Desafíos a la autonomía de la Armada de México

En el presente texto analizo tres acontecimientos, aparentemente no relacionados entre sí, que han puesto en riesgo la continuidad de la autonomía operativa y financiera de la Armada de México (obtenidas en 1940 tras independizarse de la Secretaría de Guerra y Marina) en el marco de la ya consumada transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.

El primero es la reorganización administrativa de la Sedena materializada en la creación de la Comandancia del Ejército Mexicano el 13 de agosto de 2021 y la creación del Estado Mayor Conjunto (EMC) al interior de la Secretaría. Desde un punto de vista mercadológico, ambas reformas se presentaron de cara al público como la modernización de la gerencia de las Fuerzas Armadas mexicanas,¹ en apariencia similar al modelo de los Estados Unidos, conformado por un Estado Mayor Conjunto que congrega a los comandantes de todas las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea, Marina, Cuerpo de Infantería de Marina y Fuerza del Espacio) para asesorar al presidente en la toma de decisiones.

Sin embargo, existen diferencias sustantivas entre el modelo norteamericano y la versión mexicana del Estado Mayor Conjunto. Mientras que en Estados Unidos los joint chiefs no tienen mando directo de tropas (esa responsabilidad recae en los cinco comandos regionales), los miembros del EMC mexicano están al servicio del secretario de la Defensa, y no del presidente de la República, para la operación diaria de la dependencia.

En anticipación a la transformación de la Guardia Nacional en la cuarta fuerza armada del país,² la Sedena creó el EMC como un organismo administrativo para la gestión de las tres fuerzas armadas que hoy en día están bajo su mando: el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Esta reorganización administrativa, a golpe de vista inocente, tiene un tamiz muy diferente cuando se le mira desde el prisma de los transitorios de la reforma para la entrega de la Guardia Nacional a la Sedena. Dichos transitorios decretan el despido de todos los expolicías federales y la transferencia de sus plazas a la Sedena. El estimado más modesto elaborado por el Inegi implica la entrega de 22 970 vacantes. Si nos remitimos al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2022, esa cifra asciende hasta 38 734.³

En el caso de la Armada, la separación es opcional. Los marinos tienen 60 días a partir de la entrada en vigor de la reforma para manifestar su inconformidad para continuar haciendo labores de Guardia Nacional. Aquellos marinos que no presenten su oficio de inconformidad dentro del plazo establecido, serán transferidos a las brigadas de Policía Militar de la Sedena y su vacante dejará de estar en Semar.

La Armada reconoce oficialmente que ha asignado al menos 13 598 marinos a la Guardia Nacional. Considerando que la Semar tiene en el PEF 2022 un total de 78 526 vacantes, la pérdida de estas plazas representa una reducción del 17.31 % en el capital humano de la dependencia, un golpe fulminante considerando que el personal que se ha asignado a la Guardia Nacional es precisamente el que tiene la mayor presencia y disponibilidad para operaciones en tierra: Infantería de Marina, Policía Naval y Fuerzas Especiales (no se despliegan para las labores de seguridad pública cotidianas a los ingenieros o médicos navales).

Ahora bien, ninguno de estos dos acontecimientos considerados de forma aislada implica necesariamente la desaparición de la Secretaría de Marina ni la reabsorción de la Armada al interior de la Secretaría de la Defensa como antaño ocurría en el siglo XX, a pesar de haberse creado un Estado Mayor Conjunto que virtualmente podría ejercer el mando sobre las cuatro fuerzas armadas del país (Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Guardia Nacional) bajo una misma secretaría de Estado.

El tercer fenómeno que dota de contexto a los dos anteriores son las muestras de preferencia del presidente por la Sedena en el marco de sus proyectos de política pública.

En términos presupuestales, de acuerdo con los datos del “Inventario Nacional de lo Militarizado” elaborado por el CIDE, la Sedena, no la Armada, ha recibido el grueso del apoyo presupuestal para la realización de labores de seguridad pública y construcción de obra pública: la construcción del AIFA, del tren maya, de los bancos del bienestar, y ahora la operación de la Guardia Nacional. Incluso al interior de la Sedena la distribución de los recursos y responsabilidades no es uniforme. Es específicamente sobre el Servicio de Ingenieros Militares sobre el que ha recaído el peso de la construcción de los megaproyectos del presidente, quien a su vez está sometido al mando de los generales de arma graduados del Heroico Colegio Militar.⁴ Incluso proyectos eminentemente aeronáuticos como la administración del AIFA se han encomendado a mandos del Ejército (no de la Fuerza Aérea); ejemplo de ello es el nombramiento del general Isidoro Pastor Román, infante de carrera —no egresado del Colegio del Aire—, como director del AIFA.

A este marcado favoritismo por el Ejército hay que sumarle la erosión de la imagen institucional de la Armada que han producido eventos como la notoria ausencia del presidente en los funerales de los 14 marinos caídos en servicio tras la detención de Caro Quintero y la filtración de videos de personal de la Armada de México en el basurero de Cocula en el marco del caso Ayotzinapa (quienes operaban bajo el mando del actual Secretario de Marina, cuando en aquella época fungía como comandante de la Octava Región Naval).

A pesar de que el presidente López Obrador ha declarado públicamente que hasta el momento no hay ninguna investigación en contra del actual secretario de Marina por el caso Ayotzinapa, el propio presidente ha reconocido que es de sabios cambiar de opinión. Si los tiempos políticos los requieren, el almirante Ojeda podría sufrir un destino similar al del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien hoy está investigado por el caso Ayotzinapa (aunque en principio es improbable que dicho escenario se materialice dadas las imprecisiones reveladas en torno al informe del caso Ayotzinapa presentado por el subsecretario Alejandro Encinas).

El presidente ha puesto todos los huevos en una sola canasta, la Sedena, que hasta el día de hoy, gracias a su cabildeo, ha logrado la desaparición de dos de sus grandes rivales civiles: el Cisen y la Policía Federal.⁵ El último reducto de una corporación autónoma e independiente de sus dictados es la Armada de México.⁶

En mi opinión, no sería extraño que en los próximos meses se presentara alguna propuesta de reforma para que la Sedena, a través de su EMC, asuma el mando de las cuatro fuerzas armadas del país, dejando si acaso la Secretaría de Marina como un organismo administrativo subsidiario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para temas de aduanas y puertos. Los incentivos, medios y narrativas para dar el paso están puestos; el EMC ya ejerce el control de tres fuerzas armadas, por lo que sumar una cuarta tiene sentido administrativamente. Además, ante los malos titulares de la Armada en fechas recientes, ¿por qué no evitar roces con la opinión pública y mejor entregar el mando a la Sedena?

Debemos estar atentos al ajedrez de la política militar, que tiende a ocurrir a puerta cerrada, pero su impacto en la vida nacional es de la mayor relevancia. La reciente reorganización administrativa de la Sedena es todo menos inocente o rutinaria.

Víctor Hernández
Maestrante en Inteligencia y Seguridad Internacional del King’s College London, egresado del Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa y profesor-investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana.

¹ Así lo ha sostenido no sólo la Secretaría de la Defensa en sus pronunciamientos oficiales, sino también los académicos y articulistas presuntamente pagados por la dependencia para generar opiniones favorables hacia las Fuerzas Armadas de acuerdo a los documentos filtrados por el grupo hacktivista Guacamaya.

² Lo cual por sí mismo es profundamente llamativo porque hay meses de distancia entre la creación del EMC y la aprobación de la reforma de militarización de la Guardia Nacional. ¿Por qué los militares no esperaron al proceso legislativo? ¿Por qué daban por sentado que su reforma se aprobaría?

³ El despido de miles de policías de la noche a la mañana, como atestigua la historia del origen de los Zetas, ofrece al mercado criminal recursos humanos bien entrenados y molestos con las autoridades mexicanas.

⁴ El Ejército Mexicano se divide administrativamente entre Armas (infantería, caballería, artillería, zapadores y arma blindada), que aglomeran al personal operativo, y Servicios (sanidad, ingenieros, transmisiones, etc.), que proveen apoyo logístico para la conducción de las operaciones militares. De conformidad con el artículo 193 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, el personal de servicios (e.g. Los graduados de la Escuela Militar de Ingenieros, Escuela Militar de Medicina, etc.) sólo pueden acceder máximo al grado de General de Brigada, bajo la lógica de que su rol es auxiliar y supeditado a las operaciones militares que se centran en el uso de la fuerza.

⁵ De las cenizas del Cisen se erigió el Centro Nacional de Inteligencia al mando del general Audomaro Martínez Zapata.

⁶ Prueba de ello es el operativo detonado en solitario por la Armada de México tras el secuestro de dos de sus elementos, presunta represalia a la detención de la esposa del Mencho. Ver: Ortega, R. “Marinos realizan operativos en Zapopan tras secuestro de dos elementos”, El Sol de México, 17 de noviembre de 2021.