El 1 de octubre de 2024, la nueva titular de la Presidencia deberá tener claro con qué institución de seguridad pública llevará a cabo la urgente tarea de reducir la violencia. A partir de la revisión a los anexos de plazas de la administración pública federal para el periodo 2017-2024, este texto analiza dos potenciales escenarios.
Muertes violentas de mujeres en CDMX: registros alterados y alertas deficientes (segunda parte)
Las muertes violentas de mujeres no se han reducido en la Ciudad de México. Esto implica que la política de seguridad claramente no está siendo exitosa para toda la ciudadanía y, mucho menos, es una estrategia enfocada en reducir muertes violentas de mujeres.
Muertes violentas de mujeres en CDMX: registros alterados y alertas deficientes
¿Qué resultados tiene la “exitosa política” de la Ciudad de México? Los datos presentados hasta ahora indican que las muertes violentas de mujeres no han disminuido. Al contrario, han aumentado y representan una proporción mayor que las muertes violentas por evento de intención no determinada que los hombres.
Violencia política: más allá de candidaturas y elecciones
Los asesinatos de personal político tienen una correlación positiva alta y significativa con los asesinatos de periodistas y con los asesinatos de activistas ambientales. Donde los asesinatos de personal político aumentan, también aumentan los asesinatos contra periodistas y ambientalistas.
La reforma de la Guardia Nacional es una amenaza a la seguridad pública
Esta iniciativa ignora por completo las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, con base en estándares internacionales y nuestra tradición constitucional, han sostenido que la seguridad pública debe estar a cargo de autoridades civiles.
La nueva política de priorización en la justicia Interamericana
La priorización es una herramienta de gestión estratégica de las cargas de trabajo que permite identificar de manera objetiva, transparente y en el marco de la legalidad, aquellos asuntos que por su naturaleza, contexto o por las circunstancias específicas de las víctimas requieren de una tramitación y resolución urgente o prioritaria.