El reto del control territorial de la delincuencia organizada

En el contexto de violencia actual, parece que los grupos de la delincuencia organizada buscan capturar espacios de toma de decisiones, de producción económica y de la vida social. La analista Lilian Chapa Koloffon publicó un listado de actividades capturadas por el crimen organizado a nivel nacional: el transporte público (taxi y autobuses), alimentos (producción de pollo y huevo), venta y distribución de gas LP, tala y pesca clandestina, además de servicios de “escorts” (trabajo sexual), entre otras. Lo anterior refleja la extensión de la intervención de la delincuencia organizada y nos permite comprender la magnitud de un problema subyacente: el ejercicio del control territorial.

En la misma línea, este texto busca explorar las siguientes preguntas: ¿qué significa que un grupo delincuencial controle el territorio?, ¿por qué los grupos delictivos organizados quieren interferir en las actividades económicas y electorales? Y, ¿qué otras actividades económicas, políticas y sociales se encuentran en riesgo de ser capturadas?

Es común escuchar en los medios que un grupo delincuencial controla un municipio, estado o lo que se llama coloquialmente como “la plaza”. Además, funcionarios extranjeros, como el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken, han afirmado que “cárteles de la droga controlan partes de México”, mensaje que distintos medios nacionales no dudan en replicar.

En Ciencia Política, el control se puede entender desde el concepto de poder que, en su acepción más general, se refiere a la imposición de una voluntad sobre otra, donde uno o unos ejercen su voluntad sobre otros con la posibilidad de resistencia por parte de los controlados o dominados.¹ Por lo tanto, en un contexto de relaciones sociales, el control es un ejercicio de poder.

Para la geografía humana, el territorio es la definición política del espacio, producto de un enfrentamiento entre distintos actores para organizarlo y explotarlo.² La teoría del Estado y la geopolítica consideran al territorio indispensable para la existencia de un Estado-nación, lo que explica las guerras y el expansionismo como una competencia para ampliar su dominio. El control territorial es aquel que ejerce un sujeto sobre un espacio determinado, permitiendo su administración y organización bajo una correlación de fuerzas dominantes.

¿Por qué un grupo criminal quiere controlar territorios? Esto está ligado al origen de los actuales grupos de la delincuencia organizada y al tráfico de drogas desde inicios del siglo XX como una actividad de naturaleza territorial que requiere de espacios para la siembra, producción, transporte y venta. El prohibicionismo obligó a productores de drogas a operar clandestinamente y buscar la protección de autoridades a cambio de compartir ganancias.

Se le atribuye a las políticas de combate frontal a la producción, tráfico y venta de drogas del esquema prohibicionista el incremento de la violencia en el país, pues orillan a las agrupaciones criminales a luchar por conservar sus territorios entrando en conflicto con las fuerzas estatales y con otros grupos rivales.³ El territorio es elemental; sin su control para operar y corromper autoridades, los grupos enfrentan el riesgo de ser absorbidos o desarticulados. Por lo tanto, el control territorial es esencial para la supervivencia del crimen organizado, asegurando espacios para la producción de drogas, protección contra grupos rivales y protección por las autoridades.

Las transformaciones del mercado y “la guerra contra las drogas” han obligado a las estructuras delictivas dedicadas al tráfico de sustancias a diversificar sus actividades. El control de territorios les permite adaptarse a los cambios en los mercados ilegales y así continuar extrayendo recursos. Los esfuerzos por reducir el tráfico de drogas no serán efectivos si las agrupaciones pueden reorientar sus actividades hacia la extorsión, tráfico de personas, robo de hidrocarburos, etc., ya sea en territorios controlados o nuevos.

El control de una estructura delictiva se basa en cuatro dimensiones de relaciones:

1. Delictiva. Relación entre una estructura delictiva con otra
2. Política. Relación de una estructura delictiva con el gobierno (en sus distintos órdenes)
3. Económica. Relación de una estructura delictiva con los sectores productivos
4. Social. Relación de la estructura delictiva con la población civil

Cuando se dice que un grupo controla un territorio, significa que no sólo monopoliza las actividades delictivas en un lugar, sino también las relaciones establecidas en las cuatro dimensiones mencionadas: empresarios, políticos, colectivos sociales y el mundo delictivo.⁴

Esto no significa que el Estado haya sido reemplazado: no es el objetivo o finalidad de las estructuras delictivas. Sino que éstas establecen las condiciones necesarias para sus actividades ilícitas y la extracción de recursos monetarios.

Es importante señalar que el control territorial de grupos delincuenciales no necesariamente incrementa la violencia. Aunque no buscan sustituir al Estado, es innegable que hay territorios donde cuentan con las bases sociales; esto es, el apoyo de la población para generar redes de protección, asimilable a la construcción de legitimidad. Los actuales Estados-nación devienen de procesos violentos para imponer el monopolio de la violencia y, desde una perspectiva gramsciana, de grupos que realizaron estos procesos a partir de intereses políticos-económicos, similar al actual criminal organizado.

En este escenario, cabe preguntarse: ¿el gobierno opera como una asociación delictuosa⁵ o las asociaciones delictivas operan como gobierno? En la tipología de actividades realizadas por los grupos de la delincuencia organizada existen los delitos de gobernanza ilegal; estos consisten en el ejercicio de poder por parte de grupos que terminan asimilando la relación entre gobierno y gobernados.⁶ Toda actividad encaminada al control del territorio puede considerarse dentro de este rubro.

Autores y autoras han señalado que podemos tener un escenario de baja violencia que no necesariamente implica una ausencia de grupos delictivos ni de control territorial.⁷ Por el contrario, esto puede indicar un dominio consolidado de una estructura delictiva en un territorio específico, cuyo control sólo se hace visible cuando es disputado por las autoridades legales o por grupos rivales.

Las actividades capturadas mencionadas anteriormente ejemplifican una fase predatoria y violenta del control territorial, además de la variedad de actividades en las que grupos delictivos buscan extenderse y extraer recursos económicos. Así, extorsionarán a comerciantes para fortalecer sus ingresos, cobrarán “derechos de tránsito” a otras agrupaciones delictivas y a transportistas legales cuyas rutas pasen por sus territorios, corromperán y amenazarán a autoridades, y definirán las acciones de cuerpos de seguridad para mantener su posición dominante en un territorio.

A la pregunta inicial de qué otras actividades se encuentran en riesgo de ser capturadas, prácticamente no hay límites.

En mi opinión, la dimensión política predomina. Es así como los grupos criminales cimentan su dominio: en su apoyo a las estructuras políticas en un territorio dado. De ellas deriva su poder: redes de protección, patrocinios⁸ o mecenazgos. Luis Astorga señalaba que “el tráfico no habría nacido ni crecido como poder paralelo o autónomo, sino ligado estructuralmente a la política y como negocio posible desde el poder político y supeditado a éste”.⁹ Esta superposición de estructuras delictivas y políticas y de gobierno configuran una “gobernanza criminal”¹⁰ y “régimen criminal”.¹¹ En México, este modelo se encuentra en permanente expansión y es el principal reto en materia de seguridad para el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Mientras no se separe el poder delictivo del poder político ni se desmantelen las redes de protección gubernamental que facilitan el control territorial de los grupos delictivos organizados, ninguna estrategia de seguridad, corporación policial, militar o “guerra contra las drogas” resolverá el ciclo de violencia en la que vivimos. Sólo aumentará el inventario de lo capturado.

Gerardo López García
Politólogo especializado en análisis de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial. Ha sido funcionario público federal y local (UNAM, Inegi , FGR Y SSC-CDMX). Actualmente es consultor independiente.

¹ Foucault, M., “El sujeto y el poder” en Revista Mexicana de Sociología, Vol. 50, Núm. 3, Universidad Nacional Autónoma de México, 1982, pp.3-20; Parsons, T., “On the Concept of Political Power”, Proceedings of the American Philosophical Society, 1963, pp. 232-262

² Brenner, N.; Elden, S., “Henri Lefebvre on State, Space, Territory” en International Political Sociology, International Studies Association, 2009, pp. 353-377

³ Atuesta, L.; Ponce, A. F., Cómo las intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad alteran la violencia. Evidencia del caso mexicano, Monitor 19, Cuadernos de Trabajo del Monitor del Programa de Políticas de Drogas, CIDE; Guerrero, Eduardo, “La raíz de la violencia”, nexos, junio de 2011

⁴ Del término en inglés underworld, el cual se refiere al campo de interacción entre delincuentes.

⁵ Tilly, Charles, “War Making and State Making as Organized Crime” en Bringing the State Back In, Cambridge University Press, 1985, pp. 169-191.

⁶ von Lampe, Klaus, Organized Crime. Analyzing Illegal Activities, Criminal Structures, and Extra-legal Governance, Sage, 2016

⁷ Maya, Ytzel, “La Guerra criminal en México”, nexos, 2024

⁸ Snyder, R.; Durán-Martínez, A., “Does illegality breed violence? Drug trafficking and state-sponsored protection rackets” en Crime, Law and Social Change, Springer, 2009, pp. 253-273

⁹ Astorga, Luis, El siglo de las Drogas, Grijalbo, 2012

¹⁰ Salvador Hernández, Alan, “Las formas de la gobernanza criminal en México”, nexos, 2023; Alda, S. (coord.), Los actores implicados en la gobernanza criminal en América Latina, Real Instituto Elcano, Madrid, 2021

¹¹ Vargas, Armando, “La democracia en fauces del crimen organizado”, Expansión Política, 2024