La policialización del Ejército y la militarización de la Guardia Nacional

En julio de 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó en una entrevista para el diario La Jornada: “Si por mí fuera, yo desaparecería al Ejército y lo convertiría en Guardia Nacional, declararía que México es un país pacifista que no necesita Ejército y que la defensa de la nación, en el caso que fuese necesaria, la haríamos todos. Que el Ejército y la Marina se convertirían en Guardia Nacional para garantizar la seguridad”.

Transformar ejércitos en policías no es una tarea sencilla ni recomendada. Sin embargo, parece que esta idea es una acción prioritaria del gobierno de México. Así lo deja ver el anuncio del presidente sobre trasladar la Guardia Nacional a la Sedena mediante un decreto o acuerdo presidencial debido a la falta de condiciones para una reforma constitucional en esos términos y, además, referir que el traspaso de la Guardia Nacional se llevaría a cabo durante el desfile militar del 16 de septiembre.

De la amplitud de estudios sobre militarización se puede desprender una categoría inversamente proporcional denominada policialización, que en términos generales se define como la transformación de las Fuerzas Armadas en policías como resultado de su participación en tareas de seguridad pública. De acuerdo con Salazar,¹ en el momento en que el ejército se dedica a perseguir al crimen organizado y se le asigna combatir al narcotráfico, se abren las compuertas para que desplace a la policía y asuma sus funciones —o sea, que se policializan los militares o se militarizan las policías.

Actualmente, las tareas operativas del Ejército mexicano están enfocadas en el combate al narcotráfico y el crimen organizado, además de la construcción de obra pública y otras actividades que pueden consultarse en el Inventario Nacional de lo Militarizado del Programa de Política de Drogas del CIDE. De acuerdo con datos obtenidos por Animal Político en noviembre de 2021, al menos 80 000 miembros del Ejército mexicano estaban realizando tareas de seguridad pública o de apoyo a autoridades de seguridad locales. Esto significa que casi el 50 % del personal del Ejército se dedica a ser policía, tomando como referencia los datos públicos de la Sedena en los que se refiere que, en 2020, contaba con 165 454 militares activos. Además, de acuerdo con el Informe 2021 del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, habría que considerar que sólo 23 000 de los 113 833 agentes que conforman la Guardia Nacional son propios, pues el resto son soldados y marinos “comisionados”.

Por otro lado, de acuerdo con Resteigne y Manigart² —quienes estudiaron el caso de Bélgica— la policialización de las Fuerzas Armadas puede identificarse cuando “los soldados son entrenados en manejo del orden público y se han convertido en especialistas en control de multitudes, patrullaje, como sus colegas policías”. Lo anterior desencadena un proceso de mimetismo y procesos normativos comunes entre las Fuerzas Armadas y la policía que han incrementado sus interacciones operacionales.³

Para muestra, un botón: de acuerdo con información de Milenio, la Policía Militar pasó de 2800 elementos en 2013 a 45 000 efectivos en 2019. En 2014 se buscó una reestructuración del cuerpo para asistir a las autoridades civiles en la estructura de seguridad pública, a partir de capacitación y adiestramiento más enfocado a las funciones policiales civiles, como el uso del bastón policial, o el trabajo de primer respondiente; además, se incorporó la especialidad de Policía Militar para el personal del Heróico Colegio Militar.

En materia normativa, antes de contar con una Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, Sedena y Semar ya habían emitido documentos como el Manual de uso de la fuerza de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas en mayo de 2014, la Directiva que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en abril de 2012, o la directiva 003/09 del 30 de septiembre de 2009, mediante la cual se regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal naval. Dichos documentos buscaban ajustar la actuación de todo el personal militar a las reglas de uso de la fuerza aplicables en seguridad pública, y no a las de conducción de hostilidades en conflictos armados.

De esta forma, la policialización de las Fuerzas Armadas pretende que éstas adopten habilidades que les permitan actuar como policías y mantener la confianza de la población ante su mayor presencia en actividades de seguridad. Lo anterior es un aspecto diferenciador al de guerreros invencibles que se busca que todo miembro de la Fuerza Armada tenga cuando se presenta ante el enemigo a vencer.

De acuerdo con el análisis sobre tortura de Carlos Silva Forné y Sergio Padilla Oñate, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto descendió la probabilidad de que el Ejército cometiera actos de tortura. Esto puede deberse a la decisión del gobierno, en conjunción con las propias Fuerzas Armadas, sobre su forma de actuación,⁴ es decir, una menos violenta.

Por su parte, las campañas de socialización del Ejército —presencia en escuelas, en redes sociales, y en medios de comunicación para mostrar las bondades de la institución armada— establecen un ideal militar que no encaja del todo con el de personal preparado para combatir, sino más bien con el de guardián que busca servir y proteger a México. De esta manera, la propia militarización de la seguridad pública, entendida en su acepción más simple como la participación directa de Fuerzas Armadas en tareas de policía y su normalización, trae consigo un proceso de transformación interna que las lleva de una actuación militar tradicional a una actuación policial.

Esto no debe entenderse bajo ninguna circunstancia como una afirmación de que los militares son mejores policías. Basta conversar con alguna persona policía o militar para saber que hay muchos procesos policiales que los militares todavía no pueden llevar a cabo correctamente, como llenar un Informe Policial Homologado (IPH), poner a disposición, o una intervención comunitaria sin violencia (incluso las policías aún  pueden mejorar mucho en estas tareas).

La Guardia Nacional y su reforma constitucional son la muestra máxima, hasta ahora, de los alcances de la militarización en México. A la fecha su actuación no ha resultado en mejores condiciones de seguridad, ni ha eliminado prácticas ilegales o corruptas asociadas con la actuación policial, como lo muestra el Informe 2021 del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México.

La policialización no elimina la militarización porque sigue entendiendo los problemas como amenazas que se tienen que combatir. Al contrario: las policías militarizadas⁵ combaten delitos con niveles de fuerza que vuelven más probable limitar los derechos a la vida, integridad y dignidad personal. Eso no debería ser aceptable bajo ningún gobierno democrático.

Daira Arana Aguilar
Estudiante del Doctorado en Política Pública de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, y Directora General de Global Thought Mx.

Lo escrito aquí es a título personal y no refleja necesariamente la postura de las instituciones afiliadas.

¹ Salazar, R. “Policialización del ejército y tolerancia cero para los movimientos populares en América Latina”, Frónesis, vol. 16, n.º 2, 2009, pp. 274-290. ISSN 1315-6268.

² El término en inglés empleado por los autores es “policization”.

³ Resteigne, D. y Manigart, P. “Boots on the streets: a ‘policization’ of the armed forces as the new normal?”, Journal of Military Studies, 8, 2019, pp. 16-27.

⁴ Silva Forné, C., y Padilla Oñate, S. “Tortura en la guerra contra el narcotráfico en México, entre la militarización, el control político y el nuevo sistema de justicia penal”. Latin American Law Review, n.º 04, 2020, pp. 107-128.

⁵ Para profundizar en el tema, recomiendo consultar el trabajo de Sergio Padilla Oñate.