El modelo de negocios de las Fuerzas Armadas: una amenaza a la democracia

El proceso de militarización en México ha evidenciado un crecimiento exponencial del poder económico y político de las Fuerzas Armadas. En 2024, las Fuerzas Armadas concentran el 3.7 % del total del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), con 1.34 billones de pesos, sólo por debajo de la Secretaría de Educación Pública (2.35 billones) y la Secretaría de Bienestar (1.86 billones) quienes concentran los programas sociales más importantes de esta administración como las pensiones y las becas.

En la segunda edición de “El Negocio de la Militarización en México. Opacidad, poder y dinero”, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) documentó el uso de los recursos de los fideicomisos públicos y la asignación para la administración de nuevas Empresas de Participación Estatal Mayoritaria (EPEM) a partir de análisis de solicitudes de acceso a la información, el PEF y la Cuenta Pública. Concluimos que las Fuerzas Armadas han adquirido una lógica empresarial ya que buscan incrementar sus ingresos por diversos mecanismos para acceder a recursos públicos y las ganancias que generan no son compartidas con el pueblo.

Los hallazgos del negocio

A lo largo del año se realizan diversas adecuaciones presupuestales en favor de las Fuerzas Armadas, las cuales no se sujetan —en mucho de los casos— a los lineamientos que se han establecido para el ejercicio de recursos públicos. En este sentido, la discrecionalidad está presente en cómo se emplean nuestros impuestos, lo que propicia opacidad, criterio contrario que rige los recursos públicos.

Otra manera de acceder a más recursos es mediante los decretos presidenciales en los cuales se les transfieren funciones de carácter civil. De acuerdo con el Inventario Nacional de lo Militarizado¹ entre 2007 y 2022 se han realizado, por lo menos, 267 transferencias de funciones y presupuestos de origen civil a las Fuerzas Armadas, equivalentes a 81 000 millones de pesos.² De todas éstas, 103 funciones —el 38 %— fueron transferidas en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, no obstante, éstas equivalen al 85 % del presupuesto total transferido, al sumar 69 124 millones de pesos.

Las transferencias de recursos mediante la firma de convenios con instituciones federales y con los gobiernos locales en materias de seguridad y en otras áreas de vida pública del país constituyen una de las principales entradas de ingresos. A través de estos convenios, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2022 se han transferido al menos 23 166 miles de millones de pesos (mmdp) de instituciones federales a las Fuerzas Armadas, mientras que en el caso de estados y municipios la cifra alcanza 1650 mdp. Sin mencionar que las Fuerzas Armadas pueden fiscalizar a las autoridades electas democráticamente pero las instancias civiles no pueden solicitar informes de resultados, lo que se traduce en una subordinación ante el poder militar.

Lo anterior es preocupante porque las Fuerzas Armadas pueden exigir mayores recursos durante el año para el desarrollo de sus funciones, lo que coloca a los gobiernos locales en una situación complicada porque deben hacer los ajustes en recursos destinados a prioridades locales como alumbrado público, mantenimiento y adecuación de espacios públicos, gestión del agua, etc., para cumplir con estas exigencias. Lo peor es que no pueden exigir resultados y tiene efectos graves en dos sentidos: el primero, con la falta de recursos para atender las demandas ciudadanas que les corresponden; el segundo, la nula inversión en el desarrollo de sus policías locales y alternativas a la seguridad ciudadana.

Por otra parte, identificamos que los fideicomisos representan una gran bolsa de recursos adicionales de la que disponen las Fuerzas Armadas. Ejemplo de ello es que la Sedena es la segunda institución de México con mayor participación en el total de los montos de los fideicomisos sin estructura orgánica (14 %) de la Administración Pública Federal. El Fideicomiso Público de Administración y Pago para la Contratación de Servicios y Obra Pública fue constituido apenas en 2022 y tiene recursos por 40 550.2 mmdp; es el más grande en términos presupuestales y fue constituido con el fin de apoyar las actividades de las Fuerzas Armadas en las aduanas que administra.

El uso de fideicomisos es bastante discrecional, y si bien la eliminación del secreto fiduciario hace compatible este mecanismo de financiamiento con la normativa referente al uso de los recursos públicos por los sujetos obligados, la administración de estos favorece el negocio de la militarización porque permite la adquisición de bienes de lujo, los cuales están lejos de contribuir a la pacificación del país como se ha insistido.³ Muestra de ello es que con recursos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar se adquirieron 6509 vehículos de lujo, que suman 8132 mmdp de gasto, siete veces más que el presupuesto autorizado para la Dirección General de Transportes Militares de la Sedena para el ejercicio fiscal 2023, que ascendía a 1130 mmdp.

Pero este negocio ha llegado a un nuevo nivel ahora que las Fuerzas Armadas administran empresas. La Sedena y la Semar controlan un total de treinta EPEM. Veinte de estas empresas pertenecían a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), pero con el desmantelamiento de esta institución civil, las Fuerzas Armadas no sólo han asumido el manejo de estas empresas, sino que serán las únicas beneficiadas: los recursos que generen serán destinados para mejorar las condiciones de vida de las personas que integran las Fuerzas Armadas. Por ello insistimos que estos se trata de un negocio, ya que las ganancias no son compartidas con el pueblo.

Para el ejercicio fiscal 2024, el 55 % del presupuesto asignado a la Sedena está destinado al Grupo Olmeca-Maya-Mexica, el Tren Maya, el AIFA y la Aerolínea del Estado Mexicano, sumando 142 730 mmdp. Sin mencionar que a lo largo del año se pueden aprobar mayores recursos para concluir los tramos faltantes del Tren Maya, así como el Transístmico. Además del aumento de los recursos presupuestarios, el gobierno federal ha otorgado al menos 39 superficies del territorio nacional a la Sedena y la Semar de manera temporal o definitiva, particularmente en zonas costeras y entidades donde se llevan a cabo los distintos proyectos de obra pública prioritarios, así como para la construcción de cuarteles militares.

¿Por qué este negocio vulnera la democracia y el Estado de derecho?

¿Por qué debería preocuparnos el empoderamiento económico de las Fuerzas Armadas? La respuesta inmediata es porque este negocio de la militarización tiene efectos negativos para la democracia en el país. En primer lugar, observamos un desplazamiento de las instituciones civiles por las Fuerzas Armadas que ahora tienen una participación activa en diversas áreas de la vida pública. Las instituciones civiles cuentan con menores recursos, lo que ha llevado a que se replantee su propia existencia, ya que desde la perspectiva del presidente las Fuerzas Armadas son más eficaces para desarrollar cualquier tarea. No es de sorprender que se planteen iniciativas para la supresión de diversas instituciones por considerarlas un gasto innecesario.

Sin embargo, no hay que olvidar que diversas instituciones civiles responden a luchas históricas así como a la necesidad de contar una estructura organizacional que permita atender las agendas prioritarias de desarrollo del país. Ninguna institución es perfecta, pero son perfectibles; lejos de un debilitamiento mediante recortes presupuestales, se requiere de una reingeniería institucional que permita al funcionariado civil ejercer sus tareas asignadas y hacerlas cercanas a la ciudadanía.

Observamos con preocupación la opacidad con la que ejercen nuestros recursos. En una democracia sana necesitamos que la transparencia y rendición de cuentas sean parte del actuar de todas las instituciones. Bajo el argumento de que sus actividades están relacionadas con la seguridad nacional, las Fuerzas Armadas niegan sistemáticamente la información a la que tenemos derecho acceder. Por ello, es de suma importancia que la ciudadanía exija que las Fuerzas Armadas rindan cuentas y sean transparentes en el ejercicio de nuevos proyectos y los presupuestos que se les han asignado. De lo contrario, esta discrecionalidad representa un debilitamiento del Estado de derecho.

Igual de preocupante resulta la discrecionalidad con la que se emplean los recursos públicos, ya que estos son usados para el beneficio propio de las Fuerzas Armadas. Desde el mejoramiento de sus instalaciones, la compra de vehículos de lujo, hasta mejoras en sus esquemas de retiro, nuestros impuestos no están siendo utilizados para realizar las mejoras en políticas de salud, educación o de cualquier otra área que es prioritaria para la ciudadanía.

El aumento de los puestos y responsabilidades de las Fuerzas Armadas amenaza la democracia en México. Las Fuerzas Armadas controlan las armas, los proyectos prioritarios de desarrollo, el presupuesto, y se han incorporado en el poder político.⁴ En la coyuntura electoral debemos exigir a las personas candidatas —incluyendo aquellas que aspiran a un puesto local— acciones concretas para la desmilitarización del país, alternativas de seguridad ciudadana y reglas claras sobre el uso de nuestros impuestos. Instamos a la lectura de la investigación para generar una conversación entre la ciudadanía sobre la necesidad de cuestionar la militarización de la vida pública y plantear alternativas para la construcción de un México más seguro, justo y en paz.

Jonathan De Vicente Encarnación
Director de incidencia política en México Unido Contra la Delincuencia. Profesor de asignatura en la FCPyS de la UNAM.

Hiromi Amador
Voluntaria del área de incidencia política de México Unido Contra la Delincuencia, internacionalista por la Universidad Iberoamericana.

Este artículo está basado a partir de los hallazgos que MUCD identificó en la segunda edición de la investigación El Negocio de la Militarización en México. Opacidad, poder y dinero. La primera edición puede consultarse aquí.

¹ Segunda edición. Próximo a publicarse junto con el Programa de Política de Drogas, Intersecta y MUCD. El número de funciones y presupuestos enlistados en el Inventario se ha construido a partir de información pública y comprende un registro hasta 2022.

² Montos deflactados a pesos de 2023.

³ Un ejemplo de ello es otra investigación que realizó MUCD. En el Atlas de Homicidios: México 2022. Una crisis que no cesa, se documenta que en los primeros cuatro años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registraron más homicidios (142 684) que en los primeros cuatro años de las administraciones de Enrique Peña Nieto (89 267) o Felipe Calderón Hinojosa (69 879), lo que nos habla que la estrategia de seguridad adoptada está lejos de contribuir a la pacificación del país.

⁴ En el proceso electoral 2024, Morena ha incluido en sus listas para diputaciones plurinominales diversos militares en activo o retiro, lo que demuestra su cada vez mayor participación en la vida pública del país. Un curul en el Congreso puede significar apoyo a iniciativas que favorezcan económicamente a las Fuerzas Armadas.