La guerra criminal en México: definiciones, divergencias e interacciones entre grupos armados

En Latinoamérica, la relación entre el Estado y el crimen no es de suma cero. Lo que “gana” uno no lo “pierde” el otro. Más bien, esta relación se entiende como la coexistencia de distintas formas y gradientes de colusión y competencia entre los actores involucrados. Es importante entender estas aristas desdibujadas y atenuadas entre Estado y crimen para poder explicar la presencia y el incremento de la violencia en la región. En este texto planteo algunas definiciones de las interacciones entre grupos armados estatales y no estatales con base en la literatura de guerras para intentar esclarecer ciertos fenómenos violentos que involucran a grupos armados en Latinoamérica. Utilizo el caso mexicano como un ejemplo.

Primero, una aclaración importante: los bajos niveles de violencia no representan necesariamente la ausencia del crimen. En el México de los años ochenta, la violencia se mantuvo relativamente baja en el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI) debido al control centralizado del tráfico de drogas en un grupo del crimen organizado (GCO): el Cártel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo.¹

Hacia finales del siglo XX en México, el sistema político empezó a consolidarse como una democracia. Para el año 2006, tras el posicionamiento de Felipe Calderón en el p
Poder Ejecutivo, dio inició la mal llamada “Guerra contra las drogas”,² un conjunto de “operativos” de despliegue de fuerzas del Estado que conformó el banderazo de la política de militarización de la seguridad pública en el país. La violencia letal, desde entonces, ha ido en aumento, como puede apreciarse en la gráfica 1.

De acuerdo con Christian Davenport, se espera que, siguiendo los fundamentos teóricos de paz interna en las democracias, los regímenes democráticos estén correlacionados con bajos niveles de violencia.³ Sin embargo, para el caso mexicano, la violencia incrementó en lugar de disminuir. La estrategia de militarización de la seguridad pública de la “Guerra contra las drogas” puso a dos actores principales en el territorio: las fuerzas gubernamentales, específicamente las Fuerzas Armadas; y los grupos de crimen organizado (GCO).

¿México está en “guerra”?

Algunas de las definiciones para entender este tipo de conflictos tienen sus bases teóricas y empíricas en la literatura académica sobre guerras. Aunque suponen múltiples diferencias, la literatura sobre guerras civiles ha complementado el entendimiento del fenómeno que suponen la violencia criminal y su relación con el Estado.

De acuerdo con Kalyvas, una guerra civil implica un conflicto armado prolongado que tiene lugar dentro de un estado soberano reconocido entre partes sujetas a una autoridad común al inicio de la lucha;⁴ en ese sentido, “todas las guerras civiles son una batalla por el control entre un gobierno y sus competidores sobre los civiles y el territorio en el que residen”.⁵ Así, siguiendo a Nicholas Sambanis, hay un amplio consenso en la literatura de que una guerra civil puede definirse mediante las siguientes características del conflicto armado: (1) acciones armadas recíprocas y sostenidas, (2) entre las fuerzas armadas del Estado que operan dentro de su propio territorio y (3) uno o varios actores armados organizados, (4) capaces de oponer una resistencia efectiva, (5) cuyo saldo es de al menos 1000 personas fallecidas como resultado de enfrentamientos armados entre las partes en guerra.⁶

Sí, podría entenderse que la relación entre el Estado y el crimen, específicamente los GCO, en el continuo colaboración-competencia armada tiene algunos puntos de encuentro con las guerras civiles. El principal punto de encuentro es el que conforma uno de los objetivos principales de los actores armados en este tipo de conflictos: conservar, conseguir y controlar el monopolio de la violencia. Pero quiero ser clara: una guerra criminal no es una guerra civil.

Una guerra criminal, siguiendo a Guillermo Trejo y Sandra Ley, puede definirse mediante las siguientes características: (1) es un conflicto militarizado por el control de mercados ilícitos, (2) en los que los GCO crean ejércitos privados para defender territorios y (3) convergen en conflictos letales que generan violencia (a pequeña y gran escala); (4) en guerras prolongadas —es decir, la duración del conflicto importa para su análisis—, los GCO intentan establecer control más allá del mercado, y surgen gobernanzas criminales, como es el caso de Tierra Caliente, en Michoacán.⁷

Las guerras criminales son acontecimientos violentos cuyo contexto importa. El crimen organizado presenta diferentes formas y grados de evolución, cuyo avance o permanencia están sujetos al tipo de Estado, sistema político, económico y a la sociedad. Intentar hacer una comparación entre países para entender y explicar los fenómenos violentos de un lugar o de otro como resultado del continuo de colaboración-competencia entre el Estado y los GCO es infructuoso.

Por ello, es necesario entender al crimen organizado dentro de su propio contexto. De acuerdo con Jorge Chabat,⁹ en Estados “desarrollados” el crimen está “flotando sobre el radar”, es decir, no tienen influencia directa porque este tipo de Estados tienen una capacidad estatal alta para controlarlos. En estos casos, las fronteras entre crimen y Estado están claramente definidas. Latinoamérica no es este caso: la relación entre el Estado y el crimen, como menciono al principio de este texto, no es un juego de suma cero.⁹ Los GCO requieren de ciertas formas de protección estatal para poder existir.

Los actores de la guerra criminal

El inventario de la violencia no es sólo ideológico, es estratégico. Para entender los fenómenos en los que está inscrita la violencia es necesario entender no sólo las interacciones sino las motivaciones de los actores. Para el año 2020, ya se identificaba la presencia de al menos 150 grupos del crimen organizado en México, de acuerdo con la base de datos de presencia criminal del Programa de Política Drogas. El panorama es muy amplio y complejo: los GCO no son un sólo actor uniforme que se mueve estratégicamente de forma homogénea a lo largo del tiempo y el espacio. Los GCO no son estáticos, los niveles de violencia que producen de acuerdo con la interacción que sostienen con otros GCO y con las fuerzas gubernamentales han variado a través de los años.

Imagen 1. Grafo de alianzas y rivalidades entre principales GCO

La imagen muestra mediante un gráfico de análisis de redes una parte de las alianzas (señaladas con flechas grises) entre algunos de los principales grupos del GCO con mayor presencia en México y parte de sus rivales (señalados con flechas rojas).

Por otro lado, tenemos al Estado y su brazo armado como actor racional, cuya presencia en el espacio público ha ido fluctuando de acuerdo al sexenio pero con una presencia ya permanente. Esta presencia se acrecienta con la mayor asignación de recursos y mayor asignación de tareas de carácter civil. Los niveles de violencia están determinados por las interacciones y las motivaciones de estos actores. La violencia criminal y letal existe porque hay un Estado que lo permite.

Un aspecto crucial a considerar para entender los fenómenos violentos en Latinoamérica son las interacciones y las relaciones establecidas entre miembros de los GCO y las fuerzas gubernamentales, así como sus motivaciones y sus estrategias. Estas relaciones han contribuido a consolidar el dominio de los GCO a nivel subnacional, nacional e, incluso, internacional. De nuevo, es relevante observar estas guerras cada una en su propio contexto.

Ytzel Maya
Investigadora y escritora. Doctorante en Ciencia Política en el CIDE.

¹ En 1985, el homicidio de Enrique “Kiki” Camarena, un agente de la Drug Enforcement Administration (DEA), llevó a una crisis interna dentro del Cártel de Guadalajara y a su posterior fragmentación. Para una historia más completa de este periodo sugiero revisar Valdés Castellanos, Historia del narcotráfico en México, Aguilar, 2013

² La “Guerra contra las drogas” fue planteada como una estrategia de “combate frontal y eficaz al narcotráfico”, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012)

³ Davenport, C.,. State repression and domestic democratic peace, Cambridge University Press, 2009

⁴ Kalyvas, S., The Logic of Violence in Civil War, Cambridge, MA, Cambridge University Press, 2006

⁵ Arjona, A., Kasfir y Mampilly, Rebel Governance in Civil War, Cambridge University Press, 2015

⁶ Sambanis, N., “What Is Civil War?: Conceptual and Empirical Complexities of an Operational Definition.” Journal of Conflict Resolution, 48(6), 2004, pp. 814–858.

⁷ Trejo, G. y Ley, S., Votes, Drugs, and Violence: The Political Logic of Criminal Wars in Mexico, Cambridge University Press, 2020

⁸ Chabat, J., “Criminally Possessed States. A Theoretical Approach”. En Rosen, J. Bagley, B. y Chabat, J., The Criminalization of States. The Relationship between States and Organized Crime, UK, Lexington Books, 2019

⁹ Es decir, para cada a ∈ A1 × A2, la utilidad es u1(a) = –u2(a)