La función social de los policías debe ser proteger y servir a las comunidades bajo su jurisdicción. Sin embargo, los policías son una posible fuente de riesgo para los colimenses. En septiembre de 2021, una joven de nombre Mayra fue secuestrada y posteriormente asesinada por policías en el municipio de Manzanillo, quienes además lograron extorsionar a sus familiares por cerca de 80 000 pesos. Si bien este caso mediático muestra la parte más extrema de la violencia policial a la que estamos expuestos quienes habitamos Colima, la realidad es que la intensidad de este problema es mayor a lo que imaginamos.
Ilustración: Fabricio Vanden Broeck
Al no contemplar acciones para prevenir y castigar la violencia que ejercen las corporaciones policiales durante las detenciones que realizan en el estado, considero que hay dos razones por las que la propuesta de seguridad del nuevo gobierno de Colima no garantizará los derechos humanos de las y los colimenses.
Violencia policial en Colima, una constante
El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2027 reconoce que la profesionalización de agentes policiales en Colima es un reto mayor, debido a la falta de personal y a la carencia de capacitación constante.1 Pero la falta de profesionalización no es el único problema, pues existe un problema sistemático de violencia policial en las corporaciones policiales municipales, estatal y ministerial estatal. La población en Colima está expuesta a ser víctima de violación de derechos humanos durante una detención.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021, 65 % de las personas privadas de la libertad que fueron detenidas en Colima experimentaron algún tipo de violencia psicológica durante la detención, mientras que 53 % de los detenidos experimentó algún tipo de violencia física. A nivel nacional, estas proporciones alcanzan 63 y 48 %, respectivamente. Al desagregar los datos por tipo de corporación a nivel estado y municipio (policías municipales, policía estatal preventiva y policía estatal ministerial), podemos ver que la mayoría de las personas detenidas sufrieron algún tipo de violencia.
Estos datos son consistentes con otras investigaciones sobre la propensión de las autoridades de seguridad a ejercer violencia contra personas detenidas.2 Las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de la ciudadanía se convierten en una fuente más de riesgo para sus derechos y bienestar.
Aunque podría pensarse que algo de violencia es “normal” porque ocurre en un momento de conflicto y emociones intensas, la categoría de violencia utilizada para este análisis rebasa las que pueden considerarse dentro del uso legítimo de la fuerza. Se trata de actos que indudablemente violan el bienestar físico y emocional de los detenidos: la categoría de violencia psicológica incluye amenazas de daño y muerte a los detenidos y sus familiares, incomunicación, vendar ojos y retener en patrullas o espacios al detenido. Por su parte, la física incluye golpes, quemaduras, choques eléctricos, asfixia y otros tipos de violencia que no se encuentran dentro de lo estipulado en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza.
Sin metas de reducción de violencia policial
Una de las más grandes prioridades del gobierno estatal entrante debería ser atender y reducir este problema. Sin embargo, su PED no tiene propuestas adecuadas para salvaguardar los derechos humanos de los colimenses al momento de interactuar con los policías, aun cuando el documento reconoce la “falta de profesionalización” de sus integrantes.
El documento oficial establece que para que las personas servidoras públicas que llevan a cabo detenciones respeten los derechos humanos, se fortalecerá el plan de estudios de la academia policial, se instrumentará un servicio policial de carrera, y se implementarán cursos de capacitación en derechos humanos, perspectiva de género y empatía para todo el personal operativo. Además, refiere que se incrementará la capacitación en el nuevo sistema de justicia, el protocolo del primer respondiente y la Ley Nacional de Uso de la Fuerza.3
El problema de estas propuestas es que fueron construidas sin diagnosticar el problema de violencia policial en Colima, por lo que carecen de objetivos e indicadores explícitos para reducir la violencia que ejercen los cuerpos policiales contra los colimenses. En otras palabras, ¿de qué sirve capacitarlos sin indicadores para evaluar su impacto en la reducción de violencia en las detenciones? ¿De qué sirve “capacitar en derechos humanos” si ni siquiera se cuenta con un diagnóstico de qué derechos humanos se están vulnerando y en qué contexto se vulneran?
La oportunidad no está perdida
Sin una estrategia para atender este problema, toda la política pública enfocada en disminuir la inseguridad del estado podría estar condenada al fracaso: seguiremos viendo procesos viciados por la violación de los derechos humanos de los imputados, lo que reducirá la capacidad del estado para impartir justicia. Además, se mantendrá la desconfianza ciudadana hacia las corporaciones policiales y que entorpece la implementación de estrategias como el “enfoque de proximidad” y la “seguridad ciudadana”, y se mantendrá la tolerancia a la cultura de la ilegalidad que tanto ha dañado a Colima.
Explorar soluciones que fomenten la rendición de cuentas y la evaluación puede ser una alternativa. En este sentido, el gobierno estatal podría diseñar un programa de reducción de violencia policial con indicadores de desempeño que permitan hacer una evaluación periódica de su efectividad; mientras que desde el ámbito externo podría impulsarse un observatorio de la actuación policial independiente. conformado por ciudadanos que revisen la actuación de las distintas corporaciones de seguridad en el estado. Sin demeritar el trabajo y dedicación de los buenos policías en Colima, las cifras de violencia aquí mostradas deben atenderse a la brevedad.
Jorge Kahel Ruizvisfocri Virgen
Maestrando en Métodos para el Análisis de Políticas Públicas en el CIDE Región Centro
1 Gobierno del Estado de Colima, Plan Estatal de Desarrollo Colima 2021–2027, 2021, pp. 108.
2 Azaola, E., y Bergman, M. Delincuencia, marginalidad y desempeño institucional. Resultados de la tercera encuesta a población en reclusión en el Distrito Federal y el Estado de México. Centro de Investigación y Docencias Económicas, 2009.
Azaola, E., y Ruiz, M., “Papeles policiales: abuso de poder y eufemismo punitivo en la Policía Judicial de la Ciudad de México”, Desacatos, (33), 2010, pp. 95-110.
Magaloni, B., Magaloni, A., y Razú, Z. La tortura como método de investigación criminal. El impacto de la guerra contra las drogas en México. Política y Gobierno, 25(2), 2018, pp. 223-261.
Silva Forné, C. “The excessive use of force by Mexico city law enforcement agencies: corruption, normal abuse and other motives”, Mexican law review, 9(1), 2016, pp. 3-21.
Silva Forné, C. “Uso excesivo de la fuerza policial en la CDMX”. Estudios Sociológicos De El Colegio De México, 37(109), 2018, pp. 165–193.
3 Gobierno del Estado de Colima, 2021, pp. 114
Cita esta publicación
Ruizvisfocri Virgen, J. K. (2022, 31 enero). Detenciones brutales, otra cara de la violencia en Colima. nexos. Recuperado el 24 de February de 2026 de https://seguridad.nexos.com.mx/detenciones-brutales-otra-cara-de-la-violencia-en-colima/
Ruizvisfocri Virgen, Jorge Kahel. “Detenciones brutales, otra cara de la violencia en Colima.” nexos, enero 31, 2022. https://seguridad.nexos.com.mx/detenciones-brutales-otra-cara-de-la-violencia-en-colima/
RUIZVISFOCRI VIRGEN, Jorge Kahel. Detenciones brutales, otra cara de la violencia en Colima. nexos [en línea]. 31 enero 2022. [Consulta: 24 February 2026]. Disponible en: https://seguridad.nexos.com.mx/detenciones-brutales-otra-cara-de-la-violencia-en-colima/
Ruizvisfocri Virgen, Jorge Kahel. “Detenciones brutales, otra cara de la violencia en Colima.” nexos. 31 Ene. 2022, https://seguridad.nexos.com.mx/detenciones-brutales-otra-cara-de-la-violencia-en-colima/.