La Guerra contra las Drogas: el Caballo de Troya del Complejo Militar Americano

Este es la primera de dos partes de un artículo sobre las relaciones entre México y EEUU en el contexto de la Guerra contra las Drogas.

Contexto histórico de la Guerra contra las Drogas

En junio de 1971, el presidente Richard Nixon declaró la “Guerra contra las Drogas”, afirmando que el abuso de drogas era el “enemigo público número uno” en Estados Unidos. En 1973, se creó la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) con 1,470 agentes especiales y un presupuesto menor a 75 millones de dólares. Actualmente, cuenta con más de 5,000 agentes y un presupuesto superior a los 2,500 millones de dólares.^[1]

La guerra contra las drogas fue concebida en el apogeo de la Guerra Fría, mientras EE.UU. llevaba a cabo su campaña militar en Vietnam. En 1994, el jefe de política interna de Nixon, John Ehrlichman, confesó que el objetivo real de criminalizar el uso de sustancias era desestabilizar a la comunidad negra y a la izquierda anti-guerra, ambos fuertes opositores a la administración republicana de Nixon. Aunque bajo la administración demócrata de Jimmy Carter, el enfoque hacia la guerra contra las drogas disminuyó, volvió con mayor intensidad con Ronald Reagan. Bajo la Ley contra el Abuso de Drogas, se asignaron 1,700 millones de dólares y se establecieron sentencias mínimas obligatorias. Esto llevó a un aumento vertiginoso de encarcelamientos por delitos no violentos relacionados con drogas —de 50,000 en 1980 a 400,000 en 1997^[2]— afectando desproporcionadamente a comunidades minoritarias y personas de bajos ingresos.

En el extranjero, la retórica de la guerra contra las drogas sirvió como justificación a EEUU para proporcionar apoyo material a gobiernos autoritarios de derecha en América Latina, a pesar de que grupos paramilitares apoyados por Reagan como los Contras nicaragüenses estuvieran fuertemente financiados por operaciones de narcotráfico. Otro ejemplo es el caso de Manuel Noriega, informante de la CIA y colaborador cercano de EE.UU. Con ayuda de EE.UU., Noriega estableció una dictadura brutal en Panamá y se convirtió en actor clave en el comercio de drogas en la región, hasta finalmente ser derrocado por invasión militar del mismo EE.UU. en 1989.

En un momento en que el Congreso de EE.UU. se mostraba reacio a financiar más intervenciones militares en el extranjero tras la desastrosa guerra de Vietnam, la plataforma antidrogas proporcionó una vía para continuar la injerencia militar estadounidense en regiones de interés. Apoyada por la cobertura sensacionalista de los medios estadounidenses sobre el crimen violento y el consumo de drogas, la administración Reagan logró convertir los problemas sociales internos de EE.UU. en armas políticas y presentar las drogas como una amenaza a la seguridad nacional que empoderaba a enemigos extranjeros y requería el uso de la fuerza para ser contenida.

Inquietud en el Frente Mexicano

En los ochenta, el “éxito” del “South Florida Task Force” organizado por el vicepresidente George H.W. Bush reorientó las rutas del tráfico de cocaína de Miami a la frontera mexicoamericana, empoderando a los cárteles mexicanos. Cuando Bush fue elegido presidente en 1988, le exigió a Carlos Salinas de Gortari, que demostrara cooperación en la guerra contra las drogas bajo un nuevo proceso conocido como “certificación”.

Desde entonces, la presión política de EE.UU. para que México ataque a los cárteles mediante estrategias agresivas de decapitación e interdicción ha sido constante. ¿Cuáles han sido los resultados tras varias décadas de esta estrategia? El siguiente gráfico presenta un resumen de las múltiples sagas y villanos de la guerra contra el narcotráfico en México desde 1989:

Evidentemente, los jugadores cambian, pero el juego sigue siendo el mismo. La fragmentación de un grupo consolidado genera un periodo de inestabilidad social con brutales alzas de violencia (como la que se vive hoy día en Sinaloa tras la captura de lideres del Cartel de Sinaloa) para regresar a una estabilidad relativa cuando algún grupo logre consolidarse de nuevo. Sin embargo, los costos económicos, institucionales, y humanos de cada ciclo son aplastantes para la sociedad mexicana. 

Casi cuarenta años después de que EE.UU. exigiera acciones contundentes contra los cárteles por parte del gobierno mexicano, aún no se vislumbra un final. De hecho, en ciertas regiones parece que la situación ha empeorado. En su informe de 2024, el rastreador independiente de conflictos ACLED (Armed Conflict Location and Event Data) clasificó a México como el país con el mayor nivel de violencia contra civiles sin estar en guerra. Además, América Latina produce el doble de cocaína que hace una década, mientras que la población carcelaria en la región aumentó un 76% de 2010 a 2020, según el Banco Interamericano de Desarrollo, superando ampliamente el crecimiento poblacional del 10% en el mismo periodo.

Otro Caballo de Troya

Escuchamos constantemente sobre los “éxitos” contra los cárteles mexicanos gracias a los esfuerzos de agencias estadounidenses como la DEA, la CIA, u otras fuerzas policiales militarizadas. Generalmente, los triunfos se presentan en la forma de capos capturados o abatidos, desarticulación de alguna célula criminal, decomisos en la frontera o en puertos marítimos, o redadas en casas de seguridad. Pero, como concluye la investigadora del Colegio de Guerra Naval de EE.UU., Michelle Getchell, “En última instancia, la estrategia enfocada en el lado de la oferta, impulsada por la administración Reagan, exacerbó la inestabilidad regional mientras fracasaba rotundamente en su objetivo de eliminar —o siquiera reducir— la producción, el tráfico y el consumo de narcóticos.”^[3]

Entre la población estadounidense, la guerra contra las drogas es cada vez más impopular. Su continuidad es un claro ejemplo de la falta de representatividad de la democracia estadounidense y del desajuste entre las políticas de Washington y las preferencias del público. Una encuesta de 2021 realizada por la ACLU señala que “el 83% dice que la guerra contra las drogas ha fracasado. Solo el 12% cree que ha sido un éxito. El 65% apoya terminar con la guerra contra las drogas y el 73% está de acuerdo en que ‘la guerra contra las drogas no ha hecho que Estados Unidos sea más seguro ni más saludable’.”^[4]

Y sin embargo, tanto el gobierno estadounidense como muchos mexicanos insisten en continuar —o incluso intensificar— la guerra. En lugar de provocar un cuestionamiento crítico y una reflexión a largo plazo por parte de la ciudadanía y los actores políticos mexicanos, lo que existe es ceguera selectiva. El resultado de décadas de violencia e inestabilidad provocadas por esta estrategia descaminada ha sido, irónicamente, un aumento en el apoyo a su profundización, como si el problema hasta ahora hubiera sido insuficiencia de militarización y/o enfoque punitivo. Juan Pappier, investigador senior de Human Rights Watch, menciona: “Hay una tendencia en América Latina a creer que, para abordar problemas de seguridad muy graves, es necesario suspender derechos.”^[5] Proponentes autoritarios se han aprovechado de esta falsa dicotomía entre orden y democracia para llegar al poder. El populismo punitivo de dictadores como Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Noboa en Ecuador o Rodrigo Duterte en Filipinas ha demostrado ser altamente efectivo para atraer apoyo popular hacia modelos autocráticos.

La designación de los grupos del narcotráfico mexicanos como organizaciones terroristas por parte de la administración Trump, junto con su insistencia en usar fuerzas militares estadounidenses para invadir México y atacar directamente a los cárteles, es un desarrollo preocupante. Como señala un informe del Instituto CATO, “uno se queda pensando cómo espera el gobierno estadounidense tener éxito donde el gobierno mexicano ha fracasado”, argumentando que este enfoque “apuesta por más de lo mismo, como ‘apuntar a los eslabones vulnerables’ en las cadenas de suministro de los cárteles y asesinar a sus líderes.” El informe concluye: “Si la locura es hacer lo mismo dos veces y esperar un resultado distinto, esta propuesta ciertamente califica.”^[6]

En un próximo artículo, abordaré los intercambios recientes entre EE.UU. y México que parecen señalar las intenciones de Trump, y ampliaré estrategias alternativas, basadas en evidencia histórica, que México y América Latina deben adoptar para abordar el crimen organizado sin sacrificar sus instituciones democráticas en el proceso. Tras casi medio siglo atorados en un ciclo de violencia, la guerra contra las drogas sigue siendo un caballo de Troya del complejo militar-industrial estadounidense en México. Es hora de cortar el ciclo.

Etienne Rosas

Ph.D. tiene un doctorado en análisis de políticas públicas por parte de la RAND Corporation, especializado en la intersección de organizaciones criminales y terroristas/extremistas. Recientemente, realizó un posdoctorado en la School of Public and International Affairs (SPIA) en la Universidad de Princeton donde su investigación se centró en temas de corrupción institucional y erosión democrática.

^[1]https://www.history.com/articles/the-war-on-drugs

^[2]https://www.history.com/articles/the-war-on-drugs

^[3]https://warontherocks.com/2018/12/the-enduring-legacy-of-reagans-drug-war-in-latin-america/

^[4]https://www.aclu.org/documents/poll-results-american-attitudes-toward-war-drugs

^[5]https://www.cnn.com/2022/12/15/americas/el-salvador-war-on-gangs-bukele-intl-latam/index.html

^[6]https://www.cato.org/blog/one-endless-war-another-trumps-new-military-frontier-mexico