Moral criminal en tiempos de COVID-19

Recientemente, en el contexto de la contingencia por COVID-19, hemos atestiguado manifestaciones de lo que algunos analistas llaman “filantropía criminal” o “ayuda criminal”.  Se trata de acciones de presuntos integrantes de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que consisten en repartir despensas en poblaciones rurales o urbanas marginadas. Aunque como se ha señalado en otros espacios este tipo de actos no son nuevos, la “vocación social” del crimen organizado adquirió una relevancia mediática inusitada. Derivado de este fenómeno, en este texto se proponen algunas líneas de análisis para seguir enriqueciendo el debate sobre criminalidad organizada en México.

Ilustración: Fabricio Vanden Broeck

1. Las imágenes que se han difundido en redes sociales y en prensa muestran que las receptoras de estos actos de aparente generosidad son principalmente mujeres, ancianos y, en algunos casos, niños. Sin embargo, hasta ahora, los análisis de nuestra crisis de seguridad se enfocan de manera predominante en la toma de decisiones a nivel institucional, la actuación de las fuerzas armadas y en la sucesión de liderazgos criminales.  Es necesario ampliar los actores y espacios sociales que consideramos relevantes al hablar de la delincuencia organizada. El estudio de lo doméstico y lo privado es fundamental para comprender cómo es que la violencia criminal, las economías ilegales y los conflictos armados impactan la vida cotidiana de las personas y, en este sentido, las familias, mujeres e infantes padecen e interpretan las acciones del crimen organizado de formas variadas.

2. Los actos de “beneficencia” por parte de grupos delincuenciales nos recuerdan que, como analistas, nos hemos centrado demasiado en el análisis de la violencia como un medio de coacción sin observar que, para que éstos puedan operar de modo efectivo, necesitan contar con el apoyo de bases sociales. La observación de los mecanismos bajo los que se construye y produce la legitimidad del crimen organizado es, entonces, fundamental para comprender por qué las personas establecen relaciones de tolerancia y cooperación con estos actores, así como dar cuenta de los intercambios que se establecen entre grupos del crimen organizado y la población. Si algo nos ha enseñado la antropología es que todo regalo, ya sea una despensa o el préstamo que nos permite realizar un boda o una fiesta de XV años, generan deudas u obligaciones sociales. El arraigo del crimen organizado puede explicarse en el marco de transacciones que otorgan bienes o mercancías a cambio de lealtades o eventuales respuestas de apoyo.

3. Otra de las pistas que derivan del análisis de las acciones “filantrópicas” de los grupos criminales es que las soberanías criminales no son sólo territorios económicos que se defienden a través de la violencia armada, sino que también a través de la provisión de servicios y productos. Dicho de otro modo: las soberanías criminales no sólo refieren al monopolio de la venta de droga, por mencionar un ejemplo, sino que también regulan la vida social y administran recursos indispensables para asegurar la sobrevivencia de la población. Es así como se explica que en municipios como Chinicuila, Michoacán, antes del levantamiento de autodefensas de 2013, integrantes de Los Caballeros Templarios estuvieran a cargo de resolver conflictos domésticos o de controlar el consumo de las metanfetaminas entre los jóvenes. O que poco después de que el CJNG difundió un video en el que repartieron despensas en Zapopan, Jalisco, el gobierno del mismo municipio replicó la acción con el objetivo de “no dejar el espacio libre a quienes buscan sacar provecho de la situación”. Es decir, la “plaza” no sólo se defiende con el uso de la violencia sino también con acciones morales. Estos servicios filantrópicos funcionan como un bastidor que exhibe la anexión de la población a un dominio criminal o estatal.

4. Aquello que se define como amenaza a la seguridad varía en relación a la clase social el género y la etnicidad.¹ Por ello propongo vincular el estudio de las vulnerabilidades con los análisis sobre crimen organizado. Las despensas entregadas por el CJNG son un doloroso recordatorio de que para amplios sectores de la población lo que resulta amenazante es la falta de certidumbre económica y alimentaria que se acentúa en el marco de una crisis epidemiológica y social como la del COVID-19. Es imprescindible profundizar en las lógicas que estructuran las carencias sociales que el crimen organizado busca satisfacer.

Irene Álvarez Rodríguez
Socióloga. Becaria posdoctoral de El Colegio de México (COLMEX) e integrante de Noria Mexico & Central America Program.

¹ Una preocupación también expresada por mi colega Cecilia Farfán, así como por una variedad de académicas feministas como Nicole Detraz, Natalia De Marinis y Cynthia Enloe.