El modelo Bukele

El pasado primero de junio, Nayib Bukele asumió, inconstitucionalmente, un segundo mandato con el 84 % de los votos.¹ Ello ilustra la inexistencia de un sistema de frenos y contrapesos efectivo en El Salvador, la suspensión del Estado de derecho, la ausencia de un árbitro electoral imparcial y la anulación de la división de poderes. Es internacionalmente conocida la disminución de la violencia homicida bajo su mandato (de una tasa de 38 por cada 100 000 habitantes en 2019 a una de 2.4 en 2023) y su política de encarcelamiento masivo de pandilleros e inocentes (80 000 desde marzo de 2022). Ese éxito es el que ha posicionado la idea de un “modelo Bukele” que varios actores políticos piden replicar en sus países pero que, lejos de ser un plan, con metas e indicadores, es una ruta de reinstauración autoritaria en el país centroamericano. Tal modelo consta de cinco elementos sustantivos.

Instauración de un régimen autocrático

A cambio de la reducción de la violencia homicida, El Salvador ha sacrificado su democracia.² Bukele llegó democráticamente al poder en 2019, pero el 9 de febrero de 2020 dio el primer golpe al frágil sistema democrático salvadoreño,al amenazar con disolver la Asamblea Legislativa, que ocupó con policías y militares. Después, durante la pandemia de covid-19, el mandatario gobernó por decreto e ignoró los fallos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que, entre otras cosas, le impedían detener y confinar a las personas que violaban la cuarentena obligatoria.³ El 1.° de mayo de 2021, en la primera sesión de la Asamblea Legislativa ya con mayoría del partido de Bukele, Nuevas Ideas, se perpetró un golpe de Estado en contra del Poder Judicial. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional fueron destituidos ilegalmente y en su lugar se impusieron a otros afines al oficialismo. En esa misma sesión también se sustituyó de forma ilegal al fiscal general, quien, con el Caso Catedral, investigaba casos de corrupción del gobierno de Bukele, incluyendo la negociación que éste sostenía con liderazgos de pandillas para la reducción de la violencia homicida.

El 4 de febrero de 2024, aun cuando no había resultados oficiales, Bukele se declaró ganador señalando que “sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático”. La nueva Sala de lo Constitucional interpretó a conveniencia la Constitución para habilitar la reelección de Bukele en una elección inconstitucional avalada por un Tribunal Supremo Electoral subordinado al Ejecutivo.

El plan es no tener un plan

El gobierno de Bukele atribuye al denominado “Plan Control Territorial” (PCT) el éxito en la reducción de la violencia homicida. En junio de 2019, altos mandos policiales negaron conocer el contenido del Plan, mismo que calificaban como una improvisación desde Casa Presidencial y no una política pública.⁴ El autor de este artículo intentó solicitar dicho Plan en julio de 2019 por medio de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Presidencia de la República y le fue negado.⁵ Según versiones periodísticas, un consultor internacional fue el autor del PCT. El autor de este artículo entró en contacto con el consultor vía telefónica y por correo electrónico en febrero de 2022, pero no pudo concertar una entrevista.⁶

En noviembre de 2023, una fuente confidencial proporcionó a este autor un documento titulado “Plan Control Territorial”, fechado en junio de 2019, con 51 páginas, firmado por el director general de la PNC, el director general de Centros Penales y el ministro de Justicia y Seguridad Pública. El documento incluye un plan de despliegue policial-militar para 17 municipios.⁷ Se presentan las directrices para el Patrullaje de Prevención Conjunta (PPC) a través de la Fuerza Operativa Conjunta Anticriminal (FOCA) y Secciones Tácticas Operativas (STO). El documento sólo presenta directrices para patrullajes estacionarios y móviles de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada (FAES) en los municipios priorizados. No incluye fases ni nada relacionado con los anuncios públicos de Nayib Bukele. En abril de 2024, altos mandos policiales⁸ confirmaron con este autor la veracidad del documento, señalando que ese es el único conocido por ellos como Plan Control Territorial y calificando como propaganda e improvisación los anuncios públicos del gobierno en el nombre del citado Plan.

Negociación con liderazgos pandilleros

Tal como lo hizo el gobierno de Mauricio Funes en 2012 y 2013,⁹ la negociación con las pandillas ha sido una de las estrategias fundamentales del régimen de Bukele para la disminución de la violencia homicida. Desde la campaña electoral de 2014 para la alcaldía de San Salvador, el equipo de Bukele entabló negociaciones con las pandillas, teniendo como intermediario a Carlos Marroquín, jefe de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social.¹⁰ Cuando en junio de 2019 Bukele llegó al despacho presidencial, continuó con el pacto a nivel nacional.¹¹ Marroquín y el director de Centros Penales, Osiris Luna, fungieron como negociantes con los liderazgos pandilleros, a quienes visitaban en prisión.

Un caso emblemático es el de Élmer Canales Rivera, alias Crook, líder pandillero de la MS13, quien fue detenido en México en noviembre de 2023 y trasladado a Estados Unidos donde sigue un proceso por terrorismo en una corte de Nueva York. Crook debía estar cumpliendo una sentencia de cuarenta años en El Salvador, pero el gobierno de Bukele lo liberó secreta e ilegalmente, como parte del pacto que sostenía con la cúpula pandillera. Crook es uno de los cabecillas de la MS13 que reclama Estados Unidos en extradición, pero quienes han sido protegidos por el régimen de Bukele.

Estado de excepción permanente

En el fin de semana del 25 al 27 de marzo de 2022, la MS13 asesinó a 87 personas como medida de rompimiento del pacto que mantenía con el gobierno de Bukele, quien le entregaba beneficios carcelarios y financieros. La MS13 desató la matanza luego de la detención de líderes de la pandilla. Desde entonces, con la tregua rota, El Salvador vive bajo régimen de excepción prorrogado mensualmente por la Asamblea oficialista. A mayo de 2024, el régimen ya acumula alrededor de 80 000 personas encarceladas y más de 200 muertes bajo custodia del Estado; con suspensión de garantías procesales, detenciones arbitrarias y juicios masivos.¹² Tres altos mandos policiales en funciones¹³ confirmaron a este autor que las directrices de la dirección general de la PNC al inicio del régimen de excepción incluyeron el cumplimiento de una “cuota mínima” de detenidos.¹⁴

Afinado aparato de propaganda

El gobierno de Bukele cuenta con un aparato de propaganda que incluye el manejo experto de redes sociales de internet, entrevistas a modo con influencers¹⁵, así como la explotación de medios de comunicación tradicionales, como Canal 10, Radio El Salvador y Diario El Salvador.

En un análisis de 21 editoriales y 17 columnas de opinión del oficialista Diario El Salvador, es posible identificar cuatro grandes temas que focalizan los propagandistas: a) posicionamiento de la idea de que con Bukele ha triunfado una “democracia de partido único”, b) adulación del líder, c) discurso de odio contra la oposición enemiga (particularmente los partidos ARENA y FMLN), y d) propaganda sobre la estrategia de seguridad, destacando que la “guerra contra las pandillas”, el “Plan Control Territorial” y el régimen de excepción, han permitido que El Salvador se posicione como “el país más seguro del hemisferio occidental”.

La discusión sobre la posible adopción del “modelo Bukele” en otros países es más política que técnica. Replicar este modelo de reducción de la violencia homicida conllevaría instaurar un régimen autocrático, debilitar los mecanismos de protección de los derechos humanos y erosionar todo sistema de frenos y contrapesos. Queda pendiente profundizar aún más en el análisis de las implicaciones y costos sociales a largo plazo de esta ruta que ya ha tomado El Salvador.

Edgar Baltazar Landeros
Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM, becario del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR).

¹ En una escala de 0 a 10, Bukele recibió en mayo de 2023 una calificación de 8.48. Cf. IUDOP-UCA, Evaluación ciudadana del cuarto año de Gobierno del presidente Nayib Bukele. Boletín de prensa Año XXXVII, No.6, 2023

²Marti i Puig y Daniel Rodríguez Suárez, “Nayib Bukele, seguridad a cambio de democracia”, Revista Más Poder Local, núm. 56, 2024, pp. 141-154.

³Roque Baldovinos, Ricardo, “Nayib Bukele: populismo e implosión democrática en El Salvador”, Andamios. Núm. 46, 2021, pp. 233-255.

⁴ Entrevistas del autor con tres oficiales con la categoría de comisionados, quienes ocuparon cargos directivos en los dos gobiernos del FMLN.

⁵ Ref. UAIP 472-2019.

⁶ El consultor mencionó que por motivos contractuales no podía dar información al respecto.

⁷ Ahuachapán, Apopa, Ciudad Delgado, Mejicanos, Colón, Soyapango, Ilopango, San Martín, La Unión, San Marcos, San Miguel, San Salvador, Santa Ana, Santa Tecla, Sonsonate, Usulután y Cojutepeque. Mismos que actualmente son “distritos”, dada la reforma de junio de 2023 que redujo el número de municipios de 262 a 44.

⁸ Un subcomisionado en funciones y dos comisionados retirados en 2022.

⁹ Martínez López, Carlos Alfredo y José Luis Heriberto Flores, La tregua entre pandillas. Una amenaza o una oportunidad para la seguridad pública en El Salvador. San Luis Talpa: Trabajo de graduación para optar a la categoría de Subcomisionado de la Policía Nacional Civil, ANSP, 20 de mayo de 2013

¹⁰ Ese pacto le permitió a Bukele realizar obras en el Centro Histórico y abrir el Mercado Cuscatlán.

¹¹ Tres comisionados entrevistados en julio de 2019 sugirieron a este autor que la disminución repentina de homicidios se debía sólo a algún tipo de arreglo político entre las pandillas y el gobierno.

¹²Azul Originario y coautores, El modelo Bukele: seguridad sin derechos humanos. El Salvador a dos años de régimen de excepción, San Salvador: Azul Originario, AMATE, Cristosal, FESPAD, Idhuca, Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, SSPAS, 2024

¹³ Un subcomisionado y dos comisionados entrevistados en abril de 2024.

¹⁴ 15 detenidos diarios para el caso de una delegación policial.

¹⁵ Destacan las entrevistas con “Residente” en marzo de 2020, con “Luisito Comunica” en marzo de 2021 y con Tucker Carlson en junio de 2024.