Las balas que no matan: el elefante en la habitación

El elefante en la habitación. Aunque importada del inglés, es una de nuestras expresiones preferidas. La usamos para referirnos a un problema que, estando frente a nosotros de manera evidente, no nos atrevemos a señalar. Así nos sucede a veces: fingimos no estar ante el elefante para evitar lidiar con el enorme problema que supone. Volteamos hacia otro lado. Disimulamos. Y de tanto disimular quedamos atrapados entre el animal y el diminuto espacio en el que hemos elegido vivir.

Hay un elefante en la habitación en la discusión sobre violencia en México: los heridos con arma de fuego. Esto es, el conjunto de personas que sobreviven a un impacto de bala, pero que, en la mayoría de los casos, guardan secuelas físicas y mentales que les imposibilitan llevar una vida normal. Es un elefante enorme —un coloso— en una habitación que cada vez se nos hace más estrecha.

Los heridos de bala son un grupo inexistente para la televisión, los periódicos y los reportes oficiales; tampoco existen para la academia ni para las instituciones de salud que raramente guardan estadísticas o datos confiables de aquellos pocos que tuvieron la fortuna de pasar por alguna cama de hospital tras un tiroteo o un accidente con arma de fuego. La falta de atención a los heridos con arma de fuego es una lástima por consideraciones éticas, pero también por razones de política pública. La poquísima investigación que se ha centrado en este grupo no deja lugar a dudas: aquellos que han recibido un disparo de bala son más proclives a ser revictimizados —eso es, a recibir otro impacto de bala en un evento posterior— o a perpetrar violencia futura. Si tuviéramos información confiable sobre aquellos que sufrieron un impacto de bala, podríamos generar políticas públicas enfocadas en atender al grupo: integrarlos a programas de trabajo, ofrecerles atención psicológica o apoyar a las familias que lidian con tales heridos —una tarea inmensa, agotadora y sumamente costosa.

Los debates sobre violencia y armas en México suelen girar en torno al número de homicidios que ocurren cada año en el país. Acaso equivocadamente hemos hecho del número de homicidios un proxy —esto es, un indicador— de violencia. Hemos asumido que tal acto criminal es equivalente, como único sinónimo, al complejísimo fenómeno de violencia. Hay una explicación para ello: a diferencia de otras formas de violencia criminal, los homicidios tienen una cifra negra baja o muy baja; es decir, su registro estadístico es confiable. ¿El motivo? Las autoridades de salud y justicia hacen un trabajo razonablemente bueno al contar el número de muertos. Son casi todos los que son y son casi todos los que están. Junto al robo de automóviles —cuyo número aproximado conocemos bien gracias a las denuncias e investigación de aseguradoras— no hay ningún otro crimen cuya dimensión podamos cuantificar de forma tan precisa. Es el caso de las personas heridas con armas de fuego. Si tan sólo pudiéramos analizar ese fenómeno de forma correcta, no sólo tendríamos un mejor panorama del estado de la violencia criminal en el país, sino que seríamos capaces de ejecutar políticas públicas focalizadas para reducirla.

Nuestra investigación

Bajo esta premisa, realizamos una investigación cuyos resultados fueron publicados recientemente en Injury Prevention, una revista académica especializada en la prevención de lesiones y en la búsqueda por crear políticas públicas enfocadas a ello. En nuestro artículo presentamos varios hallazgos, pero acaso el más relevante sea el siguiente: entre 2013 y 2019 resultaron heridas en México, con balas provenientes de arma de fuego, al menos 150 000 personas. Obtuvimos la estimación de una fuente tan relevante como subutilizada: la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe).

Nuestro cálculo es casi tres veces mayor al oficialmente reconocido por el sistema de salud pública en México durante el mismo periodo: aproximadamente 55 000. ¡Tres veces! Si nuestra inferencia a partir de los datos de Envipe es correcta, el subregistro oficial es tan grave que no sólo se asimila al de otros crímenes, sino que impide ejecutar cualquier política pública basada en evidencia. Ese subregistro debilita las posibilidades del Estado para atender el problema. Ese subregistro cuesta vidas.

Según datos oficiales, en México, fueron asesinados con armas de fuego 97 551 personas entre 2013 y 2019. Nuestra estimación de 150 000 heridos de bala en el mismo periodo sugiere, por tanto, que por cada 10 homicidios con arma de fuego fueron heridas otras 15 personas, una proporción considerable. ¿Dónde están esos heridos? ¿Cómo conviven con el resto de la sociedad? ¿Quién los atiende?

Sabemos, por la poca investigación realizada en México, que las heridas de bala generan daños mentales enormes (ni hablar de los físicos). Incluso años después de recibido el impacto, una proporción significativa de las víctimas continúa sufriendo desórdenes postraumáticos que las lleva a situaciones de desempleo, soledad, alcoholismo o abuso de sustancias. Esto es particularmente preocupante considerando que el grupo demográfico que suele recibir más impactos de bala es precisamente aquel que, en principio, tendría que ser más productivo: hombres de entre 18 y 35 años (53 %) cuyo futuro se estropeó en un instante por un asalto, una pelea absurda, un malentendido. Las víctimas y sus familias nunca vuelven a ser las mismas.

Hacia la construcción de programas focalizados

¿Qué hacer al respecto? Nuestra investigación hace propuestas específicas. Aquí subrayamos una: la Secretaría de Salud puede y debe comenzar a compilar una base de datos consolidada con los indicadores demográficos y perfiles de los sobrevivientes (y si es posible, información de los perpetradores) a impactos de bala. Los mejores lugares para empezar son, naturalmente, los hospitales públicos y privados del país.

Ese sería el primer paso hacia un sistema centralizado capaz de dar seguimiento integral a ese grupo de la población y ejecutar programas de intervención contra la violencia realmente focalizados. Algunos de ellos podrían, como se ha hecho en ejercicios pilotos en Estados Unidos, comenzar precisamente en los hospitales. Los así llamados Hospital-Based Violence Intervention Programs (HVIPs) combinan esfuerzos de personal médico y trabajadores sociales que buscan identificar necesidades y riesgos potenciales de cada paciente durante su hospitalización. Entre otros aspectos, los HVIPs proponen vincular a los heridos de bala con servicios comunitarios, programas de tutorías y entrenamiento laboral, así como seguimiento médico y psicológico de largo aliento, incluso meses o años después de la hospitalización. En Estados Unidos y en algunas partes de América Latina, los HVIPs han mostrado su efectividad en reducir la exposición de los heridos de bala a dinámicas violentas.¹

Sobra decir que este tipo de planteamientos no están muy lejos de la premisa del presidente López Obrador alrededor de la necesidad de atender con programas sociales las causas estructurales de la violencia en zonas con altos índices de desempleo y altas tasas de marginación. Generar programas focalizados en heridos de bala es llevar este principio a una nueva escala y la única puerta de salida para el elefante en la habitación.

Carlos A. Pérez Ricart
Profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ciudad de México

Eugenio Weigend Vargas
Director de investigación en Center for American Progress

¹ Atienzo E. E., Baxter S. K., y Kaltenthaler E. “Interventions to prevent youth violence in Latin America: a systematic review”, Int J Public Health 2017, 62, pp. 15–29.Véase también: Carnell Cooper, C., Eslinger, D. M., y Stolley, P. D. “Hospital-based violence intervention programs work”, J Trauma, 2006.