El combate a las drogas no comenzó en 2006

Hay distintas formas de afrontar los problemas públicos y cada temática puede leerse de manera política y rastrearse desde su origen.En el debate público mexicano, en ocasiones se entiende el combate militar contra el tráfico de drogas como un proceso reciente, unilateral y abrupto; sin embargo, ha sido una dinámica de larga data. El proceso militar de combate al tráfico de drogas no fue un proyecto de gobierno, sino una dinámica de Estado fraguada desde el siglo pasado. 

Operativos

Por operativos militares contra las drogas se entienden las acciones coordinadas y ejecutadas por las fuerzas armadas para combatir el circuito económico de las drogas, que incluye la siembra, el tráfico, la distribución y el almacenamiento de sustancias.

El combate militar al tráfico de drogas no es nuevo en México. Se pueden identificar operativos desde el periodo posrevolucionario. Lo que ha variado es la forma, la frecuencia, la intensidad y la centralidad política de estos.

Como antecedente, en Estados Unidos se fomentó el combate militar al tráfico de drogas. Un ejemplo de ello es la Operación Intercepción de 1969, en la cual se realizaron inspecciones sistemáticas fronterizas en vías aérea y marítima, aunque especialmente en cruces terrestres. El objetivo era presionar al gobierno mexicano para endurecer su combate al tráfico de drogas.

En México, un punto de partida de los operativos militares contra las drogas fue la Operación Cóndor en 1975, una campaña de erradicación de estupefacientes a gran escala mediante la aspersión de sustancias químicas en zonas de siembra de amapola y marihuana. Esta operación involucró un gasto de 35 millones de dólares y la participación de 10 000 soldados.

Desde la Operación Cóndor, la relación cívico-militar en México se orientó a que el ejército combatiera el problema de las drogas de manera ininterrumpida. En 1987 entró en operaciones la Fuerza de Tarea Marte, especializada en el combate a las drogas, y en 1996 la Fuerza de Tarea Azteca.

En años recientes, y como antecedente importante de los procesos sucedidos con Felipe Calderón, tuvo lugar el Operativo México Seguro en 2005, donde se desplegaron militares para combatir el tráfico de drogas y otros ilícitos. Esto favoreció el uso de operativos militares en sustitución de autoridades locales en materia de seguridad pública durante los periodos presidenciales posteriores.

Marco legal

Desde el siglo XX, en México se formuló un andamiaje legal que permitió la participación militar en el combate al tráfico de drogas. Uno de los momentos más importantes fue la Acción de Inconstitucionalidad 1/96, donde se argumentaba que los artículos 21 y 129 de la Constitución eran violados cuando se utilizaban militares en tareas de seguridad pública y en consejos de seguridad ciudadana.

Ante estas querellas, la Suprema Corte determinó que, mientras estuvieran bajo mando civil, las fuerzas armadas podían ser utilizadas en diversas funciones, incluida la seguridad. Esta interpretación abrió nuevas lecturas jurídicas que permitieron su uso en tareas de seguridad pública, con las implicaciones y riesgos que ello conlleva para la democracia mexicana.

Con respecto a la persecución de sustancias, destacan dos cambios legales importantes: la Ley General de Salud y la Ley de Seguridad Nacional.

En 1984 se creó la Ley General de Salud, que incorporó un capítulo sobre estupefacientes y psicotrópicos. En 2009, se reclasificaron los delitos contra la salud hacia una mayor punición e incluso se estableció que, cuando la cantidad fuera mayor a la dosis mínima considerada para consumo personal, debía perseguirse penalmente.

Otro cambio relevante ocurrió en 2005 con la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional, la cual amplió las facultades para intervenciones militares en diversos contextos. Además, se consideró como amenaza a la seguridad nacional cualquier situación que impidiera el accionar militar contra la delincuencia organizada, lo que sugiere un nexo operativo entre el ejército y el combate al tráfico de drogas.

Estos antecedentes operativos y legales, vigentes durante décadas, difieren de la idea de que antes de 2006 no existía militarización en México o que el tráfico de drogas no era considerado un asunto de seguridad nacional.

De 2006 a la actualidad

A pesar de una campaña política centrada en temas económicos, al asumir la presidencia en 2006, Felipe Calderón enfocó su gobierno en el combate al crimen organizado y al tráfico de drogas. El primer operativo relevante durante su administración fue la Operación Conjunta Michoacán, el 11 de diciembre de 2006, que contó con un despliegue de 5000 efectivos, 246 vehículos terrestres y 46 aeronaves. A partir de 2009, el promedio de unidades desplegadas fue de 50 000.

El número de operativos se incrementó a lo largo del territorio nacional: Baja California (Tijuana), Chihuahua (Juárez), Frontera Sur (Istmo), Guerrero, Sinaloa (Culiacán-Navolato), el Triángulo Dorado (Chihuahua-Sinaloa-Durango) y el noreste (Nuevo León-Tamaulipas). Se esperaba que la fragmentación de los cárteles los debilitara; sin embargo, ocurrió lo contrario, con los saldos humanos ya conocidos.

Como se ha visto, el nexo operativo y legal del combate militar al tráfico de drogas ya era sólido al inicio del periodo presidencial de 2006. Lo que ocurrió fue su profundización, su securitización y la expansión de sus implicaciones territoriales y demográficas. Esta dinámica adquirió características casi irreversibles y continuó en gobiernos posteriores. 

Luis Bravo Govea

Doctorado en ciencias políticas y sociales. Cuenta con una especialización en seguridad pública por la UNAM.