Derechos humanos en México: ¿la reforma cambió el paradigma?

A diez años de la entrada en vigor de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, podemos preguntar: ¿en verdad significó un nuevo paradigma? ¿Mejoró la situación de los derechos humanos en México?

En su momento fue señalada como el inicio de un nuevo paradigma, a partir del cual se respetarían y garantizarían los derechos humanos de todas las personas. La reforma fue acompañada de políticas públicas, creación de instituciones y legislaciones para materializar su contenido, lo que abría un espacio de esperanza en un país asolado por las constantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos generadas por el combate frontal a la delincuencia organizada.

A pesar de los esfuerzos y el nuevo diseño legislativo que se promovió, considero que la reforma no significó un cambio de paradigma y, lejos de promover una cultura de los derechos humanos, ha sido letra muerta. No se ha logrado trasladar al mundo fáctico su contenido.

Mi posición se sustenta en dos elementos: el aumento de violaciones a los derechos humanos de 2011 a 2020, y la normatividad ineficiente. A continuación analizaré cada uno de ellos.

Ilustración: Víctor Solís

Aumento de violaciones a los derechos humanos

Entre 2011 y 2020, el número de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos aumentó en el país de manera considerable. Durante el período se registró un total de 74 588 quejas presentadas ante la CNDH, cifra tres veces mayor a las 27 477 contabilizadas entre 2001 y 2010.¹

Tabla 1. Información obtenida los informes anuales de la CNDH

Asimismo, las recomendaciones emitidas en el período de referencia son mayores en comparación con las emitidas en los diez años previos: 820 de 2011 a 2020, frente a las 618 correspondientes al periodo 2001-2010.

Resulta significativo que  la autoridad que ocupa el primer lugar de quejas en los últimos diez años recibidas sea el Instituto Mexicano del Seguro Social, con un total de 22 918; le sigue el ISSSTE, con 9 252. El tercer lugar lo ocupa el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social de la Segob encargado de los Centros Federales de Readaptación Social a nivel federal con 8 517.²

Lejos de una percepción tradicional de las instancias vinculadas con la seguridad pública y la procuración de justicia, las dependencias que tienen a su cargo la protección de derechos de corte social —educación y salud por ejemplo— ocupan los primeros lugares de quejas recibidas. Esto significa que, más allá del tema de seguridad pública, México atraviesa una crisis de satisfacción de derechos económicos y sociales.

Normatividad ineficiente

A partir de la reforma presenciamos un dinamismo legislativo en materia de derechos humanos que se tradujo en la generación de diversas normatividades como el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas, así como las Leyes Generales sobre tortura, desaparición forzada y trata de personas. Desafortunadamente, las leyes no han sido acompañadas ni de estrategias transversales y adecuadas para poder materializar su contenido, ni de políticas públicas transexenales. Los resultados saltan a la vista: un índice de impunidad a nivel nacional que se aproxima al 93 %, porcentaje similar al de la cifra negra de delitos no denunciados en todo el país³ de 92.4 %. Esto se traduce en una violación masiva del derecho de acceso a la justicia.

El número de personas desaparecidas⁴ también refleja una tendencia a la alza en los diez años que analizamos: pasaron de 10 532 en 2011 a 156 725 en 2020. Asimismo, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de carpetas de investigación por trata de personas refleja un aumento gradual desde el año 2015.

Personas desaparecidas, no localizadas y localizadas 2011 – 2020

A partir de lo anterior podemos constatar que, pese a contar con leyes enfocadas a maximizar derechos humanos u otras que buscan prevenir conductas violatorias, su aplicación ha sido ineficiente al no lograr los objetivos que persiguen. Entonces, ¿reformar o crear leyes no contribuye a mejorar la situación de los derechos humanos? El poder legislativo es fundamental para asegurar un contexto de derechos humanos, pero es indispensable acompañar las normas con acciones claras, decisivas y contundentes que se materialicen a partir de políticas públicas. En caso contrario, sólo son buenas intenciones inacabadas.

Manuel Jorge Carreón Perea
Consejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Profesor en la Universidad del Claustro de Sor Juana y colaborador académico del Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio.

¹ Información obtenida de los informes anuales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

² Información obtenida de los informes anuales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

³ Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2020.

⁴ Información obtenida del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO).