La atención a las causas del delito como política de seguridad

En septiembre, el blog Paz y Seguridad de la revista nexos convocó a autores y organizaciones a hacer un balance de seguridad durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Los textos elegidos serán publicados en este espacio. Esta es la sexta entrega.

Las entregas anteriores son:
La costumbre de mentir
Una Fiscalía sin norte: ¿cuál es la estrategia en la procuración de justicia federal?
Gobiernos bajo asedio: la violencia político criminal a nivel subnacional
Crónica de una militarización anunciada
Otro sexenio perdido para la seguridad regional

Uno de los ejes principales de la estrategia de seguridad en la administración de López Obrador ha sido la atención a las causas del delito. Este eje también estuvo presente en la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, y es parte integral de su estrategia de seguridad en su encomienda como presidenta, en una clara lógica de continuidad de la administración López Obrador.

Por las causas del delito, López Obrador y Sheinbaum se refieren, centralmente, a pobreza y a otros factores de índole socioeconómico que denotan carencias y están fuertemente asociados a la pobreza, como la (falta de) acceso a servicios adecuados de salud, educación de buena calidad o a trabajo digno y bien remunerado. Ellos han señalado que los programas encaminados a atender estas (presuntas) causas del delito, particularmente entre los jóvenes, incluyen el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JFC) a nivel federal, o los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), en la Ciudad de México. JCF ofrece una beca a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan, además de que los vincula con empresas y centros de trabajo, mientras que en los PILARES, entre otras actividades, se ofrecen oportunidades educativas, como la oportunidad de concluir la preparatoria.

Pero, ¿qué nos dice la evidencia empírica al respecto?, ¿hay una relación causal directa entre la pobreza y la violencia o el crimen? En las siguientes líneas reflexionaré sobre la relación entre ambas variables, esperando que pueda dar pie a discusiones posteriores sobre la pertinencia y efectividad de la política social de los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum como inhibidora de la violencia.

Es innegable que el delito, y particularmente el delito violento, se concentra en lugares pobres. En promedio, en lugares más ricos (ya sean estos países o comunidades) se cometen menos delitos violentos que en lugares más pobres,¹ lo que parecería indicar que las personas en situación de pobreza son responsables de la mayor cantidad de violencia generada en un lugar en específico.

Sin embargo, esta regularidad empírica, que se sostiene cuando uno analiza las tasas de pobreza y violencia en un punto del tiempo, deja de ser cierta cuando se miden cambios en el tiempo. Es decir, cambios en niveles de pobreza no están asociados con cambios en niveles de violencia o criminalidad.² Por poner solo un ejemplo del caso mexicano, durante la crisis económica de 1994, una de las más significativas en la historia del país, la tasa de homicidio se encontraba en una tendencia a la baja —y así seguiría en los siguientes años—, y en niveles considerablemente menores a los actuales.

Además, la violencia es consecuencia, pero también causa de la pobreza, lo que dificulta establecer una relación causal entre ambas variables. Lugares más violentos tienden a tener menos y peores servicios públicos, y son menos proclives a la inversión, lo que genera un círculo en el que violencia y pobreza se alimentan mutuamente dificultando que las comunidades (y sus habitantes) prosperen.

Entonces, ¿cómo conciliamos ambas visiones?, ¿las personas en situación de pobreza son más proclives a cometer actos violentos?, ¿o, más bien, sucede que viven en lugares violentos de los que es muy difícil escapar?

Si bien en el agregado la violencia se concentra en lugares pobres, una fracción minoritaria de la población en estos lugares es responsable de la mayor parte de la violencia y la criminalidad. Es decir, como afirma Thomas Abt, aunque la mayor parte de los perpetradores de la violencia son pobres, la gran mayoría de los pobres no son perpetradores de violencia.³

Y, si lo pensamos un momento, esta noción resulta ser muy intuitiva. La gran mayoría de las personas, sin importar que se encuentren en una situación económica adversa, jamás cometerán un delito, y menos uno violento. Si la pobreza fuera un determinante directo y significativo en la propensión de las personas a cometer un delito, los niveles de criminalidad y violencia serían de un orden de magnitud considerablemente mayor al actual.

La evidencia empírica, en cambio, apunta a que el crimen se concentra en lugares y personas en específico. Por una parte, y como señala Weisburd,⁴ existe una “ley de concentración del crimen”, que significa que el crimen no se encuentra distribuido uniformemente en el territorio, sino que es un fenómeno predominantemente urbano que se encuentra concentrado en algunos puntos calientes, o hot spots, y que esta concentración muestra niveles muy similares en distintas ciudades a través del tiempo.

Por otra parte, la mayor parte de la violencia es perpetrada por y en contra de hombres jóvenes, que viven en entornos de mucha pobreza. Pero, de nuevo, no todos los jóvenes que viven en entorno de pobreza, sino un grupo reducido es responsable de una proporción significativa del crimen y la violencia. Por ejemplo, en Oakland, el 60% de los homicidios ocurren dentro de una red social de aproximadamente el 0.3% de la población, mientras que en Chicago el 70% de los enfrentamientos con armas no letales —y el 46% de los letales— en una red social que incluye únicamente al 6% de sus residentes.⁵

A la luz de lo anterior, ¿qué podemos esperar de la estrategia de atención a las causas de López Obrador y Sheinbaum?

A reserva de lo que indiquen evaluaciones rigurosas respecto de la efectividad de JCF, PILARES u otros programas sociales que también siguen la lógica de la atención a las causas del delito, no hay razones para pensar que esta estrategia es efectiva en la reducción de la violencia y el delito, debido a que estas intervenciones no están atendiendo las dinámicas particulares de la violencia y el crimen, en particular, la concentración del crimen.

Los programas exitosos de reducción del delito, particularmente del delito violento, concentran sus esfuerzos en la muy reducida parte de la población que es responsable de la mayor parte del crimen, actúan con celeridad y certeza, y combinan aspectos preventivos y punitivos, trabajando de la mano de la comunidad para ofrecer alternativas que permitan que aquellos individuos en riesgo de cometer delitos se alejen de los entornos violentos y, en caso de que no lo hagan, ser detenidos antes de que actúen.⁶

La política de atención a las causas, por su parte, no sigue ninguna de estas características. No identifica a aquellos actores que son más proclives a cometer delitos, no establece mecanismos que permitan identificar el entorno en el que se desenvuelven para actuar con certeza y celeridad, ni trabaja con la comunidad para desescalar la violencia. Hacer transferencias a jóvenes que no estudian o trabajan, brindar oportunidades educativas, o facilitar oportunidades de trabajo pueden ser grandes objetivos de política social, mas no están alineados con lo que sabemos que funciona en política de seguridad.

Conclusión

Identificar (y atender) las causas raíz de delito es, en definitiva, una misión loable y un buen horizonte en el diseño de la estrategia de seguridad de cualquier gobierno. Sin embargo, hoy en día no hay consenso y evidencia empírica generalizable que indique cuáles son estas causas. Esto no quiere decir, sin embargo, que no existan muchas intervenciones que han probado ser exitosas en la reducción de la violencia, siguiendo los principios de la ley de la concentración del crimen y que hayan sido implementadas en México. Por ejemplo, el programa Alto al Fuego en la Ciudad de México (implementado en la administración de Sheinbaum) parece tener buenos resultados en la reducción de algunos delitos.

Esa, a mi parecer, es la estrategia para pacificar al país. Que nuestro horizonte sea tener un entendimiento cada vez más claro de la violencia, pero, al mismo tiempo, anclar la política de seguridad en la evidencia empírica y que ha probado tener resultados positivos.

Guillermo Guevara
Consultor en política pública, especializado en justicia y seguridad pública en México y la región. Es politólogo por el ITAM y maestro en políticas públicas por la Universidad de Chicago.

¹ Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined, Viking, 2011

² Thomas Abt, Bleeding Out: The Devastating Consequences of Urban Violence —and a Bold New Plan for Peace in the Streets, Basic Books, 2019

³ Ibid.

⁴ Weisburd, D. “The law of crime concentration and the criminology of place”, Criminology, 2015, pp. 133-157.

⁵ Nicholas Corsaro y Robin S. Engel, “Most Challenging of Contexts: Assessing the Impact of Focused Deterrence on Serious Violence in New Orleans,” Criminology and Public Policy 14, no. 3, 2015, pp. 471–505; Andrew V. Papachristos, Christopher Wildeman, y Elizabeth Roberto, “Tragic, but Not Random: The Social Contagion of Nonfatal Gunshot Injuries,” Social Science and Medicine 125, 2015, pp. 139–150.

⁶ Muchos de estos esfuerzos se concentran bajo el paraguas del programa de Alto al Fuego (Operation Ceasefire), implementados en distintas ciudades en Estados Unidos con resultados exitosos.