Ellas que ven por nuestra seguridad

Las mujeres que integran las instituciones de seguridad pública representan uno de los grupos más vulnerables ante la contingencia por el COVID-19. Policías, operadoras de llamadas de emergencia, trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas y encargadas de las labores de limpieza en este sector se han convertido en la primera línea de batalla en la crisis sanitaria. Incluso antes de contingencia se enfrentaban ya a desigualdades en términos de salarios, ascensos, tratos y reconocimientos en comparación con los hombres que laboran en sus mismos ámbitos de trabajo. Por el hecho de ser mujeres, además, muchas enfrentan situaciones de acoso, hostigamiento sexual o violaciones en el ámbito laboral. Ahora, en medio de una situación de emergencia, estas desigualdades permanecen y se vuelven incluso más pronunciadas.

Ilustración: Kathia Recio

Contar con el equipamiento adecuado para hacer frente al COVID-19 es fundamental para el cuidado de la salud del personal de seguridad pública toda vez que requieren estar en contacto cercano con otras personas. Sin embargo, el equipo y material sanitario no ha sido suficiente para garantizar la protección de estas trabajadoras. Algunas corporaciones policiales, por ejemplo, reparten a su personal mascarillas, guantes y caretas plásticas para proteger al personal operativo. Sin embargo, si antes de la contingencia de salud la mayoría de las instituciones de seguridad pública no lograban proveer a su personal el equipamiento completo por falta de presupuesto, medidas de protección adicionales representan un reto importante. Las mujeres policía, que representan 20 % del estado de fuerza del país continúan sus labores cotidianas en este contexto –revisiones, detenciones y traslados de personas potencialmente portadoras del virus– sin los medios para evitar contagiarse. Por su parte, el personal administrativo y de limpieza (en su mayoría conformado por mujeres), que incluye a las unidades de atención a víctimas, puede verse en un riesgo incluso más alto por estar expuesto a concentraciones de personas en espacios reducidos.¹

Otro aspecto a considerar son las cargas de trabajo. La policía en México tiene, en general, turnos de 24 horas de trabajo por 24 de descanso y 7.3 horas extra en promedio sin ingreso adicional, lo que de por sí representa retos importantes para la llevar a cabo actividades familiares y sociales. Ante la pandemia, sin embargo, es muy probable que sus jornadas se extiendan (como ha pasado en otras partes del mundo).

Además de profesionistas, muchas de ellas son amas de casa y, en este papel, desarrollan labores no remuneradas: cuidan de sus hijas, hijos y otros miembros de la familia, además de realizar otras tareas del hogar. Según datos del INEGI, estas funciones se traducen en aproximadamente 28 horas de trabajo a la semana, equivalentes a 55 800 pesos mexicanos anuales en promedio por mujer. Ahora hay que considerar que debido a la pandemia, este cómputo semanal de tiempo trabajado creció, debido a que el confinamiento mantiene en casa a sus hijos en edad escolar (con la demanda de cuidados que esto implica) y/o a sus parejas y familiares, que exigen de ellas comida y ropa limpia.

A lo anterior hay que sumar que podrían enfrentar obstáculos y situaciones de violencia y discriminación adicionales en la vía pública. Ante las políticas de movilidad instaladas para la contingencia en la Ciudad de México, por ejemplo, muchas mujeres en estos sectores deben caminar varias calles más que de costumbre para llegar a sus trabajos debido al cierre de algunas estaciones del Metro y del Metrobús. Estas medidas repercuten especialmente en personal que trabaja en el turno nocturno, por ejemplo, las operadoras de llamadas de emergencia.

Los riesgos y la violencia a los que están expuestas las mujeres que trabajan en instituciones de seguridad pública han sido por mucho tiempo invisibilizados y normalizados. Colectivamente debemos de pensar qué podemos hacer para facilitar su esfuerzo en la coyuntura actual, así como tomar acciones para visibilizar los problemas que enfrentan. En esta contingencia se han propuesto acciones para proteger poblaciones vulnerables ante la COVID-19, incluyendo el resguardo e inactividad de personas diabéticas, hipertensas o con obesidad. Sin embargo, no se han abordado estas acciones desde una perspectiva de igualdad de género. Un estado de emergencia no es excusa para olvidarnos de las desigualdades y de la violencia que vivimos, y menos aún es pretexto para exacerbarlas.

Verónica Jaso
Estudió políticas públicas en el CIDE. Trabaja e investiga temas de justicia de género y seguridad.

¹ Este factor podría verse agudizado por un aumento en la cantidad de víctimas de violencia familiar que canalicen y atiendan en las corporaciones.