El asesinato y la organización social de la ira

Un actor central de la vida cotidiana en la región de la Costa Grande de Guerrero durante la década de 1990 y principios del milenio era el asesino a sueldo. La función social de este personaje era la de responder a la ira producida por un evento doloroso. No se dedicaban simplemente a vengar asesinatos, sino que eran acciones relacionadas con una variedad de penas que iban desde infidelidades amorosas hasta deudas financieras no saldadas.

Una tarde, un amigo del municipio al que llamaré Vicente me contó que él fue perseguido por un mercenario que tenía la misión de matarlo. Un ladrón local, conocido como La Fiebre, fue quien lo alertó. Aparentemente, la madre de una joven con la que había mantenido una serie de encuentros sexuales casuales y que, como resultado, había quedado embarazada, lo quería muerto. Gracias al aviso de La Fiebre, Vicente pudo huir y salvar su vida; sin embargo, la amenaza del asesinato reflejaba la profunda pena de la abuela de su hijo.¹ El caso recuerda los señalamientos de Renato Rosaldo sobre los ilongotes de Filipinas y la “caza” de cabezas humanas como una forma de responder a la rabia. La ira, entonces, se describía como una aflicción que necesitaba un lugar donde depositarse y que, en contextos como el mencionado, llevaba a matar a otro ser humano.²

Si bien es tentador hacer análisis sofisticados sobre la función de los asesinatos en la restauración del honor, en este texto quiero reflexionar sobre el rol de la ira en la producción deliberada de muerte ¿cómo se actúa frente a una pérdida devastadora? Lo primero que podría decirse es que se atribuye un culpable, no se ve el evento como algo azaroso, sino que se requiere un sujeto en el cual fincar la rabia. En este último caso, quien ocupaba ese lugar era Vicente y la expresión cultural para manifestar esa ira, para hacer algo con ella, era el asesinato. Sin embargo, es interesante que este proceso no se diera por cuenta propia, sino que se buscara un intermediario para concluir con la vida del otro. Cuando cuestioné a Vicente respecto a esto, argumentó que era más seguro recurrir a un mercenario porque éste conocía la técnica del asesinato y, en el caso improbable de que hubiera una denuncia, sería probablemente el asesino quien iría preso.

En realidad, en la Costa Grande había una gran cantidad de asesinos a sueldo. Todos eran varones y se distinguían por sus estilos particulares de matar. Algunos eran figuras realmente célebres dentro del municipio e incluso eran respetados. Esto refiere a su importancia dentro de la dinámica social. En ese sentido, el homicidio no era algo que se percibiera como ajeno a la comunidad, sino que formaba parte de la reproducción social de la misma, y por lo tanto era tolerado. De alguna manera, parecía que el rol de los mercenarios era el de restaurar el orden social violentado a través de una acción como el asesinato de quien había infringido alguna norma. En ese sentido, la violencia organizada funcionaba como una suerte de fuerza restaurativa, lo cual explicaba que los asesinos a sueldo gozaran de cierta legitimidad a nivel local.

¿Qué pasó con los mercenarios? El proceso de cartelización, es decir, la monopolización de las actividades violentas,³ que inició con la llegada de una organización criminal de origen michoacano llamada Los Caballeros Templarios, derivó en el asesinato de los “matones”. Desde entonces, 2012 aproximadamente, la organización social de la ira ya no está en manos de agentes libres e independientes como los asesinos a sueldo, sino que está depositada en las organizaciones criminales que concentran el poder de asesinar. Nadie puede asesinar si no es la corporación delictiva dominante. Esto hace que “mandar a matar” tenga connotaciones distintas a las que primaban anteriormente. Hay una serie de consecuencias que me gustaría ejemplificar.

Pocos años después de la llegada de Los Caballeros Templarios a su municipio, Vicente se encontró con que su casa había sido asaltada durante su ausencia. No quedaba nada. Sintió una ira profunda. Sabía que antes hubiera llamado a uno de los tantos asesinos a sueldos de la Costa Grande para que investigara el robo y asesinara a los culpables, pero ahora no era igual. Tomó el teléfono y seleccionó el nombre del jefe de plaza de su lista de contactos. Estaba a punto de llamarle, cuando lo pensó mejor. Sabía que pedirle al líder local de la organización criminal que buscara y ejecutara a los ladrones implicaría estar en deuda con él y que eso era, precisamente, lo que marcaría su probable pertenencia a un grupo de delincuencia organizada. Ya no se podía mandar a matar sin consecuencia alguna, ahora pedir un favor a los actores que monopolizaban la violencia era, de alguna manera, ser parte de ellos. Desistió. No tenía un lugar donde depositar su rabia.

Estas líneas buscan ejemplificar las transformaciones de la organización social de la ira en el marco del proceso de cartelización de las economías ilícitas. Como es posible ver, en momentos históricos donde la presencia de la delincuencia organizada es dominante, el asesinato funciona como una suerte de favor que, no necesariamente involucra un pago monetario pero que, sí trae consigo el establecimiento de obligaciones o alianzas con la organización criminal. En ese sentido, en la época contemporánea se observa una personalización del asesinato, ya que genera una deuda que no es posible saldar con dinero sino, que implica la adhesión a la corporación que lleva a cabo el homicidio.

Irene Álvarez
Doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa

¹ En este artículo hago referencia a un trabajo de investigación de campo realizado entre 2019 y 2020 en un municipio de la región de la Costa Grande, Guerrero, que no identificaré para evitar que mi interlocutor sea reconocido.

² Rosaldo, R. “Introducción. Aflicción e ira de un cazador de cabezas”, Cultura y Verdad. Nueva propuesta de análisis social, Grijalbo, México, 1989, pp. 15-31.

³ Mendoza, N. “Microhistoria de la violencia en Altar, Sonora”, en Las bases sociales del crimen organizado y la violencia en México, José Antonio Aguilar (coord.), Centro de Investigación y Estudios en Seguridad, Ciudad de México, 2016, pp. 247-272.