La costumbre de mentir

En septiembre, el blog Paz y Seguridad de la revista nexos convocó a autores y organizaciones a hacer un balance de seguridad durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Los textos elegidos serán publicados en este espacio. Esta es la primera entrega.

El derecho a la información implica que las autoridades proporcionan información completa, veraz, objetiva, oportuna y accesible sobre las acciones de gobierno y el uso de los recursos públicos. Este derecho es esencial para el desarrollo de una sociedad más participativa y de instituciones confiables y eficaces que respondan a las necesidades ciudadanas.¹

Sin transparencia gubernamental no existe democracia. Y para que exista transparencia se requieren dos supuestos complementarios: que las instituciones de gobierno pongan a disposición de la ciudadanía información completa y actualizada en torno a sus responsabilidades, y que existan instituciones de Estado, autónomas, abocadas a garantizar que los ciudadanos puedan acceder a dicha información.

Frente a estas definiciones democráticas, el gobierno de López Obrador insistió en la opacidad, la distorsión informativa y la mentira sistemática, como los complementos naturales a un proyecto político antiliberal, y a una ineptitud extraordinaria en todas las responsabilidades de gobierno. La destrucción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) es el corolario de ese proyecto y de esa ineptitud.

A continuación se presenta la experiencia de Causa en Común al intentar evaluar, en ese enrarecido contexto, las acciones y omisiones del gobierno que concluye en materia de seguridad.

Las instrucciones de todas las mañanas

De acuerdo con un monitoreo realizado por la organización, entre diciembre de 2018 y julio de 2024 se celebraron al menos 1410 conferencias matutinas por parte de López Obrador y miembros de su equipo. En 573 de ellas se tocaron temas relacionados con la seguridad pública. Para corroborar los datos ahí difundidos se enviaron 2596 solicitudes a las instituciones federales responsables de dichas (supuestas) acciones y de dicha información.

Los resultados muestran que sólo el 35 % de las respuestas provistas por las instituciones encargadas coincide con las declaraciones emitidas en las conferencias de prensa, sin que ello signifique necesariamente la veracidad de la información. El resto son respuestas evasivas: 20 % contienen información diferente a la difundida en las conferencias, 11 % coinciden parcialmente y 7 % contienen información irrelevante. En el 14 % de las respuestas, las instituciones no dieron información aduciendo incompetencia, en un 11 % inexistencia de la información, y en un 2 % la calificaron como reservada.²

Al no corresponder las declaraciones difundidas en las conferencias de prensa con las respuestas de las propias instituciones, el único dato cierto es que no existen datos confiables sobre la seguridad en el país.

Los gobiernos bajan el switch

La creciente dificultad para medir y verificar cualquier desempeño gubernamental ha sido, en primer lugar, resultado de la cotidiana definición de López Obrador para reducir la disponibilidad y de la información oficial.³ También es el resultado del severo estancamiento o retroceso en el que se encuentran las instituciones de seguridad y procuración de justicia. De nueva cuenta, la ineptitud y los objetivos políticos van de la mano con la opacidad y la distorsión informativa.

Ello se constata con otros ejercicios de transparencia que realizó Causa en Común durante los últimos seis años, como el Índice de Transparencia sobre el Desarrollo Policial.⁴ En dicho trabajo se acredita que al menos la mitad de los estados del país no publica información sobre su número de elementos policiales, que más de la mitad carecen de códigos de ética, que diecinueve entidades no proporcionan la totalidad de prestaciones mínimas establecidas en la ley, y que únicamente doce cuentan con academias con equipamiento para la capacitación policial.

En otro trabajo sobre los acuerdos tomados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), se emitieron 445 solicitudes de información.⁵ De las 137 instituciones involucradas, federales y locales, el 63 % alegó su “incompetencia” para proporcionar la información solicitada.

Las cifras del desprecio

Los análisis de incidencia delictiva y de sus anomalías que ha elaborado Causa en Común acreditan también la imposibilidad de confiar en las cifras que debieran dar cuenta de la realidad delictiva del país.⁶ Entre el conjunto de manipulaciones que realiza o tolera el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) destaca el traslado de víctimas de homicidios y secuestros a otras categorías como víctimas de otros delitos “contra la vida” o “contra la libertad”. Los delitos “contra la vida” se incrementaron del 14 % al 25 % del total de homicidios entre 2018 y 2024; los delitos “contra la libertad” se incrementaron en el total de este tipo de delitos del 93 % al 97 % durante el periodo. Por ejemplo, entre enero y julio de 2024, Baja California registró catorce víctimas de secuestro, en contraste con 2160 de otros delitos “contra la libertad”.⁷ El aumento de otros delitos “contra la libertad” no sólo puede deberse a la transferencia de víctimas de secuestro, sino también al aumento de denuncias por desaparición. Sin embargo, los registros de personas desaparecidas constituyen otro ejemplo de ocultamiento, dada la alteración del Registro Nacional de Personas Desaparecidas por parte del gobierno de López Obrador, para pasar de 110 000 desaparecidos a poco más de 12 000.⁸

Como también ha documentado Causa en Común, la probable manipulación de cifras de incidencia por parte de los gobiernos federal y estatales va más allá de los homicidios, los secuestros y las desapariciones.⁹ Los ejemplos son múltiples y extremos: en 2019 y 2020, Tlaxcala reportó 17 y 18 casos de violencia familiar¹⁰; entre 2019 y 2022 Colima no reportó robos de vehículo;¹¹ durante 2021 y 2022, Nayarit reportó cuatro casos de robo con violencia. Como ejemplos de “traslados” a otras categorías, en 2023 Baja California y Guanajuato no registraron víctimas de trata (pero 72 víctimas de corrupción de menores y 180 víctimas de otros delitos “contra la sociedad”, respectivamente). También en 2023, Guerrero y Chiapas reportaron disminuciones en sus reportes de extorsión, del 43 % y 41 %, respectivamente.¹²

Ejemplos de este año: entre enero y julio, Colima y Sonora no reportaron víctimas de trata de personas, pero sí 84 y 103 víctimas de otros delitos “contra la sociedad”. Durante el mismo periodo, Chihuahua y Tlaxcala registraron tres y una víctima de extorsión, respectivamente. En el caso de violencia familiar, si comparamos con el mismo periodo de 2023, Campeche registra una disminución del 28 %. Comparando ambos periodos, Chiapas y Chihuahua registran disminuciones en narcomenudeo de 61 % y 73 %, respectivamente. También en el primer semestre de 2024, únicamente el 23 % de las 2047 mujeres asesinadas fueron registradas como víctimas de feminicidio.

Quizá algún día…

En un torpe y vano intento por disminuir el costo político asociado, tanto a la criminalidad como a la definición de no enfrentarla, los gobiernos —el federal y la mayoría de los estatales—, acostumbran mentir sobre la situación de inseguridad que padece el país. Es importante subrayar que la mentira gubernamental, siempre presente, alcanzó niveles nunca vistos durante el gobierno de López Obrador y se complementó con otras acciones, como los ataques sistemáticos contra el Inai. Su próxima destrucción y la de otras instituciones propias de una República democrática es el corolario de un sexenio que acumuló, como ningún otro, ineptitudes e impunidades, corrupciones y tragedias diversas; que despreció el talento y la competencia, la eficacia y la inteligencia. En fin, había claridad en la definición de “apagar la luz”. Quizá algún día vuelvan las condiciones que en otra época permitieron crear instituciones para la democracia. Quizá.

Causa en Común
Organización ciudadana fundada en 2010 por su presidenta María Elena Morera Mitre. Tiene como misión lograr un México más justo mediante la defensa de las libertades, las garantías y los derechos humanos; el fortalecimiento de las instituciones democráticas, con especial énfasis en aquellas responsables de la seguridad pública y la justicia; así como la generación de propuestas enfocadas a la atención de víctimas.

¹ Juncón, M. A., El derecho de acceso a la información: de la penumbra a la transparencia, Porrúa, 2003

² Causa en Común, No tienen, no quieren y no entienden: la accidentada complicidad de las instituciones en la desinformación de cada mañana sobre nuestra inseguridad, 2024

³ De acuerdo con una investigación de Mexicanos Unidos Contra la Corrupción, en agosto de 2023, el 71 % de las bases de datos oficiales del gobierno federal se encontraban abandonadas. Véase: Unidad de Investigación Aplicada, Sin otros datos. El legado de la política de transparencia de AMLO y el abandono de la información pública. Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, 2023

⁴ Causa en Común, Índice de Transparencia sobre el Desarrollo Policial, 2023

⁵ Causa en Común,Los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública: deficiencias, incumplimientos y opacidad, 2022

⁶ El conjunto de anomalías y posibles manipulaciones de los registros estadísticos parte, además, de una “cifra negra” (delitos no denunciados), superior al 90 % de los delitos registrados en las encuestas de victimización. Véase: Inegi, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública: Denuncia del Delito, 2023

⁷ Causa en Común, Análisis de los registros de incidencia delictiva y posibles manipulaciones, 2024

⁸ Causa en Común,La mutilación del censo de desaparecidos, producto de una perversidad política en aumento, 2023

⁹ Causa en Común,Análisis de los registros de incidencia delictiva y posibles manipulaciones, 2024

¹⁰ El número de casos de violencia familiar reportados por Tlaxcala en 2019 y 2020, fue equivalente al 1 % y al 2 % del total de casos reportados por Yucatán, respectivamente Véase: Causa en Común, Análisis de los datos disponibles de incidencia delictiva, 2021

¹¹ Causa en Común, Análisis de los registros de incidencia delictiva y posibles manipulaciones, 2023

¹² Causa en Común, Análisis de los registros de incidencia delictiva y posibles manipulaciones, 2024