Designaciones terroristas y fentanilo: ¿Herramientas útiles para atender el tráfico de armas?

La designación por parte del gobierno de los Estados Unidos de seis organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas no es una buena noticia para México ni para la implementación del principio de responsabilidad compartida en la cooperación bilateral en seguridad. Pero el vaso está medio lleno. Más allá de la neblina causada por la retórica que caracteriza a los grupos criminales mexicanos como actores que deliberadamente “envenenan” a ciudadanos estadounidenses, entender cómo llegamos a esta designación es clave para que México tenga una estrategia proactiva en el manejo de la relación bilateral de seguridad.

Un reclamo legítimo

Durante décadas la política de drogas ha divido al mundo entre países consumidores y países productores y de tránsito. Esta división, cada vez más alejada de la realidad, ha fomentado también que, según la categoría en la que se encuentre cada país, se hagan reclamos sobre qué debe atenderse primero, si la oferta o la demanda. Es decir, los países productores argumentan que sin demanda no habría oferta mientras que los países consumidores reclaman que la oferta impulsa la demanda. Una especie del huevo o la gallina, pero con cocaína o fentanilo.

A pesar del liderazgo que México ha tenido en el escenario global en política de drogas, abogando por un enfoque desde la salud pública en vez de la criminalización, durante el sexenio de López Obrador, el fentanilo y las muertes que causa, fue caracterizado como un problema exclusivamente estadounidense; despreciando, sin exagerar, el sufrimiento de miles de familias que han perdido a un ser querido por una sobredosis accidental.

Pongamos estas muertes en perspectiva. De acuerdo con datos del INEGI, en 2023, México tuvo una tasa de homicidios de 24 por cada 100,000 habitantes, cuatro veces mayor a la tasa global de 5.8 homicidios por cada 100,000 habitantes y por arriba de la tasa en el continente americano de 15 por cada 100,000 habitantes que, de acuerdo con Naciones Unidas, es la región más violenta del mundo. Por su parte, en 2022, Estados Unidos tuvo una tasa de muertes por sobredosis de 25 por cada 100,000 habitantes. Es decir, comparable a la tasa de homicidios en México.

Siendo aún más específicos, Baja California, uno de los estados de mayor violencia en el país, tiene una tasa de homicidios de 69 por cada 100,000 habitantes. De manera similar, el estado de West Virginia tiene una tasa de sobredosis de 70.5 por cada 100,000 habitantes. En Washington D.C. la tasa de sobredosis es de 48.9 por cada 100,000 habitantes, equiparable a las tasas de homicidios de 48 por cada 100,000 habitantes en Guerrero y Sonora. La comparación completa entre México y Estados Unidos puede consultarse aquí.

La indiferencia mostrada desde el gobierno de López Obrador fue una respuesta cruel ante las pérdidas de nuestro vecino y principal socio comercial. En México miles de familias tienen sillas vacías en sus mesas; haciendo palpable la ausencia de seres queridos asesinados o desaparecidos. Lo mismo ocurre en Estados Unidos donde miles de familias también extrañan a sus hijas, hijos, hermanas, hermanos, mamás y papás. 

La falta de empatía también fue un error táctico pues aceptó de manera tácita la división artificial que coloca en bandos opuestos a países productores y consumidores. Y al aceptar esta división otorgó un pretexto ideal a quienes ven en México como el problema al sur de la frontera para apoyar acciones unilaterales como la designación de grupos criminales como organizaciones terroristas.

Sin duda, la indiferencia de México no es la única razón por la cual esta designación existe. No obstante, no se puede negar que la reacción de la administración de López Obrador alimentó la causa dentro de la política nacional de Estados Unidos que es menos favorable para el país.

Qué hacer ante la designación

La designación no es el escenario ideal para la cooperación bilateral, pero México la puede utilizar como punto de presión con Estados Unidos para atender el tráfico de armas. Como lo escribió Jorge Peniche en un blog para la sección El juego de la Suprema Corte la designación persigue tres objetivos: 1) criminalizar el apoyo a organizaciones terroristas; 2) regular la migración y excluir del territorio a miembros de dichas organizaciones y 3) limitar su capacidad de movilizar fondos en el sistema financiero de EE.U.U. 

El punto uno que prohíbe que las personas den soporte material o recursos a las organizaciones designadas puede ser utilizado por México para que Estados Unidos persiga a aquellas personas vinculadas con el tráfico de armas. De acuerdo con datos solicitados por la organización Stop U.S. Arms to Mexico al Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos (ATF por sus siglas en inglés), más de dos terceras partes de las armas recuperadas en México que fueron enviadas para rastreo provienen de los Estados Unidos. Igualmente, el 74% de las solicitudes de rastreo que recibe la ATF a nivel global provienen de México.

Sin embargo, para ser efectivos en este punto es necesario que el gobierno de México adopte un cambio de narrativa. El tráfico de drogas y armas son dos caras de la misma moneda. El sufrimiento en ambos lados de la frontera está inextricablemente vinculado. Estados Unidos enfrenta una de sus peores crisis de salud pública debido a la disponibilidad del fentanilo y México enfrenta su propia epidemia letal con el 70% de los homicidios perpetrados con un arma de fuego.

Ante todas estas muertes que son prevenibles, México no debe caracterizar las muertes por fentanilo como un problema exclusivamente de EU. Por el contrario, México debe empatizar con las muertes ocurridas en Estados Unidos y enfatizar los costos en vidas humanas que nuestras tragedias compartidas—sobredosis, homicidios y desapariciones—han traído para ambos países. Vincular nuestras epidemias de violencia y sobredosis pone el foco sobre el problema real: hay un exceso de mortalidad en América del Norte y abre la puerta a acciones bilaterales que México necesita para atender el tráfico de armas que tanto daño continúa causando en nuestro país.

El día de hoy, 4 de marzo, el gobierno de México presentará su caso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre las prácticas comerciales negligentes de productores y distribuidores de armas de fuego en Estados Unidos. Estamos ante un momento donde México está pidiendo acciones concretas para evitar que las armas sigan causando daños en el territorio. En suma, estamos ante un momento idóneo para que México adopte un discurso transnacional sobre los problemas de fentanilo y tráfico de armas y regrese la cooperación al espacio bilateral, coordinado e institucionalizado.

Cecilia Farfán Méndez, Investigadora afiliada al Institute on Global Conflict and Cooperation de la Universidad de California San Diego y el Centro de Estudios de Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

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