Legitimidad policial en tiempos de Covid-19

A finales de marzo, el periódico británico The Guardian dio cuenta de cuestionamientos respecto al uso y abuso de facultades de la policía en el Reino Unido para hacer cumplir la indicación oficial a la población de mantenerse en casa para evitar la expansión del Covid-19.

Las dudas, de acuerdo con la nota, provienen tanto del exterior de la institución como del interior de la policía.

Las medidas blanco de las críticas van desde el uso de drones para la video vigilancia de la población en espacios públicos, el envío de un citatorio a un hogar por salir de compras por bienes no esenciales, intentar limitar el ejercicio al aire libre a una hora al día e, incluso, la medida de teñir de negro un estanque en el poblado de Harpur Hill, para disuadir a quienes, pese a las recomendaciones de mantener el distanciamiento social, acuden al sitio por un chapuzón.

Ilustración: Víctor Solís

Al centro de la discusión se encuentran los límites a la intervención de la policía ante acciones de las personas que si bien pueden considerarse imprudentes ante la situación sanitaria —como realizar actividades al aire libre— no están prohibidas hasta el momento por las medidas gubernamentales ante el brote del Covid-19. De acuerdo con el diario, el Consejo Nacional de Jefes de Policía y la instancia encargada de la formación profesional del personal policial en Inglaterra y Gales se encuentran generando lineamientos para que las y los agentes tengan en claro los alcances para su actuación y que los criterios se apliquen de manera consistente por parte de la policía en todo el territorio.

Sin embargo, para la policía inglesa lo que está en juego va más allá, y se trata de la calidad de su relación con la ciudadanía, es decir, de su legitimidad. Integrantes del consejo que agrupa a jefes de policía —también reportó la nota periodística— coinciden en que la mejor manera hacer cumplir los lineamientos oficiales es lograr que la población colabore con ellos; es decir, por consenso y no por la fuerza.

Este razonamiento, además de formar parte de la filosofía de la policía británica, está basado en evidencia generada a través de años de estudios¹ y es clara: la población está más dispuesta a cooperar con la policía si considera que es justa y respetuosa en su trato con la ciudadanía. Esto, aún cuando el ciudadano es merecedor de una amonestación o una sanción.

En México, algunos sectores de la población demandan que los gobiernos hagan cumplir las restricciones de movimiento en espacios públicos por medio del uso de las fuerzas del Estado, vía sanciones económicas o multas y arrestos. Al menos un gobernador, el de Nuevo León, y presidentes municipales han mencionado que analizan imponer “confinamiento domiciliario obligatorio” durante la contingencia, pese a lo discutible del fundamento jurídico de la medida hasta este momento. Es posible, además, que estas iniciativas se radicalicen en próximas fechas, conforme se avance en las fases de la expansión de la epidemia. Desde luego, sería en la policía la encargada de hacer cumplir lo que determine el o la titular del ejecutivo, con el respectivo costo en términos de su relación con la ciudadanía si las medidas se perciben como injustas.

En este punto hay que tener presente, como en el ejemplo británico, la importancia del vínculo de confianza en esta autoridad como vía para lograr la colaboración de las personas en la contingencia de salud actual. Al respecto, ¿de dónde partimos en México? Para diciembre de 2019 —la medición más reciente— la mitad de la población en ciudades reportó tener algo o mucha confianza en la policía estatal y 46 por ciento en la municipal, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad de Seguridad Pública Urbana del INEGI. La desconfianza, sin embargo, no es un destino irrenunciable y hay mejores escenarios en el país. Nezahualcóyotl, en el Estado de México, Guadalupe y Escobedo, en Nuevo León, y Colima, Colima, de acuerdo con la misma medición del INEGI, registran avances significativos; la mayoría desde 2017.

Contra lo que pudiera pensarse, la coyuntura por el Covid-19 abre una oportunidad para trabajar en torno a los mecanismos de legitimidad policial y facilitar, con ello, la cooperación con las medidas de prevención: que en sus patrullajes y recorridos de vigilancia, las y los agentes de policía comuniquen de manera respetuosa y clara las medidas de prevención emitidas por el sector salud, como primer paso. Por el contrario, si se recurre a la otra vía –una comunicación inadecuada para que la población guarde el encierro, el abuso de la fuerza pública, los malos tratos– podrían detonarse agresiones contra la autoridad, exacerbar tensiones en las comunidades más afectadas económicamente por las medidas de prevención y, finalmente, no ser efectivas. Tengamos presente que cuando pase la contingencia –porque pasará– seguiremos necesitando a la policía.

Lilian Chapa Koloffon
Investigadora sénior del World Justice Project en la agenda de reforma policial y editora de este espacio de análisis.

¹ Ver Tyler, T. (2004). “Enhancing police legitimacy”. Annals of the American Academy of Political & Social Science, 593, 84-99 y Mazerolle, Lorraine & Bennett, Sarah & Davis, Jac & Sargeant, Elise & Manning, Matthew. (2013). “Procedural justice and police legitimacy: A systematic review of the research evidence”. Journal of Experimental Criminology. 9. 10.1007/s11292-013-9175-2.