Enojo y resignación: corrupción policial y protesta en México

La violencia criminal acecha la vida cotidiana de los mexicanos. Cuando ocurren delitos y eventos violentos, los ciudadanos tienen la opción de acudir a la policía directamente o presentar una denuncia en el Ministerio Público. Con frecuencia, sin embargo, muchas de estas víctimas sufren un nuevo agravio cuando buscan ayuda de las autoridades: la corrupción policial.

Ilustración: Patricio Betteo

De acuerdo con datos del Latin American Public Opinion Project (LAPOP) 2019, México es el segundo país más corrupto de Latinoamérica, después de Bolivia. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 reveló que 59.2 % de los mexicanos reportaron haber sido víctimas de la corrupción en interacciones con la policía y 24.8 % cuando acudieron al Ministerio Público. Con frecuencia, la corrupción policial ocurre después de un delito violento, aunque este no es siempre el caso.

Ahora bien, ¿cómo reaccionan los ciudadanos ante la corrupción policial? ¿Cómo se manifiestan aquellos que son doblemente victimizados, primero al sufrir un delito violento y luego al padecer la corrupción policial? En un artículo publicado recientemente en la revista Governance ofrecemos algunas respuestas. Estudiamos tres posibles tipos de respuestas a estos eventos de victimización. A continuación presentamos un resumen de nuestras conclusiones.

Primero, corroboramos los hallazgos de investigaciones previas que encuentran que aquellos que sufrieron un delito violento son más propensos a movilizarse a través de protestas públicas o de bloqueos de calles. Sin embargo, este aumento en la propensión a protestar palidece frente al incremento en la propensión a protestar cuando la persona ha sido víctima de la corrupción policial. En el artículo sostenemos que esto se debe probablemente al enojo de ser víctima de la corrupción policial, dado que esta institución es la que debería protegerlos de la delincuencia. La denuncia contra este tipo de corrupción se complica por miedo a represalias o por dificultad para identificar a los perpetradores. De hecho, nuestro estudio indica que la probabilidad esperada de que el ciudadano víctima de corrupción policial proteste llega a 32.5 %.

Segundo, encontramos que los ciudadanos que son víctimas de la corrupción en el Ministerio Público —hayan sido o no víctimas de un crimen violento— suelen buscar respuestas a través de canales institucionales alternativos a los que brinda esta autoridad para denunciar. Es decir, este tipo de víctimas buscan participar en las reuniones de cabildo o firmar documentos o peticiones para protestar. Ante la mayor posibilidad de identificar y culpar a los perpetradores de los actos de corrupción —en este caso: los funcionarios que trabajan en las oficinas del Ministerio Público—, los afectados optan por usar estos mecanismos para intentar incidir en el funcionamiento del Ministerio Público, además de abrir la posibilidad de que se produzca alguna sanción para los perpetradores del acto de corrupción. A diferencia de aquellos que fueron víctimas de corrupción policial y protestan con ira y enojo en las calles, las víctimas de corrupción del Ministerio Público parecen canalizar estos sentimientos a través de estas instancias o medios alternativos que buscan hacer rendir cuentas a los responsables. Además, levantar quejas o denuncias por medio de estos mecanismos institucionales alternativos —como, por ejemplo, los consejos ciudadanos— podrían proteger más efectivamente a los denunciantes si comparamos estos canales con un escenario hipotético en el que estos tuvieran que volver a acudir al Ministerio Público para denunciar el acto de corrupción.

Tercero, encontramos que el peor de los escenarios ocurre cuando el ciudadano es en primer lugar víctima de un delito violento y en segundo lugar víctima de la corrupción del oficial de policía al que recurrió para solicitar ayuda. Para esta víctima, la probabilidad de protesta cae a 2.64 %, valor muy cercano al de aquellos ciudadanos que no reportan haber sido víctimas ni de un delito violento ni de la corrupción policial. Estos ciudadanos, que resultan doblemente victimizados y para quienes les resulta muy difícil identificar a los policías corruptos, parecen no encontrar espacio u oportunidad para producir un cambio o penalizar a los responsables de los delitos. Este tipo de víctima con frecuencia expresa sentimientos de resignación, debido a que su búsqueda de una solución a la primera victimización que sufrieron culminó con mayores pérdidas por la corrupción y pocas posibilidades de sancionar a los perpetradores. Esta desazón se traduce en parálisis, lo que hace de este tercer tipo de respuesta la peor de todas: la de ciudadanos resignados a vivir en medio del crimen y sin expectativas de que el Estado les brinde seguridad.

Nuestra investigación deja importantes lecciones para las personas encargadas de diseñar políticas públicas. Primero, que las víctimas de la corrupción perpetrada por la policía están dispuestas a manifestarse, presentar denuncias y buscar canales para sancionarla. Estas reacciones ciudadanas podrían ser mucho más efectivas si los cuerpos de seguridad y procuración de justicia en México crearan oficinas independientes especializadas en recoger estas denuncias y garantizaran la seguridad de los denunciantes. Segundo, es necesario crear mecanismos de vigilancia del trabajo policial. En particular, las tecnologías de vigilancia deben acompañar el trabajo de la policía cotidianamente. Finalmente, es necesario mejorar las condiciones laborales de los cuerpos policiales, particularmente sus salarios, para desincentivar la corrupción. Los miembros de estas instituciones merecen, como todo ciudadano, una vida digna con sueldos competitivos que compensen su esfuerzo y los riesgos que enfrentan.

Aldo F. Ponce Ugolini
Profesor-Investigador de la División de Estudios Políticos y colaborador del Programa para el Estudio de la Violencia del Centro de Investigación y Docencia Económicas

Ma. Fernanda Somuano
Profesora del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México

Rodrigo Velázquez López Velarde
Profesor-Investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas