El control disciplinario de la policía: una utopía

Hechos recientes en el sur de país deberían poner en la mesa un amplio debate del proceso disciplinario en la policía y el control interno. Se trata, sin duda, de un tema complejo para estas instituciones en México ya que se trata de la vía por medio de la cual se sancionan conductas desviadas de la norma. En la mayoría de las policías, el área encargada de investigar estos comportamientos se denomina Asuntos Internos. En este texto describiré un caso muy relevante que muestra cómo se puede obstaculizar y, de plano, sepultar esfuerzos en este sentido. Ocurrió en el Estado de México.

La función de las unidades de Asuntos Internos se activa cuando se recibe una queja contra el personal policial por haber cometido alguna conducta que terminó en una falta, violación a los derechos humanos o incluso un comportamiento que podría constituir un delito. Con frecuencia, dicha figura se encuentra dentro de la estructura de la policía y el titular del área se ubica en la cadena de mando; por debajo de quién dirige la corporación. El problema es evidente: la función disciplinaria se vuelve discrecional ya que el secretario podría influir sobre el responsable del control interno para que este “dirija” sus investigaciones sobre algunas personas y pase de largo respecto a otras.

Ilustración: Fabricio Vanden Broeck

En el documento “Propuesta para prevenir y combatir la corrupción policial en México”, la organización Causa en Común identificó las siguientes dificultades en el diseño e implementación de los regímenes disciplinarios de las agencias estatales luego de analizar dichas unidades en seis policías estatales: Chihuahua, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Tamaulipas.

• Ambigüedad normativa en el funcionamiento de procedimientos.

• Ausencia o desconocimiento de parte de las y los agentes de catálogos de faltas y sanciones.

• Ausencia de garantías y respaldo jurídico para las y los agentes involucrados en un proceso administrativo.

• Falta de sistemas de alerta temprana que permitan prevenir situaciones que deriven en faltas graves.

Por su parte, el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) definió una serie de estándares profesionales para mejorar el proceso disciplinario en las policías. Se propone que exista un área encargada de la investigación de los casos; un órgano colegiado que reciba el expediente de la investigación y determine la sanción de acuerdo a un catálogo de faltas y sanciones; que las y los agentes tengan oportunidad de audiencia; que exista un recurso para revisar la resolución y que existan plazos de tiempo para cada etapa (desde la recepción, canalización e investigación, hasta la sanción).

Imaginemos en un escenario utópico, un órgano de control interno con las siguientes características:

Un organismo descentralizado del gobierno estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, facultado para vigilar, supervisar, inspeccionar e investigar que las funciones de las y los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública se apeguen a un marco de legalidad. Esto, incluso, por medio de usuarios simulados. Con un consejo directivo como máxima autoridad y un director general nombrado por el gobernador del estado. Un organismo con la atribución para iniciar un procedimiento de investigación, en caso de ser necesario, contra un secretario de Seguridad estatal o municipal e incluso contra el fiscal y, por lo tanto, contra agentes de policía estatales, municipales y de investigación. Aquí termina la utopía.

Esta figura, con el diseño maravilloso que describí, nació y murió no hace mucho tiempo en el Estado de México. Les cuento la historia.

El 20 de junio de 2013 el entonces gobernador Eruviel Ávila expidió la Ley que creó el organismo público descentralizado denominado Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (IGISPEM). Casi un sueño hecho realidad. Sin duda, una institución vanguardista en el país por lo menos en su diseño: contaba con lo necesario para evitar la discrecionalidad. Además, al encontrarse fuera de la estructura de la entonces Comisión Estatal de Seguridad se evitaba que el titular pudiera incidir sobre el avance de una investigación, con el valor agregado de contar con facultades para investigar agentes de policía municipales, estatales y de investigación. La única instancia de su tipo en el país, un esfuerzo sumamente importante en términos de reforma policial.

El área, cabe señalar, estuvo siempre en  tensión con la Comisión Estatal de Seguridad. La segunda mantuvo un área llamada Asuntos Internos que, sostenía la Comisión, duplicaba la función de control interno. Lo más interesante vino después.

Cuando en septiembre de 2017 Alfredo del Mazo inició su gestión como gobernador, de inmediato anunció que la Comisión Estatal de Seguridad pasaba a ser Secretaría de Seguridad y su titular, Maribel Cervantes Guerrero. Luego de poco más de un año de gobierno, Del Mazo publicó en la Gaceta mexiquense el decreto que con fecha del 20 de septiembre de 2018 sepultó al IGISPEM.

El nuevo gobernador creó el organismo público descentralizado denominado Unidad de Asuntos Internos con personalidad jurídica propia, sectorizado a la secretaría y con facultades para realizar investigaciones contra integrantes de la Secretaría. La designación y remoción de su titular se puso a cargo del ejecutivo estatal, a propuesta del secretario. Con esto último, se le abrió de nuevo la puerta a la discrecionalidad. Posiblemente por esa razón la titular de la Unidad es la Maestra María de la Luz Núñez Camacho, la misma titular de Asuntos Internos de la Policía Federal cuando la exsecretaria Cervantes, ocupó el cargo de Comisionada General de dicha institución. El cargo, pues, quedó en confianza.

En la estructura orgánica del Departamento de Policía de Los Angeles, California, es posible encontrar la oficina del Inspector General (oficina que se ocupa de la función de Asuntos Internos) con una posición en la que reporta directamente a un consejo de cinco personas comisionadas; al igual que el Jefe de la Policía. Es decir, incluso el Inspector General podría iniciar una investigación contra el titular de la policía.

Hasta ahora en México no se cuenta con un diseño similar al angelino. Sin embargo, en el ámbito municipal por lo menos cinco instituciones de seguridad pública trabajan por ese camino. Un ejemplo es la Policía Municipal de Ciudad Juárez, donde el titular de Asuntos Internos no pertenece al organigrama de la Secretaría de Seguridad Pública y está adscrito a la Contraloría Municipal.

Es tiempo ya de que las instituciones policiales mexicanas demuestren su verdadera voluntad de reconstruir la legitimidad de la que carecen. Una es terminar con la discrecionalidad en sus procesos disciplinarios.

Miguel Garza
Director de Investigación Aplicada en Policía en el Instituto para la Seguridad y la Democracia, A. C.