garantizar un entorno seguro para la población en su conjunto, las estrategias de seguridad basadas en la prevención y persecución, implementadas bajo el modelo securitario, presentan fisuras que exponen graves repercusiones: a la larga, el modelo de securitización ha generado la legitimación y normalización del abuso policial y la violación de derechos humanos de un sector de la población que ha sido discriminado, estigmatizado y tratado como población residual o desechable, mientras que, por otro lado, el discurso de las autoridades desconoce estas formas de violencia.

El modelo de securitización en Yucatán

El modelo securitario inició en 2001 con la reestructuración de la institución policial que impulsó su fortalecimiento técnico y operativo. A partir de ese año la seguridad pública adquirió centralidad en el discurso político, comenzó a gestarse un fortalecimiento operativo dirigido a brindar tecnología, equipamiento y aumento de cuerpos policiacos. Asimismo, cobró relevancia la persecución de conductas como el pandillerismo, la “drogadicción” y la portación de armas, el combate a grupos del crimen organizado y la cooperación con agencias internacionales; se crearon grupos policiales “especiales” que recibieron capacitación por parte de agencias como la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal), SWAT (Equipo de Armas y Tácticas Especiales), la policía de Colombia, de Francia y el FBI (Buró Federal de Investigaciones). Pero sus programas de capacitación no incluían temas de derechos humanos. La capacitación y adiestramiento iban encaminados a combatir grupos del crimen organizado. Estas reformas han continuado hasta la actual administración de Mauricio Vila Dosal (2018-2024).

Todo esto ocurrió en un estado con bajo índice de homicidios dolosos y enfrentamientos armados, e incluso sin un diagnóstico que indicara el incremento de la presencia de grupos del crimen organizado. Entre 2006 y 2012, una vez iniciada la guerra, estos cambios se profundizaron con la reestructura operativa y administrativa de la Secretaría de Protección y Vialidad, que se transformó en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). También se cooperó con el gobierno federal, y con agencias como la DEA y el FBI. En 2016 inició “Escudo Yucatán”, un programa dirigido a prevenir la incidencia delictiva que le daría continuidad al fortalecimiento tecnológico, a las reformas legislativas en materia penal y reforzaría el enfoque de prevención social del delito. Estas acciones ampliaron la capacidad del estado y, concretamente, del ejercicio policial para elevar los castigos y penas como método de prevención del delito. Dicha estrategia resultaba cuestionable no sólo por el elevado monto presupuestal, sino porque éste incluía la compra de un software que facilitaba la realización de espionaje.¹ Desde 2018 “Escudo Yucatán” ha continuado como “Yucatán Seguro”, su objetivo sigue siendo el fortalecimiento operativo de la SSP mediante la compra de equipo de seguridad.

Como producto de estas reformas, entre 2010 y 2020 el personal de seguridad pública pasó de 3762 a 5290 y las acciones de prevención concentraron la mayor parte de elementos de seguridad. Durante estos años también se desplegaron militares, marinos, agentes uniformados federales y municipales. Para 2020 Yucatán contaba con la tercera tasa más alta del país de elementos de seguridad pública por cada 100 000 habitantes. Además, para 2020 ocupó el séptimo lugar a nivel nacional dentro de las entidades federativas que destinaron mayor presupuesto a la seguridad pública.

Resultados

La estrategia de seguridad en el estado ha concentrado al aparato policial en detenciones por delitos menores que no han comprobado relación directa con la prevención; por el contrario, han generado el incremento de detenciones arbitrarias, entre otras prácticas violatorias de derechos humanos. En este contexto se ha promovido, desde el discurso oficial, la idea de que entre más policía exista y más detenciones se realicen más seguro será el estado. Esto tiene implicaciones graves que se reflejan en el actuar de la policía. Yucatán es el estado que más personas puso a disposición en 2020, con 194 438 puestas a disposición ante juez o ministerio público. De estas puestas a disposición, 74.3 % estuvieron motivadas por la presunta comisión de una falta cívica, es decir, faltas menores. Al intentar conocer las presuntas faltas o delitos que motivaron las detenciones, resalta la deficiencia de los registros y de la elaboración de informes policiales. Ni la información del Censo Nacional de Seguridad Pública 2021 ni del Programa Especial de Prevención Social del Delito con Enfoque de Derechos Humanos 2018-2024 permiten explicar con claridad cuáles son las faltas o delitos por los que fueron puestas a disposición más de 190 000 personas. El Programa Especial de Prevención Social del Delito incluso reconoce que existe una considerable cantidad de registros digitales de detención que no precisan el motivo. Este dato abre una reflexión sobre la dimensión de la arbitrariedad con que la policía puede detener a personas, las implicaciones de los abusos y de la violencia policial que se vive en el Estado y de cómo es que la prevención ha sido el motor de un estado más policial que ofrece seguridad a costa de violentar derechos humanos.

La lógica que guía las detenciones se orienta por el principio de intolerancia selectiva.² Esto quiere decir que la política de seguridad en realidad no implica la implementación de una estrategia para desmantelar redes del crimen organizado desde una perspectiva macrocriminal. En realidad, lo que sucede en Yucatán es que la estrategia de “tolerancia cero” se aplica bajo una base discriminatoria que enmarca a personas que pertenecen a poblaciones vulnerables como “sujetos sospechosos” que, sin razón aparente más allá de la forma en que se ven, pueden ser detenidos y violentados de múltiples formas. Las detenciones se dirigen a personas determinadas cuya presencia no es deseable en ciertos espacios. El principio de intolerancia selectiva opera a través del perfilamiento de personascon base en su color de piel, la forma en que se visten, sus cuerpos, su orientación sexual, su género y su lugar de origen. Es decir, el racismo, clasismo, sexismo y la homofobia juegan un papel determinante para establecer quién es o no una persona “sospechosa”. Al respecto, Carla Luisa Escoffié ha señalado que, con tal de ver a alguien detenido, la sociedad yucateca piensa que las instituciones están respondiendo a ese llamado de inseguridad, sin embargo, la arbitrariedad con que suceden estás detenciones impide conocer si éstas responden realmente a una necesidad real o es una práctica normalizada que criminaliza a cierto sector de la población.

Consecuencias de la estrategia de seguridad

Además de la vulneración a derechos como la libertad personal, legalidad y seguridad jurídica que generan las detenciones arbitrarias, las personas que son detenidas por las policías se encuentran en riesgo de sufrir otras violencias y la vulneración de diversos derechos humanos durante su detención. Esto puede escalar hasta la tortura y homicidios.

Desde 2009, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) emitió la Recomendación general 02/2009 que documenta vulneraciones a derechos humanos cometidas por las autoridades encargadas de la seguridad pública y de la procuración de justicia del estado. Esta recomendación acredita que en diversos casos hubo detenciones arbitrarias, abuso de autoridad, lesiones, tratos crueles e inhumanos y degradantes, tortura y allanamiento de morada, entre otros. También señala que las violaciones a derechos humanos mantienen un incremento constante y que las recomendaciones emitidas en años anteriores, a pesar de ser aceptadas, no son atendidas o se cumplen parcialmente. Además, la narrativa del Ejecutivo estatal continúa negando la existencia de actos de abuso policial que derivan en violaciones a derechos humanos.

Es importante señalar que, pese a las advertencias sobre el ejercicio de la función policial, que ya demostraba la vulneración de derechos humanos para este año, las reestructuras operativas y administrativas del aparato de seguridad continuaron fortaleciendo a las policías en la misma línea e ignorando dichas advertencias. Esto no quiere decir que el fortalecimiento de las policías locales sea problemático —es una tarea necesaria—, lo cuestionable es la forma en que la policía de Yucatán gestiona el incremento de sus capacidades para incurrir en violaciones a derechos humanos, abuso policial y detenciones arbitrarias motivadas por la comisión de delitos menores que además se dirigen en contra de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Como prueba de ello, tenemos que la Codhey emitió 118 recomendaciones dirigidas a la SSP entre 2010 y 2022, lo que representa el 31 % del total de recomendaciones dirigidas a diversas autoridades del estado. Tan sólo en 2020 y 2021 se emitieron cada año 13 recomendaciones contra la SSP. Además, de las quejas iniciadas entre 2008 y hasta abril de 2022 por hechos relacionados con detenciones ilegales o por emplear el uso excesivo de la fuerza durante la detención —legal o arbitraria—, la SSP es la autoridad a la que más quejas se le han imputado.

Un comportamiento sistemático de las autoridades locales, bajo la premisa de mantener a flote la narrativa del estado seguro, es que no han reconocido que hay violaciones a derechos humanos ni generado políticas públicas orientadas a su prevención y atención. A la fecha, Yucatán no cuenta con un programa estatal en materia de derechos humanos. A esto se suma la poca contundencia de la Codhey en cuanto al pronunciamiento y seguimiento del cumplimiento de recomendaciones a las autoridades. Pese a que la función de este órgano autónomo es denunciar las violaciones a derechos humanos, la Codhey ha evitado, incluso, mencionar de manera pública y nombrar como tal los actos de tortura cometidos por las autoridades del estado de Yucatán. El caso de José Eduardo Ravelo, quien murió tras ser detenido arbitrariamente y torturado por policías el 21 de julio de 2021, representa un paradigma de las lógicas de las detenciones, su normalización, invisibilización y las consecuencias que tienen.³ Lo mediático del caso, y la tardanza de la Codhey para pronunciarse sobre el mismo, obligaron a la CNDH a atraer el caso para investigarlo.

Paralelamente, en aras de proteger la narrativa de estado seguro en Yucatán, se han invisibilizado y desatendido otras violencias y delitos que ocupan los primeros lugares en sus índices delictivos, por ejemplo, aquellas violencias ejercidas contra las mujeres.⁴ El feminicidio es uno de los delitos que no figuran entre las prioridades del estado y pocas veces vemos el nombre de Yucatán como un sitio de alerta para este delito. Hasta 2022 se han registrado 79 feminicidios en el estado. Sin embargo, existe una gran cifra negra. Tan sólo en 2021, organizaciones de la sociedad civil reportaron 13 casos de feminicidio, en contraste con los cinco reportados por las autoridades.

Por su parte, la desaparición de personas ha ido también en aumento. El total de personas desaparecidas en Yucatán, sin considerar el estatus, es de 6945 personas; de esta cifra, más del 61 % son mujeres.⁵ Tomando en consideración el tamaño de la población de mujeres que habita en este estado, Yucatán tiene una tasa de desaparición de mujeres de 361.42 por cada 100 000 habitantes.

La falta de atención a delitos y otras manifestaciones de violencia que se viven en el estado permite observar que la estrategia de seguridad en Yucatán no es el modelo más eficiente para proteger a la población. Sobre todo a aquellos grupos que requieren de atención diferenciada por el tipo de violencias que se ejercen en su contra.

Reorientar la prevención

Modelos de seguridad estatal como el de Yucatán, que emanan del modelo de seguridad nacional y que están enfocados en perseguir enemigos públicos intangibles, ponen sobre la mesa las consecuencias negativas de orientar la prevención del delito y el fortalecimiento policial hacia la persecución y el castigo de poblaciones discriminadas e históricamente vulneradas.

El caso de Yucatán evidencia los riesgos de un modelo que se considera exitoso y se promueve como funcional a través de un fuerte discurso estatal que, sin contrapeso, cobija violaciones a derechos humanos cometidas contra grupos en situación de vulnerabilidad. Consideramos que los esfuerzos de prevención y fortalecimiento deben reorientarse para que, en lugar de perseguir delitos menores y realizar detenciones arbitrarias con base en criterios estigmatizantes y discriminatorios, se priorice la prevención de delitos a gran escala como el feminicidio y la violencia contra las mujeres.

Un modelo de seguridad a nivel local debe concentrarse en perseguir la macrocriminalidad; debe contar con un contrapeso autónomo de vigilancia y protección de los derechos humanos, mecanismos de vigilancia ciudadana y mecanismos de rendición de cuentas; debe atender con un enfoque diferenciado a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, y debe implementar políticas de seguridad basadas en evidencia y analizar el contexto de la violencia.

El ejemplo de Yucatán permite identificar los puntos más relevantes a evaluar al momento de implementar una política pública de prevención y fortalecimiento de seguridad para que, además de garantizar la seguridad de las personas, proteja los derechos humanos sin discriminación alguna.

Valeria Gutierrez Vega
Elementa DDHH

Brenda Valencia Medina
Elementa DDHH

¹ Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), La paz como mito: el insostenible modelo de seguridad pública de Yucatán, Yucatán, Casede, 2022.

² Crawford, A. “Crime, Prevention and Community Safety: Politics, Policies and Practices”, Las cárceles de la Wacquant, L. (ed.), Buenos Aires, Manantial, 2010.

³ El 21 de julio de 2021 policías municipales detuvieron arbitrariamente al joven de 21 años de origen veracruzano José Eduardo Ravelo en la ciudad de Mérida. La razón que argumentó la policía para su detención fue la de incumplir el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida. José Eduardo Ravelo fue detenido a las 10:18 am y transcurrieron más de dos horas para que fuera puesto a disposición ante el Ministerio Público. En ese lapso, así como después de ser puesto a disposición, José Eduardo Ravelo fue sometido a actos de tortura derivada del uso excesivo de la fuerza y violación sexual. Las lesiones físicas que derivaron del abuso policial, provocaron su muerte a causa del politraumatismo y del síndrome de disfunción orgánica múltiple. El joven falleció el 03 de agosto de 2021. La FGE negó la responsabilidad de la policía e indicó que su muerte se debió a una neumonía. De acuerdo con lo señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos: José Eduardo Ravelo fue asesinado por la policía de Mérida: "este Organismo Nacional estima que las personas servidoras públicas adscritas a la Policía Municipal, incurrieron en un uso excesivo de la fuerza que derivó en tortura y posteriormente la pérdida de la vida" (CNDH. Recomendación No. 50 VG/2022, p. 104).

⁴ Gobierno Estatal de Yucatán, “Programa Especial de Prevención social del Delito con Enfoque en Derechos Humanos 2018- 2024”. Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Anexo I. Yucatán. 2018, p. 41.

⁵ Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), 2022.