La lógica político-criminal de los asesinatos contra periodistas y líderes sociales en México y Colombia

México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo mientras que Colombia es el país más letal para ser un líder social o activista.¹ Aunque varios estudios explican de manera separada los altos niveles de violencia, ninguno lo ha hecho de manera comparada.² Este ensayo constituye un primer esfuerzo por analizar la lógica del asesinato de estas dos poblaciones. A continuación, presento una definición de esta violencia para luego explicar cómo la lógica de estos homicidios responde a patrones muy similares de redistribución de poder y reconfiguración de la violencia.³

Conceptualizando la violencia político-criminal

La violencia tiene dos dimensiones clave: la organización del conflicto armado (o simple combate) y los costos humanos directos,⁴ en los cuales me enfoco para los fines de este ensayo. Abordo la violencia como proceso y no como resultado⁵ dado que me interesa menos el conteo de víctimas como la lógica que subyace a este fenómeno. Propongo analizar conjuntamente tanto la violencia política como la del crimen organizado⁶ por dos razones: la dificultad de distinguir las motivaciones e imbricaciones de ambas violencias.⁷ Segundo, la participación de estos grupos en economías ilegalizadas no se traduce en la pérdida de sus objetivos políticos, definidos como el control territorial y la gobernanza de comunidades.⁸

Características del asesinato de periodistas y líderes sociales

Argumento que el asesinato de periodistas y líderes sociales reúne cinco características. En primer lugar, estas acciones homicidas experimentan un incremento ostensible en términos de frecuencia y visibilidad⁹ a raíz de dinámicas de redistribución de poder sin precedentes en la historia de ambos países. En México, la violencia criminal de gran escala irrumpe con la alternancia de partidos subnacionales en los años noventa, se intensifica en niveles exorbitantes con la declaración de la guerra contra el narco en 2006, y se expande hacia políticos locales y la sociedad civil en los años posteriores.¹⁰ Inicialmente, esta violencia entre carteles se transformó hacia un conflicto con el Estado,¹¹ y más específicamente, contra objetivos de alto perfil,¹² pero también se ha extendido hacia periodistas por razones políticas y no sólo criminales.¹³

La firma en 2016 del proceso de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) puso fin a un conflicto armado de seis décadas pero no de la violencia. Algunos estudios sugieren que este tipo específico de violencia es el resultado de los esfuerzos de los actores armados no estatales para controlar los lucrativos mercados ilícitos, particularmente en un momento en que los órdenes rebeldes establecidos por las FARC desaparecieron en el curso de su desmovilización y el estado no pudo implementar una presencia efectiva.¹⁴ Otros estudios plantean que esta violencia se deriva de los esfuerzos de las élites locales para frustrar los cambios políticos y sociales previstos en el acuerdo de paz y encabezados localmente por movimientos sociales y organizaciones comunitarias, frecuentemente en alianza con partidos de izquierda.¹⁵

Segundo, se trata de una violencia selectiva dirigida contra poblaciones específicas que promueven la defensa de derechos humanos, por lo que su asesinato debe entenderse como una afrenta contra la democracia. Por un lado, los periodistas investigan, reportan y revelan información clave y desconocida de los grupos armados (rutas de tráfico de drogas o conexiones con políticos locales, por citar dos ejemplos). Por otro lado, los líderes sociales suelen ser una amenaza debido a que la acción colectiva le da poder de negociación a las comunidades frente a los grupos armados.¹⁶ Investigaciones recientes demuestran con certeza que periodistas y líderes tienen un riesgo más elevado de ser asesinados que la población en general.¹⁷

Tercero, propongo que las unidades de análisis de esta violencia sean del orden subnacional. Las cifras sugieren una geografía de la violencia¹⁸ en ciudades intermedias (para el caso mexicano) y en municipios rurales (para Colombia). A los periodistas no los asesinan en Ciudad de México sino en Tijuana, Tamaulipas y Ciudad Juárez. De manera similar, a los líderes sociales los matan en los municipios de Argelia y Tumaco, y no en Bogotá o Medellín. Además, en estos territorios se ejercen autoritarismos competitivos subnacionales, es decir, órdenes políticos híbridos a nivel regional o local en el que las instituciones democráticas formalmente establecidas se ven socavadas en la medida en que la competencia electoral se vuelve altamente injusta.¹⁹

En consecuencia, una cuarta característica radica en su naturaleza híbrida que combina elementos políticos y criminales. La literatura en gobernanza criminal demuestra la colusión, colaboración y cooperación²⁰ entre miembros del Estado y grupos criminales.²¹ Además, existe evidencia periodística y judicial sobre “nóminas paralelas”²² de funcionarios del Estado trabajando para grupos armados no estatales.²³ Su naturaleza híbrida reside igualmente por el tipo de régimen político en que el que se proyecta la violencia: federal en México, y república unitaria-descentralizada en Colombia.

Por último, estos asesinatos cuentan con la omisión o con algún nivel de participación del Estado. De un lado, es innegable los altos niveles de impunidad de los homicidios. De otro lado, tanto el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas (México) como la Unidad Nacional de Protección (Colombia) son estrategias precarias, inefectivas y no están lo suficientemente financiadas para proteger a las poblaciones en riesgo.²⁴

Conclusión

Con frecuencia se escucha decir que México no es Colombia ni que Colombia es México. Aunque esta aseveración tiene validez, considero que estos dos fenómenos, inéditos en términos comparativos, revelan hasta qué punto la redistribución de poder tiene que ver con la violencia que sufren ambos países. Los asesinatos son sólo la punta del iceberg de un problema que obliga a reflexionar sobre el papel que ambas poblaciones ejercen y su relación con actores estatales y no estatales. Cualquier recomendación de política pública debería iniciar por un desmantelamiento de las estructuras criminales que se han insertado en el Estado.

Juan Corredor-Garcia
Politólogo por la Universidad del Rosario y maestro sociología política por Sciences Po Bordeaux. Actualmente cursa un doctorado en City University of New York como becario Fulbright-Minciencias. Es fundador y director de La Gaitana Periodismo Independiente.

El autor agradece la formación recibida por el Programa de Política de Drogas como insumos vitales para la realización de este artículo así como los comentarios de Sandra Ley, Andrés Besserer y Oswaldo Mena Aguilar. Todos los errores, por supuesto, son exclusivos del autor.

Este texto fue presentado en el marco del curso “Violencia criminal en las Américas: Colombia, Centroamérica, México, Brasil y EE. UU”, organizado por Paz y Seguridad y el Programa de Política de Drogas del CIDE.

¹ Ver: Reporteros sin Fronteras, “Barómetro mundial: ataques en tiempo real”, consultado el 22 de octubre de 2022; Front Line Defenders, “Global Analysis 2021”

² Ver: Dorff, C.; Colin. H., y Ley, S. “Does Violence Against Journalists Deter Detailed Reporting? Evidence From Mexico”, Journal of Conflict Resolution, 2022, 00220027221128307; Bartman, J. “Murder in Mexico: are journalists victims of general violence or targeted political violence?”, Democratization, 25(7), 2018, pp.1093-1113; Albarracín, J., y otros. “Pathways of Postconflict Violence in Colombia”, Small Wars & Insurgencies, 2022a, pp 1-25; Ávila, A. ¿Por qué los matan? En Colombia cada día asesinan dos líderes o lideresas sociales, Bogotá, Planeta, 2020.

³ Para llevar a cabo tal propósito, retomo la estrategia analítica de Stathis Kalyvas que sugiere combinar las micro-dinámicas de la violencia de guerra civil con las del crimen organizado (2015: 1518).

⁴ Kalyvas, S. “How civil wars help explain organized crime—and how they do not”, Journal of Conflict Resolution 59(8), 2015, pp. 1517-1540.

⁵ Kalyvas, S. The Logic of Violence in Civil War, Cambridge University Press, Nueva York, 2006.

⁶ Con seguridad, el texto que mejor desarrolla una conceptualización detallada de esta interacción entre el Estado y organizaciones violentas, definida como criminal politics, se encuentra en Nicholas Barnes (2017).

⁷ Barnes, N. “Criminal politics: An integrated approach to the study of organized crime, politics, and violence”, Perspectives on Politics, 15(4), 2017, pp. 967-987.

⁸ Ver: Arias, E. D. Criminal Enterprises and Governance in Latin America and the Caribbean, Nueva York, Cambridge University Press, 2017; Trejos, L., y Badillo, R. “Criminales o políticos: cuestionemos los falsos dilemas de la paz total”, La Silla Vacía, 1 de septiembre de 2022.

⁹ Durán Martínez, A. Criminales, policías y políticos. Drogas, política y violencia en Colombia y México, Ediciones Uniandes, Bogotá, 2022.

¹⁰ Trejo, G., y Ley, S. Votos, drogas y violencia. La lógica política de las guerras criminales en México, Debate, México, 2022.

¹¹ Lessing, B. “The Logic of Violence in Criminal Wars”, Journal of Conflict Resolution, 59(8), 2015, pp. 1486-1516.

¹² Trejo, G., y Ley, S. “High-profile criminal violence: Why drug cartels murder government officials and party candidates in Mexico”, British Journal of Political Science, 51(1), 2019, pp. 203-229.

¹³ Bartman, ob. cit.

¹⁴ Gutiérrez Sanín, F., y otros. “Paz sin garantías: El asesinato de líderes de restitución y sustitución de cultivos de uso ilícito en Colombia”, Estudios Socio-jurídicos 22, núm. 2, 2020, pp. 361–418.

¹⁵ Albarracín, J., y otros, ob. cit.

¹⁶ Arjona, A. Rebelocracy. Social Order in the Colombian Civil War, Cambridge University Press, Nueva York, 2016.

¹⁷ Bartman, ob. cit.; Ríos, J. “Where is territorial peace? Violence, drug trafficking and territory: the killings of former guerrilla combatants and social leaders in Colombia (2016-2021)”, Partecipazione e conflitto 15(1), 2022, pp. 290-314; Albarracín, J., y otros, ob. cit.

¹⁸ Dicho de otra manera, existe una co-localización de la violencia (ver: Blume, L.; Sauls, L., y Knight, C. “Tracing territorial-illicit relations: Pathways of influence and prospects for governance”, Political Geography, 97, 2022) en la que la labor ejercida por los periodistas y líderes sociales se desplega en los mismos espacios geográficos donde hay disputas entre diferentes actores armados ilegales y/o donde la corrupción ha permeado con mayor profundidad a autoridades locales.

¹⁹ Albarracín, J., y otros. “Local Competitive Authoritarianism and Post-Conflict Violence. An Analysis of the Assassination of Social Leaders in Colombia”, International Interactions, 2022b, pp. 1-40.

²⁰ Lo cual no niega que en otros casos exista confrontación directa entre ambos actores (Lessing, 2020b).

²¹ Arias, ob. cit.; Lessing, B. “Conceptualizing criminal governance”, Perspectives on Politics, 19(3), 2020a, pp. 854-873.

²² Utilizo este término para referirme a aquellos funcionarios de cualquier rama del Estado que integran a su vez las nóminas de grupos armados no estatales. Cito dos ejemplos: Hernán Bermúdez, secretario de seguridad de Tabasco, como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (Proceso, 2022), y Leonardo Alfonso Barrero, general (r) del Ejército Nacional, quien según la Fiscalía General de la Nación, conforma “La Cordillera”, uno de los tentáculos del Clan del Golfo (Ver: Redacción judicial, “Excomandante de las Fuerzas Militares sería parte de tentáculo del Clan del golfo”, El Espectador, 15 de febrero de 2022).

²³ Tourliere, M. “Sedena Leaks: al menos 16 informes involucran con el CJNG al funcionario nombrado por Adán Augusto”, Proceso, 17 de octubre de 2022; Coronell, D. “La lista de Otoniel”, Revista Cambio, 1 de mayo de 2022.

²⁴ Nalvarte, P. “Mexican Protection Mechanism for Journalists Set to Run Out of Funding, Spurring Press Advocates to Action”, Journalism in the Americas–University of Texas at Austin, 5 de septiembre de 2018; Dorff, C.; Colin. H., y Ley, S., ob. cit.; Albarracín, J., y otros.. “Desmantelando autoritarismos competitivos locales. Recomendaciones para la protección de líderes sociales”, Fescol, 2021.