¿México en guerra?

Desde hace varios años, diversos sectores manifiestan que la situación mexicana no es nada menos que una guerra; algunos atan su conclusión al derecho internacional, por lo general buscando activar marcos de protección y recuperar la fuerza de la condena de hechos atroces que se han naturalizado.

Para tener una discusión sensata, procuro desempacar lo que puede acarrear la designación de la situación mexicana como una de guerra o de conflicto armado. Realizo la exploración del tema en dos tiempos. En esta primera entrega, busco identificar el sustento y los marcos de referencia que se usan para la designación de la situación como de guerra, y resalto algunas de sus implicaciones. En la segunda entrega, presento, de manera simplificada, el contenido del derecho internacional humanitario (DIH) aplicable a conflictos no internacionales y destaco algunas implicaciones (no deseadas) que puede tener la aplicación de ese marco legal.

Cómo nombrar las cosas (todavía) importa

Nombrar la situación mexicana como una guerra o como un conflicto armado puede resultar sugestivo como resultado del rechazo emocional de la situación y las barbaridades que se cometen. La tendencia a calificar la situación como de guerra también puede ser producto de un interés en escalar la denuncia del desorden y la matazón, después de años de usar el mismo lenguaje sin que la violencia de tregua. También puede parecer apto con el fin de activar marcos de protección humanitaria que se usan para mitigar el sufrimiento humano en las guerras, que hasta el momento no se han usado en México. O, sencillamente, puede ser expresión de desesperación porque la violencia se instala y, a veces, llegan olas que zarandean, y la palabra “guerra” encapsula tanto.

Pero la designación viene con implicaciones: la guerra propicia la violencia, promueve el desacato de la ley y encierra la anomia. La guerra deshumaniza y polariza, y tiende a la degradación social. Por ejemplo, la versión de los guerreros en la celebrada campaña contra los Zetas en Coahuila lo demuestra. En 2011, una reportera escribió enLa Jornada: “La guerra es la guerra, y por eso justifica los códigos militares”. Una de sus fuentes, el general retirado Carlos Bibiano Villa Castillo, evidencia los excesos que se derivan del estado de ánimo guerrero: “Antes aquí correteaban a los policías, ahora ni madres, los correteamos a ellos y donde los alcanzamos los matamos. Aquí hay que romperle la madre al cabrón que ande mal”. Lo peor de las declaraciones es que para algunos (y no pocos) los muertos quedaron bien muertos, se lo merecían. En la guerra, el enemigo (real o aparente) debe ser exterminado.

Una noción que se cuela en el debate nacional: México en guerra

Calificar la situación mexicana como de guerra es un recurso emocionalmente poderoso y, por eso, pegajoso. El recurso de apelar a la trama bélica para significar o explicar el notable incremento de la violencia letal en México fue evidente en las recientes declaraciones del saliente representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y una reconocida organización social mexicana donde se apela al simbolismo de la guerra como escenario de mortandad extendida.

El calificativo también se cuela en la reportería de algunos sucesos violentos que sacuden al público mexicano. Por ejemplo, El País, en el marco de su cobertura de la operación militar de enero de 2023 orientada a detener a Ovidio Guzmán en Culiacán, retrató “un panorama de terror en la capital, donde manadas de criminales armados, en moto o a pie, jugaban al gato y al ratón con las autoridades, tiros de por medio”. Uno de los testimonios reflejados por el reportero resalta: “No sé cómo será un sitio de guerra, pero yo pienso que es lo mismo”.

Violencia intensa no es igual a conflicto armado

Hay algo intuitivo en el argumento: sumar “violencia intensa y persistente” a “la entrada en escena de hombres armados participando en refriegas” para concluir que “se está en guerra”. Sin embargo, la intuición no es siempre la mejor aliada para entender las cosas y darles nombre.

Si la intensidad de la violencia y la existencia de grupos organizados fuertemente armados fueran los únicos elementos determinantes, las situaciones de Brasil, Venezuela, Honduras y El Salvador también deberían ser consideradas como de conflicto armado. La realidad mexicana y la de cada uno de los países referidos es ultraviolenta, con variadas manifestaciones que abruman y algunas que (todavía) sorprenden —como las Operaciones de Liberación del Pueblo de 2015 y 2016 en Venezuela que dejaron miles de muertos— pero, no por eso, se trató de un conflicto armado.

Los elementos que establece el derecho internacional para hacer esta determinación son múltiples y más complejos que lo que se ha planteado. En primer lugar, lo que se debe examinar no es la intensidad de la violencia, sino la intensidad del conflicto —que no es lo mismo. Para determinar si un conflicto sobrepasa la intensidad establecida por el derecho internacional, el Tribunal penal internacional para la ex Yugoslavia, en el caso Boškoski, examinó un extensa lista de elementos, con base en información detallada, incluyendo: la seriedad de los ataques, el incremento en el tiempo de las confrontaciones armadas, la expansión de las confrontaciones en el espacio, y la evolución de las fuerzas enfrentadas, su capacidad de movilizar tropas y la evolución en la distribución del tipo y el número de armas. Además, el tribunal consideró los incidentes de desplazamiento forzado y traslado de población, la cantidad de bloqueos y de otras formas de restricción, el uso de artefactos explosivos, el alcance de las pérdidas y la destrucción, el cambio de frentes o posiciones en la confrontación bélica, el cierre de espacios y restricciones de circulación e, incluso, la existencia de acuerdos de cese de hostilidades y la interacción de los grupos armados con actores humanitarios. Debe quedar claro, por lo tanto, que una elevada tasa de homicidios no es un indicador apto para establecer que hay una situación de conflicto armado.

La lista de elementos para determinar si los grupos armados concernidos hacen parte de una confrontación bélica también es compleja. El mismo tribunal, en el caso Tadić, brindó una serie de parámetros que, nuevamente, implican un juicio estricto. No es suficiente la apreciación intuitiva de que hay estructuras armadas asociadas a organizaciones criminales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa, que son máquinas de matar. De lo contrario, las células armadas de algunas pandillas urbanas en Medellín, Colombia, o de algunas bandas de motociclistas estadunidenses que trafican con metanfetamina también tendrían que ser catalogadas como grupos armados que son parte en un conflicto armado de carácter no internacional —y, obviamente, no lo son.

La tendencia global, incluyendo la observada en México, es a exagerar y generalizar esas amenazas, apelando, así, a un estado de necesidad con el fin de alterar los “fastidiosos límites” al uso de la fuerza que establece otra rama del derecho internacional que regula el poder estatal —el derecho internacional de los derechos humanos— y proceder al combate frontal de estos grupos con violencia letal y neutralizando los controles regulares.

Que el umbral derivado del derecho internacional para calificar una situación como un conflicto armado no internacional sea alto corresponde a un principio básico, pero cada vez más olvidado: el Estado es responsable activa y pasivamente por el respeto, la protección y la garantía de los derechos de quienes estén bajo su jurisdicción, tanto en contextos de normalidad como de alteración al orden público (incluyendo, las situaciones de conflicto armado).

Michael Reed Hurtado
Director operativo del Centro Guernica 37 y profesor de Georgetown University.