Pandemia y seguridad en regiones rurales

La pandemia producida por el COVID-19 nos enfrenta a un conjunto de desafíos en cuanto a la salud y la economía en México, pero que sin duda también se ha convertido en un nuevo desafío para la seguridad humana, sobre todo en regiones rurales donde la violencia se negocia cotidianamente entre una multiplicidad de actores armados tanto legales como considerados ilegales. Extensas zonas del México rural así como pequeñas ciudades situadas en esas regiones han vivido regímenes político/criminales por mucho tiempo, en los que la ley y el orden son el resultado de negociaciones y acuerdos establecidos temporalmente, cuyas consecuencias repercuten en la economía local, la forma de hacer política y el tipo de alianzas momentáneas que hay que hacer para evitar en cierta forma la violencia. Sin ningún tipo de exageración, en estas extensas regiones rurales el crimen organizado, grupos civiles armados, fuerzas de seguridad estatal y federal han construido complejos regímenes locales que reproducen órdenes informales a los cuales la población se adapta de distintas formas.

Ilustración: Estelí Meza

Con la exacerbación de la pandemia, dichos regímenes parecen estar reafirmándose a nivel político, económico y social, por dos razones: a) desde el gobierno de López Obrador, el crimen organizado se ha estado reposicionando territorial y socialmente como consecuencia de la política de no confrontación de las fuerzas armadas y policiales con grupos criminales, además de una inquietante falta de coordinación interinstitucional con los estados y municipios, más allá de declaraciones formales; b) la existencia de 463 organizaciones armadas en el país —contabilizadas por International Crisis Group—, cuyos orígenes podrían atribuirse a los cambios en la política de seguridad y la ausencia de un plan estratégico para desarticularlas pero, sobre todo, a las redes de macro criminalidad que tocan algunos poderes públicos y privados.

En estas circunstancias, tal como varios informes y notas periodísticas¹ han visibilizado, gran parte del territorio rural presenta una situación apremiante en cuanto a la seguridad y a la atención médica. En estas regiones rurales no parecen existir formas eficaces de enfrentar la expansión de la pandemia adecuadamente tanto por los regímenes criminales como por la escasa infraestructura de salud, las cuales en muchos casos miran (por el momento) la pandemia como algo distante y mediáticamente construido. Mis conversaciones telefónicas con amigos en las inmediaciones de la sierra y valle de la Tierra Caliente de Michoacán, por ejemplo, pasan la vida en medio del arduo trabajo en el campo pensando que el virus no llegará a sus comunidades y saben perfectamente que los grupos de los “malosos” usan de cierta forma el discurso de la pandemia como una manera de reafirmar prácticas de control, persuasión y manipulación de pobladores situados en sus territorios bajo dominio. Entre tanto, si bien la pandemia está avanzando lentamente de las ciudades hacia zonas más distantes, temporalmente el contagio del coronavirus no es tan importante para mucha gente de los márgenes urbanos. Están más preocupados por que los malosos ahora se sienten más libres, sin los contrapesos que las fuerzas del Estado por lo menos hacían en ciertos casos cuando las violencias se exacerban. Sin embargo, esto no significa que la enfermedad no podría llegar a estos espacios rurales, donde su expansión sería dramática. Esta situación, que  es cuestión de tiempo, debería de preverse por parte de diversas instancias gubernamentales. Muchos pueblos rurales mantienen relaciones trasnacionales migratorias e interregionales ampliamente fluidas, además de circuitos económicos y de otro tipo con las ciudades más cercanas a donde el virus está incubándose comunitariamente.

Estos factores vuelven muy complejo el trabajo de prevención que se está haciendo y que se requerirá hacer si el coronavirus llega a los rincones más inhóspitos del país. Extensas zonas rurales de Guerrero, Michoacán, la sierra/costa del estado de Jalisco, Nayarit o Sinaloa, por ejemplo, nos presentan un panorama retador sobre la pandemia y sus formas de hacerle frente. Sin infraestructura adecuada para contener el contagio a nivel rural/comunitario, con la existencia de regímenes político/criminales anidados por mucho tiempo y el abandono gubernamental, el escenario parece francamente desafiante.

De acuerdo con un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el último cuarto de siglo XX uno de cada cuatro mexicanos había habitado en zonas rurales; De ellos, seis de cada 10 fueron considerados pobres en 2016, en contraste con cuatro de cada diez en zonas urbanas. En resumen, 23 por ciento de la población mexicana vive en localidades rurales, proporción que aumenta hasta 38 por ciento tomando como base localidades entre 2 500 y 15 000 habitantes. En este sentido, datos muy interesantes se han estado produciendo estos días como por ejemplo la desagregación de los llamados municipios de la esperanza. Un análisis preliminar de ellos muestra que fundamentalmente son municipios rurales muy pobres, tienen poca conectividad (digital más no interpersonal) y sobre todo son los espacios que tienen menor infraestructura hospitalaria. Adicionalmente, otro estudio detectó que en 217 del total de los 323 municipios del programa no se han realizado pruebas de COVID-19 como para implementar el plan de reapertura, como si alguna vez estos poblados rurales lo hayan practicado. Estos datos demuestran que el perfil de la pandemia y su impacto epidemiológico en las poblaciones rurales podría traer consecuencias graves para las familias cuyas redes de parentesco e interpersonal son la piedra angular de la reproducción de las unidades domésticas en el campo.

En conclusión, la expansión de la pandemia de las ciudades a las regiones rurales a donde se ubica 38 por ciento de la población mexicana, los regímenes político/criminales anidados por mucho tiempo, la falta de infraestructura de salud y la falta de coordinación gubernamental en esta emergencia sanitaria, sitúan a la población rural ante un desafío serio. Es necesario explorar alternativas para amortiguar el impacto del coronavirus en función de las lecciones aprendidas del contagio en las ciudades. Lo que podemos retomar de algunas experiencias internacionales en el trabajo de prevención es el de trazar con bastante seriedad un plan de Territorios de paz, que posibilite la entrada de servicios de salud, implementación de campañas in situ de prevención del contagio, así como traslados de personas infectadas a hospitales especializados. Todo esto implica un trabajo de negociación sumamente importante entre la gama de actores armados que han implantado soberanías de facto. Para ello, se requiere de un trabajo político fino que ayude a distender las violencias y permita la entrada de servicios sanitarios en poblaciones rurales atrapadas en circuitos criminales y de clientelismo armado.

Un ejemplo que podría servir de guía es el acercamiento que ha realizado el Obispo de Chilpancingo, Guerrero, con grupos delictivos, grupos civiles armados y autoridades para distender la entrada y salida de pobladores en medio del conflicto armado. No se puede seguir tapando el sol con un dedo cuando de la salud se trata y, mucho menos, ponerse purista al malentender la construcción de territorios de paz ante la emergencia sanitaria.

Salvador Maldonado Aranda
Especialista en temas sobre seguridad y violencia

¹ Para Le Cour y Pardo: “En La Montaña no se habla sobre la crisis que viene: el presente solo amplifica el olvido que viene del pasado. Lo que ha hecho el COVID-19, sobre todo, es desnudar las desigualdades. Su impacto en las zonas rurales de México, que ya estaban en crisis desde antes de la pandemia, puede ser devastador”. Ver aquí.