Paz y seguridad: en búsqueda de mejores políticas de seguridad

Desde hace décadas, la población mexicana sufre de niveles inauditos de violencia expresada en diversas dimensiones como la económica, la física y la emocional. Para ilustrar la magnitud de este problema, analicemos las siguientes estadísticas. Desde 2006, año en el que Felipe Calderón toma la presidencia asignando a las fuerzas militares funciones de seguridad pública en el contexto de la “Guerra contra las Drogas”, han ocurrido alrededor de 380 000 homicidios. Tan sólo para el primer trimestre de 2021, la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes fue de 13 homicidios. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) ha contabilizado 100 421 personas desaparecidas y no localizadas desde 1964. Y a pesar de que la falta de datos confiables limita la información disponible sobre la violencia en contra de las mujeres, el Sistema Nacional de Seguridad Pública del Secretariado Ejecutivo señala que tan sólo en lo que llevamos de 2022, 848 mujeres han sido asesinadas y 310 casos se han investigado como feminicidio.

Las políticas públicas de seguridad implementadas por los diferentes gobiernos locales y federales en turno no sólo no han solucionado el problema de violencia, sino que en algunos casos la han exacerbado. La estrategia de combate frontal que implementó Felipe Calderón para combatir al crimen organizado aumentó la violencia a través de un mayor número de enfrentamientos y la alteración de las dinámicas y estructura del crimen organizado.¹ Estas políticas deficientes han tenido un impacto desproporcionado en ciertas poblaciones en posición de desventaja llevándolas a una situación de mayor vulnerabilidad. En el caso de las mujeres de manera particular, las políticas públicas han fallado en mitigar el impacto de fenómenos como el crimen organizado, la militarización y la crisis de covid-19 en la violencia que se ejerce contra nosotras. Equis Justicia para las mujeres e Intersecta estimaron que de marzo de 2020 a abril de 2020 —durante el inicio de la crisis sanitaria— los asesinatos de las mujeres aumentaron en un 2 %; mientras que los asesinatos de hombres se redujeron un 0.2 %. También aumentaron las llamadas de auxilio relacionadas con violencia sexual y familiar. En el caso de comunidades en zonas rurales, la violencia relacionada al crimen organizado y la falta de atención por parte de las autoridades han promovido el desplazamiento forzado de individuos, familias y hasta comunidades enteras.

Esta situación es insostenible, lo cual nos llama a desafiar antiguos paradigmas que no han dado resultados, incluyendo la forma en la que hemos tratado de entender la criminalidad y cómo hemos diseñado las políticas de seguridad. En uno de los primeros estudios que exploró la relación entre el crimen y las acciones punitivas, Gary Becker desarrolló los cimientos de la economía del crimen. En “Crime and Punishment: An Economic Approach”, Becker desarrolló un modelo teórico de combate al comportamiento criminal centrado en el castigo. El castigo, que puede tomar forma de encarcelamiento o multa, representa un costo para la persona; y la estimación del costo depende de la magnitud de este castigo, la probabilidad de ser castigado, y la aversión de la persona al riesgo. Según el economista, las políticas públicas deberían buscar optimizar el nivel de castigo para aumentar el costo marginal de cometer un crimen, y así evitar que las personas reincidan, o que otras personas cometan los mismos actos. En otras palabras: el castigo debe ser lo suficientemente oneroso para que la persona decida no tomar el riesgo de ser aprehendida por las fuerzas del orden. Si bien el modelo punitivo ha ido perdiendo popularidad debido a su ineficacia y a que facilita la violación de derechos humanos, esta visión generó toda una lista de literatura y de políticas dedicadas a la prevención a través de la disuasión tomando como principio que las personas que cometen un delito lo hacen tras una deliberación económica racional.² Abordar el problema de inseguridad desde esta perspectiva es ignorar el contexto en el que los individuos se desarrollan. Cuando hablamos de comportamiento humano, hablamos de un fenómeno demasiado complejo como para analizarlo unidimensionalmente.

Contrario a lo que algunas disciplinas o modelos tradicionales han expresado, la evidencia científica rigurosa no está peleada con la empatía. De hecho, actualmente hay muchas políticas que se enfocan a entender el contexto de las personas que cometen actos de criminalidad violentos y no violentos, y que buscan la reintegración de estos individuos a la sociedad, en lugar de aislarlos o imponerles un castigo.³ Algunos ejemplos de estos tipos de intervenciones son el desarrollo de competencias socioemocionales, la terapia familiar para jóvenes en situación de vulnerabilidad, y los programas de intervención comunitaria donde se promueve la participación de las propias comunidades en el diseño de sus soluciones. Otro tipo de alternativas no encajonadas que buscan alejarse del modelo punitivo son la justicia transicional y las políticas de salud para las personas usuarias de sustancias ilegales.

Dos elementos son necesarios para poder implementar políticas alternativas. Por un lado, requieren de un análisis interseccional que permita afrontar al problema de la inseguridad y violencia desde sus diferentes dimensiones. Para ello, se necesita de un abordaje multi e interdisciplinario, lo cual implica que ninguna disciplina monopolice el análisis de los problemas públicos ni sus soluciones. Por el otro, el diseño de las políticas debe plantear una perspectiva colaborativa y participativa que no sólo aumente la efectividad de las acciones porque son los propios beneficiarios quienes ayudan a identificar sus problemas y soluciones, sino que también facilite una mejor implementación al sentar en la misma mesa a los diferentes grupos involucrados.

En este espacio queremos promover estos nuevos modelos para el desarrollo de políticas de seguridad efectivas, equitativas y promotoras de los derechos humanos. Tradicionalmente hemos entendido el análisis de las políticas públicas como una esfera “racional” donde las mediciones de indicadores han primado. Sin embargo, un análisis más comprensivo e integral del contexto de los individuos, y el diseño de soluciones que efectivamente promuevan la paz y la seguridad para la sociedad mexicana requiere de que formulemos mejores preguntas: ¿por qué las personas cometen actos delictivos y de violencia?, ¿cómo juegan factores como la masculinidad, las redes sociales y familiares, o los roles dentro de estas en estos actos? Y, ¿cómo podemos ofrecer a todas las personas las mismas oportunidades para desarrollarse en contextos de paz y seguridad?

Para ello, extendemos una invitación a miembros de la academia, sociedad civil, periodismo, consultorías y entidades privadas a analizar problemas desde una perspectiva colaborativa e interdisciplinaria, a dar conocer soluciones que actualmente se están implementando en México, o propuestas aplicadas en otros contextos y que potencialmente podrían llevarse a cabo en nuestro país. Es hora de romper viejos paradigmas de soluciones lineales que ignoran la complejidad del ser humano y que deshumanizan a las personas que cometen un delito. Si abrimos la discusión, tal vez lleguemos a una solución.

Samantha Pérez Dávila
Doctorante en la Pardee RAND Graduate School y editora de este espacio

¹ Atuesta, L. H. y Pérez-Dávila, Y. S. “Fragmentation and cooperation: the evolution of organized crime in Mexico, Trends in Organized Crime, 21(3), 2018, pp. 235-261.

² Kennedy, D. M. Deterrence and Crime Prevention: Reconsidering the Prospect of Sanction, Routledge, 2008.

³ Sherman, L. W. Preventing crime: What works, what doesn’t, what’s promising, US Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice, 1998.