Hallazgos del gasto en seguridad: más allá de la ASF

Para cumplir con el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, los estados y municipios debieron presentar, desde septiembre de 2019 y 2020, los diagnósticos y programas para el fortalecimiento de las capacidades policiales sobre la base de la corresponsabilidad financiera ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) y los congresos locales. Por lo tanto, el discurso político en seguridad tendría que reflejarse en el presupuesto destinado a nivel local a las instituciones de seguridad pública. ¿Cumplieron los gobiernos con esta obligación?

Ilustración: Víctor Solís

Hasta el día de hoy, dichos diagnósticos no son públicos y tampoco existe registro o dictamen de los congresos locales sobre los mismos. Lo único disponible es un comunicado de la SSPC¹ y los acuerdos del CNSP,² en los que se tienen por “presentados los informes de actividades y los diagnósticos”.

¿Por qué es importante exigir su publicación? Precisamente para examinar si el discurso político que prioriza mejorar la seguridad pública es congruente con lo que se le destina a esta agenda en términos presupuestales. A partir de las necesidades detectadas en dicho ejercicio, ¿cuánto invierten nuestros gobernantes en el fortalecimiento de sus policías?, ¿en qué, cuánto y cómo gastan los presupuestos en seguridad?

Pese a que de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ciertos aspectos de la información en la materia es reservada, esto no ocurre con los datos abiertos sobre gasto en nómina policial que publican mensualmente los sitios de transparencia de los gobiernos. De esta manera es posible verificar la consistencia entre los datos relativos a este rubro (gasto en nómina anonimizada, bajo la clasificación de puesto y salario), con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública³ (SESNSP) que corresponde, por ejemplo, al número de policías en el estado o municipio con certificación respecto al total.

Analizar el gasto en seguridad pública requiere de curiosidad y paciencia para escudriñar y seguir el destino de cada peso que debió llegar a la policía. Después de más de 10 años realizando esta tarea, observo cada año la ausencia de controles de fiscalización y sanciones de las cuentas públicas que son prácticamente “llamadas a misa”. Frecuentemente me escriben policías en el país quejándose por la falta de uniformes o de un sueldo digno, o porque se ven obligados a pagar de su bolsillo la gasolina para su patrulla.

Hasta 2020, el subsidio para la seguridad en los municipios (Fortaseg) tuvo como prioridad el programa de mejora de las condiciones laborales de las policías y comprendía doce prestaciones sociales —para 2021 fue eliminado del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)—. Sin embargo, los casi 300 municipios que lo recibían sólo invirtieron 17 % en este rubro, es decir, 803 millones de pesos. En tanto, los estados asignaron, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), cero pesos para dicho programa.⁴

En julio de 2019, el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) aprobó un acuerdo⁵ para que los municipios destinaran 50 % del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales (Fortanum) al fortalecimiento de las policías. Sin embargo, el compromiso no se vinculó con las reglas de gasto de los artículos 8 y 7 del PEF para los Ejercicios Fiscales 2020 y 2021.

Fortamun/Seguridad

Fuente: Transparencia Presupuestaria SHCP. Elaboración propia

Salvo por los informes de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), muy poco se sabe de cuánto gastan realmente los municipios en el fortalecimiento de las policías. En 2017, la ASF evidenció que la asignación del Fortamun para seguridad pública fue no mayor al 43.6 % (gráfico 2). Para 2018, el gasto en seguridad vía Fortamun fue inferior al 35.5 % (gráfico 3).

Fuente: ASF, Cuentas Públicas 2017 y 2018

En cuanto a la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, la ASF entregó  los informes de resultados en febrero de este año. Nuevamente se evidenció que la policía no es una prioridad y que los diagnósticos del Artículo séptimo transitorio fueron un mero trámite para el CNSP. Entre los principales hallazgos de la Auditoría se encontró que los estados —el caso particular de Nuevo León y otros más— entregaron diagnósticos sin informar de los avances y metas en el fortalecimiento de las capacidades policiales. Luego entonces, la pregunta obligada: ¿por qué el CNSP, incluidos el presidente de la República, gobernadores, funcionarios del gabinete de seguridad y consejeros ciudadanos han aprobado estos reportes sin una revisión profunda? Sobre todo si se toma en cuenta el mandato constitucional que trajo consigo la reforma de la Guardia Nacional. En diciembre de 2020, en tan sólo 10 minutos, se aprobaron estos diagnósticos, sin discusión ni publicidad alguna de los avances.

En cuanto al ejercicio de los recursos federales destinados a seguridad pública como son FASP, Fortaseg y Fortamun, la ASF observó la falta de documentación comprobatoria del gasto, bienes adquiridos no localizados, pago de precios superiores a los contratados, servicios no realizados, entre otros. Lo anterior, sumado a las reservas de ley, se convierte en opacidad para el gasto público en seguridad.

Fuente: ASF, Cuenta Pública 2019

¿Tiene el gasto en seguridad pública resultados tangibles en la reducción del crimen y la violencia, así como en el fortalecimiento de nuestras policías? Para obtener esta respuesta, la ciudadanía debe demandar rendición de cuentas en el gasto público en esta agenda. Es la prueba de fuego para que los próximos alcaldes y gobernadores pasen del discurso a los hechos. Es indispensable, también, hacer un llamado para que el SESNSP lidere y retome las mesas de trabajo en materia del financiamiento del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, para ir más allá del sobrediagnóstico de las policías y hacer realidad la reforma policial.

Mayra Hernández Maciel
Especialista en seguridad y gasto público.

¹ SSPC. Boletín 873/19 del 27 septiembre de 2019.

² DOF. Acuerdos 05/XLV/19 y Acuerdo 02/XLVI/20 del CNSP publicados en fechas 18 diciembre de 2019 y 21 de diciembre 2020.

³ Sobre el avance del Modelo Óptimo de la Función Policial SESNSP. MOFP, actualización diciembre 2020 y el Informe de la Evaluación de Control de Confianza y Certificación del Personal del Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones sd Seguridad Pública.

⁴ Fuente: SESNSP, MET Situación Presupuestaria Fortaseg-FASP 2020. Gráfico 1.

⁵ DOF. Acuerdo CNSP 04/XLIV/19, publicado el 17 de julio de 2019 en DOF.