Las heridas invisibles de la “guerra contra las drogas”

Colateral es un cortometraje de ficción del año 2024, dirigido por quien firma este artículo y realizado con el apoyo del Programa de Política de Drogas. Situada en un México devastado por la “guerra contra las drogas,” la película muestra cómo Adrián, un veterano militar, está luchando por superar su trauma cuando conoce a Nayeli, una madre que está buscando a su hijo desaparecido. La obra presenta un argumento a mi juicio necesario, pero que pudiera parecer controvertido: las personas militares también son víctimas de la violencia.

A finales de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón lanzó la denominada “guerra contra las drogas” como una medida supuestamente temporal. Mientras las Fuerzas Armadas enfrentaban a los grupos criminales, los cuerpos policiales se profesionalizarían. El anunció se hizo en un tenso contexto poselectoral cuando el recién juramentado mandatario intentaba establecer su legitimidad. Las administraciones posteriores mantuvieron una estrategia militarizada contra el crimen organizado. El presidente Andrés Manuel López Obrador incluso ha ampliado la participación castrense en tareas civiles dentro y fuera de la seguridad pública. Al mismo tiempo, el presupuesto de las Fuerzas Armadas ha experimentado un crecimiento sin precedentes.

La vía militar puede resultar atractiva para políticos que buscan aparentar un liderazgo decisivo, pero que no ven la construcción de políticas democráticas de seguridad como una prioridad. Esta preferencia se vuelve aún más fácil cuando las Fuerzas Armadas han sido construidas como disciplinadas e incorruptibles, a tal grado que los ciudadanos las perciben como más efectivas que las instituciones civiles. La apuesta por el modelo militar implica una amenaza a la democracia y los derechos humanos: las Fuerzas Armadas, conocidas por su opacidad y entrenadas para la guerra, están acumulando poder y recursos en perjuicio del sistema de seguridad y justicia.

¿Qué secuelas deja la “guerra contra las drogas”?

Lo que nos preocupa en este artículo es el costo humano de la guerra que vive México. Algunas de las consecuencias de la ofensiva federal han sido bien documentadas. Entre ellas están la fragmentación de los grupos criminales y la diversificación de sus fuentes de ingresos ilícitos, así como un aumento en la violencia, sobre todo el número de homicidios y desapariciones. El nivel de organización de los grupos criminales y la intensidad de la violencia han llevado a los abogados humanitarios internacionales a concluir que la guerra contra las drogas en México es un conflicto armado no internacional. Las fuerzas castrenses, si bien no se consideran funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tampoco reconocen la situación de conflicto armado. Como veremos, esta interpretación, y la confusión resultante sobre el marco jurídico aplicable, crean incertidumbre para la tropa desplegada.

Lo que las estadísticas no captan es el trauma generado por la violencia. Algunos estudios han expuesto el estrés emocional entre la población civil que, directa o indirectamente, ha sido víctima de la inseguridad. Sin embargo, una historia no contada es el impacto de la guerra en las personas militares. Normalmente, los soldados son vistos como perpetradores de violencia. Las Fuerzas Armadas de México tienen un importante historial de quejas e investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y ​​desapariciones forzadas. Registran, además, un elevado índice de letalidad, un indicador que
muestra la relación entre el número de personas civiles muertas y heridas en enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

Con estas preocupaciones en mente, La Tropa. Por qué mata un soldado, de Daniela Rea y Pablo Ferri, indagó qué podría explicar la violencia de soldados contra personas civiles. Sus autores señalan factores como el entrenamiento limitado, la pedagogía de la crueldad, órdenes contradictorias, la naturaleza difusa del enemigo, así como el miedo y el instinto de supervivencia. Si bien la investigación no profundiza en el tema de la salud mental, las entrevistas arrojan algunos hallazgos importantes. Los militares en despliegue están en constante alerta, sin saber cuándo podrían ser atacados y viendo compañeros morir en combate, experimentan estrés, ansiedad, duelo complicado y desensibilización. Experiencias en diversas partes del mundo muestran que las Fuerzas Armadas atienden bien las heridas médicas de sus combatientes, pero no las lesiones psiquiátricas. Ambas, sin embargo, son igualmente inevitables en la guerra.

¿Por qué nos debería importar la salud mental de las personas militares?

La salud mental es un derecho humano básico y una parte integral de nuestra salud general. La ansiedad y el trastorno de estrés postraumático (PTSD, por su siglas en inglés) provocan un entumecimiento emocional y un deterioro cognitivo. El estrés del combate afecta la atención y la capacidad de toma de decisiones de las personas, y se ha descubierto que el trauma y el PTSD son factores clave del comportamiento agresivo entre el personal militar.

Alrededor del mundo, los sistemas de salud mental carecen de investigación, recursos y servicios adecuados. La atención de salud mental suele ser inaccesible o inasequible. Incluso cuando está disponible, las personas a menudo no buscan ayuda debido a bajos niveles de conocimientos sobre salud mental y al estigma. La situación no es distinta en México donde el gobierno federal dedica únicamente el 2 % del presupuesto de salud a la salud mental, y de ello apenas el 20 % a la prevención y la investigación de enfermedades mentales. La insuficiencia de especialistas hace que sólo uno de cada cinco mexicanos tenga acceso a un tratamiento.

La situación se agrava en las Fuerzas Armadas. La masculinidad hegemónica en el entorno militar enfatiza la fortaleza emocional, mental y física y la autosuficiencia por encima de expresiones de vulnerabilidad emocional y conductas de búsqueda de ayuda. Las milicias suelen ser reacias a reconocer y abordar las lesiones psiquiátricas de su personal. Hacerlo podría provocar un desgaste que amenace directamente su misión de luchar en la guerra. En cambio, las instituciones castrenses minimizan u ocultan sus problemas de salud mental utilizando el estigma como arma para ridiculizar y avergonzar a los soldados, negando las realidades psicológicas de la guerra, identificando posibles debilidades y proporcionando tratamientos inadecuados.

Las Fuerzas Armadas de México, aduciendo razones de seguridad nacional, no publican información sobre la salud mental de su personal uniformado. Algunos datos se expusieron como parte de los “Guacamaya Leaks”, la publicación de registros internos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por parte de un colectivo de hackers en 2022. Los documentos revelaron que las personas militares sufren de estrés postraumático, trastornos de ansiedad y depresión. La Secretaría de Marina (Semar) atendió a 192 pacientes de salud mental en 2021, mientras que 237 integrantes de la Sedena murieron por suicidio entre 2016 y 2022. Ambas secretarías cuentan con 34 especialistas y en los últimos 30 años, la Sedena realizó sólo dos estudios sobre la salud mental militar.

Colateral busca crear conciencia sobre las necesidades de salud mental en el contexto de la guerra contra las drogas. Asimismo, pretende fomentar la discusión sobre formas de mejorar la atención de salud mental dentro y fuera de las Fuerzas Armadas. El relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud ha señalado que los Estados deben actuar sobre los determinantes subyacentes, como la violencia, para cumplir el derecho a la salud mental. México necesitará cambiar su enfoque hacia las drogas y la violencia. El país debería regular la oferta de drogas, iniciar una retirada gradual de las tropas de la seguridad pública y profesionalizar las instituciones civiles de aplicación de la ley y de justicia.

No obstante, una respuesta a la violencia basada en los derechos humanos también debe abordar el trauma de la violencia entre personas civiles y militares. Se requiere compromiso político para cambiar actitudes, aumentar el financiamiento y desarrollar competencias en la atención de la salud mental. Las áreas clave de acción para las Fuerzas Armadas incluyen la ampliación de especialistas; la estandarización de la evaluación, diagnóstico y atención; la eliminación del estigma; la ampliación del acceso a tratamientos; así como un sistema transparente de monitoreo y evaluación.

Transformar la salud mental de las personas requiere educación, investigación e incidencia. Colateral invita al público a reflexionar sobre el impacto de la guerra contra las drogas y a preguntarse cómo puede contribuir a abordar y prevenir sus daños.

Sonja Wolf
Doctora en Política Internacional e Investigadora Conahcyt.

Este artículo expresa los puntos de vista personales de la autora y no refleja la posición de la institución donde trabaja.