Las formas de la gobernanza criminal en México

En las últimas décadas la vida pública de distintos países de América Latina se ha visto afectada por la presencia de diversos grupos y actores no estatales armados. Particularmente, el dominio territorial de las organizaciones delictivas se ha expandido en dicha región a tal grado de que en ella “actualmente millones de personas viven bajo una especie de gobierno criminal”.¹ Esta regulación delincuencial de la vida cotidiana ha sido denominada en las ciencias sociales como gobernanza criminal,² la cual permite que grupos de poder formales e informales obtengan beneficios económicos y políticos.

México es uno de los casos en que dicho modelo de gobernanza se ha expandido drásticamente durante los últimos años, lo cual se expresa de manera heterogénea en las distintas regiones y localidades del territorio nacional. No obstante, con el fin de contribuir al análisis de este fenómeno, así como de las acciones públicas que permitan su atención, en el presente texto se propone una clasificación de dos formas en los que se puede presentar la gobernanza criminal dentro de nuestro país. Por un lado, se manifiesta a través de la apropiación, obstrucción y afectación de los bienes y servicios públicos, así como de los procesos electorales y, por otro lado, mediante la provisión, facilitación o mejora de los mismos.

Es decir, la primera forma mencionada se da mediante la coacción y en perjuicio de la comunidad, mientras que la segunda no requiere el uso de la violencia física e incluso puede solventar distintas carencias, resolver algunas problemáticas y lograr el apoyo de las personas que habitan en una localidad. En ambos casos, un elemento indispensable para su conformación es el vínculo entre criminales y agentes estatales, mismos que pueden contraponerse o coexistir en un mismo territorio.³

Gobernanza criminal coactiva

La gobernanza criminal de forma coactiva ha sido la más documentada por investigaciones periodísticas y académicas. Una de las entidades en donde se ha conformado claramente un control de la vida cotidiana a través de la violencia ha sido Michoacán. Ahí, la llegada de Los Zetas a principios del siglo XXI modificó la relación de convivencia relativamente pacífica entre criminales y miembros de la comunidad que había existido durante las décadas anteriores, ya que se instauró un régimen extorsivo que fue retomado y endurecido años después por La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y, recientemente, por el Cártel Jalisco Nueva Generación.⁴ De igual forma, todas ellas, han tenido en diferentes momentos un control sobre diversos bienes y servicios públicos través del uso de la fuerza, como ha sido la extracción de hierro y otros minerales para ser exportados a países como China e India,⁵ la tala ilegal y la explotación de recursos forestales en tierras comunales,⁶ el robo de combustibles, así como la destrucción de carreteras y la toma de casetas. En dicha entidad, también ha sido constante la intervención de las organizaciones delictivas en los procesos electorales de varios municipios mediante amenazas, secuestros y homicidios de funcionarios públicos locales y candidatos a puestos de representación popular, así como del robo de urnas durante los comicios.

El control territorial violento de las organizaciones criminales también ha intensificado la contienda social en las regiones de Tierra Caliente y la Meseta Purépecha de Michoacán, al provocar el surgimiento de grupos de autodefensa y policías comunitarias que han decidido hacer frente a los agravios cometidos por la delincuencia organizada, pero también por algunas de las instituciones encargadas de la seguridad pública y la impartición de justicia.⁷ Casos similares de este tipo de conflictos se han registrado en otras regiones del país, como la Costa-Montaña en Guerrero y Los Altos en el estado de Chiapas.

Gobernanza criminal con “legitimidad”

Por otra parte, la forma de gobernanza criminal no coactiva suele presentarse en contextos en los que hay una importante ineficiencia de las instituciones gubernamentales o de las empresas privadas para brindar ciertos bienes y servicios, lo cual es aprovechado por grupos delictivos para suplir esas carencias y beneficiarse con ello. Por ejemplo, en distintos municipios del estado de Tamaulipas, el Cártel del Golfo realiza diversas actividades administrativas vinculadas con las empresas transportistas que han permitido ampliar la red de transporte público y de mercancías en la entidad; igualmente, ha intervenido en la reglamentación del comercio formal y del ambulantaje. Del mismo modo, algunas células o subgrupos de aquella organización se han involucrado en el sector agropecuario, en la industria de la construcción y en los servicios automotrices a través de la renta y venta de maquinaria, así como de equipo especializado.⁸

En ocasiones, esta forma de gobernanza criminal se expresa de manera más sutil a través del reparto de dádivas a la comunidad, como son el financiamiento de fiestas patronales⁹ o la distribución de despensas y muebles a personas damnificadas por desastres naturales.¹⁰ Dentro de este modo regulación delincuencial, también se puede identificar la resolución de conflictos comunitarios, ya que los grupos criminales pueden fungir como intermediarios ante la falta de mecanismos institucionales y la ausencia de la autoridad pública para dirimir las disputas entre diversos sectores de la población.¹¹ Estos tipos de acciones provocan que, en ocasiones, la gobernanza criminal se “legitime” y obtenga el apoyo de la comunidad, lo cual permite a los grupos delictivos generar un capital político y social que es explotado para alcanzar sus intereses.¹²

Ejes para su atención

De acuerdo con la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, desmantelar la regulación criminal de la vida es posible a través de la implementación de medidas en cuatro ejes específicos. En términos políticos, es necesario el fortalecimiento de la legitimidad de las autoridades e instituciones gubernamentales, así como la transparencia y la rendición de cuentas de las mismas, la cooperación internacional y la legislación para acotar a las estructuras delictivas. En el ámbito legal, es preciso fortalecer la capacidad del sistema judicial, mejorar el desempeño de los elementos encargados de la seguridad e incrementar el control territorial por el gobierno. En el campo económico, se requiere regular las transacciones financieras y económicas para que se mantengan dentro de la legalidad e impedir el lavado de dinero. Por último, en el aspecto social, es primordial involucrar y proteger a la sociedad civil a través del apoyo a víctimas y testigos, incentivar la participación ciudadana en materia de seguridad, e implementar medidas de prevención de la violencia y la delincuencia.

En suma, la forma en las que se expresa la gobernanza criminal en México no es homogénea ni tampoco estática, puesto que, en ciertos momentos puede surgir de manera coactiva y estabilizarse con el paso del tiempo al lograr el respaldo de la comunidad o, por el contrario, puede presentarse sin el uso exacerbado de la fuerza y posteriormente cambiar al control violento. Dada la complejidad de este fenómeno, se requiere que las políticas públicas para atenderlo sean diferenciadas, descentralizadas y multidimensionales, pero, sobre todo, es necesario dar “la vuelta de tuerca” y fortalecer la regulación de la vida a través de la seguridad humana.

Alan Salvador Hernández Morales
Sociólogo político. Doctorante en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede México.

¹ Blattman, C., y otros. “Gang rule: Understanding and Countering Criminal Governance”, SocArXiv, 2021, p. 1.

² Arias, E. “The Dynamics of Criminal Governance: Networks and Social Order in Rio de Janeiro”, Journal of Latin American Studies, 38(2), pp. 293-325.

³ Trejo, G., y Ley, S. Votos, Drogas y Violencia. La lógica política de las guerras criminales en México, Debate, México, 2022.

⁴ Fuentes Díaz, A., y Souza Alves, J. “Michoacán and Rio de Janeiro: Criminal Governance, Social Control and Obtaining Profit and Political Power by Armed Self-Defense Groups and Militias”, Dilemas – Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, 2022, pp. 179-204.

⁵ Maza, A., y Ramírez, S. “Acumulación de capital criminal: la producción y distribución de mercancías ilegales en el neoliberalismo mexicano”, Escripta, Revista de Historia, 2020, 2(4), pp. 70-97.

⁶ Maldonado, S. “Los retos de la seguridad en Michoacán”, Revista Mexicana de Sociología, 81(4), 2019, pp. 737-763.

⁷ Fuentes Díaz, A., y Souza Alves, J. ob. cit.

⁸ Ochoa, M. La aparente lógica del caos. Tamaulipas un caso de estudio, IIS-UNAM, México, 2020.

⁹ Córdova, N. “Sinaloa. Reflexiones en torno a la iconografía y las matrices socioculturales del narco”, en La crisis de seguridad en México. Causas, efectos y dimensiones del problema, coord. C. Flores, CIESAS, México, 2019, 276-302.

¹⁰ Reza, G. “¡Arriba papá Mencho! claman presuntos miembros del CJNG que reparten camas y despensas”, Proceso, 19 de octubre de 2021.

¹¹ Maldonado, S. ob cit.

¹² Sampó, C. “Una aproximación teórica, el concepto de Gobernanza Criminal”, en Los actores implicados en la gobernanza criminal en América Latina, coord. S. Mejías, 2021, pp. 9-21.