Definir para resolver: ¿cómo entendemos el robo de hidrocarburos en México?

El robo de hidrocarburos en México se convirtió en un problema grave alrededor del año 2010, sin embargo, adquirió notoriedad en la agenda pública a partir de 2018 con la entrada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la implementación de la Estrategia de Combate al Mercado Ilícito de Hidrocarburos (ECMIH). Los gobiernos anteriores ya habían implementado acciones contra este delito: durante el sexenio de Felipe Calderón se modificó el Código Penal Federal para evitar la comisión del delito por parte de trabajadores de Pemex y para combatir a los grupos de la delincuencia organizada dedicados al robo de hidrocarburos;¹ mientras que en el gobierno de Enrique Peña Nieto el problema se definió como un asunto de Seguridad Nacional y se creó la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.²

Pueden destacarse tres factores para explicar por qué el mercado ilegal de hidrocarburos se arraigó en gran parte del país: la “guerra contra el narcotráfico” del presidente Felipe Calderón; la colusión de la paraestatal Pemex, gobiernos locales y corporaciones de seguridad con la delincuencia organizada, y la participación de amplias bases sociales en este mercado.

La estrategia de seguridad de Felipe Calderón, que consistió en declarar la guerra a los grupos de la delincuencia organizada y desplegar al Ejército en las zonas más conflictivas del país,³ intensificó las disputas entre grupos criminales, el incremento de la narcoviolencia y la fragmentación de los principales cárteles tras la detención de sus líderes.⁴

Las consecuencias del enfrentamiento violento entre cárteles y entre estos y el Estado se extendieron hasta ocasionar una lucha por nuevos negocios criminales; así, el robo de hidrocarburos ya no sólo era cometido por bandas locales, sino que se sumó a los negocios ilícitos de organizaciones más violentas que buscaban nuevas fuentes de ingresos para hacer frente a la guerra contra otros cárteles y las autoridades. Debido a los amplios beneficios económicos y de impunidad que ofrece este mercado ilegal, en algunos casos se volvió la principal fuente de ingresos de grupos de la delincuencia organizada, como es el caso del Cártel de Santa Rosa de Lima.⁵

Este mercado ilegal se compone de una compleja red de actores: funcionarios, empresarios, grupos de la delincuencia organizada de distintas magnitudes, autoridades municipales, estatales y comunidades. La participación de empleados de Pemex es un elemento clave para entender la magnitud del robo que reporta la paraestatal, pues se requiere el conocimiento técnico y la información confidencial para poder realizar tomas clandestinas o robar directamente de las terminales de almacenamiento y plataformas marítimas. El grado de involucramiento de las autoridades se puede denominar como un macroproceso de corrupción.⁶

Como ejemplo está el caso del ex subdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex, Eduardo León Trauwitz, quien fue detenido en Canadá el 17 de diciembre de 2021 tras ser acusado por la FGR de proteger y encubrir el robo de hidrocarburos durante el sexenio pasado. Además, destaca el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien se encuentra preso desde noviembre de 2021; la FGR lo acusa de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y de la empresa Altos Hornos de México para beneficiarlas con contratos de Pemex.

A pesar de la variación del fenómeno a nivel local (el modus operandi, los grupos delincuenciales involucrados en las distintas entidades y las alianzas con diferentes gobiernos locales, etc.), el respaldo y aceptación social de este delito es el tercer factor que ha facilitado su proliferación por todo el país. Esta aceptación puede asociarse a un cambio cultural⁷ o una cultura “huachicolera”.⁸

La demanda de combustible a bajo costo y de fuentes de ingresos han sido fuertes incentivos para que comunidades y familias enteras —madres, padres, niños, ancianos y jóvenes— participen en la red de tráfico de combustibles, ya sea transportando, extrayendo, comercializando, consumiendo combustibles, cuidando tomas clandestinas o siendo “halcones” para evitar ser descubiertos por las autoridades, esto a pesar de que el mercado ilícito ha generado problemas de inseguridad en las comunidades.

¿Hacia dónde se dirige la Estrategia de Combate al Mercado Ilícito de Hidrocarburos?

A diferencia de la intervención gubernamental de las administraciones anteriores, la ECMIH de 2018 puso énfasis en la prevención del delito mediante la implementación de programas sociales para atender las carencias y falta de oportunidades, entre los que destaca Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Becas Universitarias, entre otros.

Además, se suma la labor de otras dependencias como la Profeco, la UIF, el SAT, así como la intervención de la Sedena, la Semar y la Guardia Nacional en carreteras, refinerías, terminales de almacenamiento y en la infraestructura de ductos más vulnerable, pues “de más de 54 000 km de oleoductos en el país, el gobierno ha calificado 13 000 km como problemáticos y 6000 km como ‘críticos’”. En el marco del inicio de la ECMIH, el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que se inició con un despliegue 3200 efectivos militares para el cuidado de los ductos y las instalaciones de Pemex, mientras que a partir de enero de 2019 el número se incrementó a 5800 elementos y se destinaron 14 aeronaves para custodiar los principales once ductos.⁹

En el corto plazo el gobierno Federal celebró una reducción récord de la magnitud del robo. Como se puede ver en el número de tomas clandestinas detectadas por Pemex, el registro comienza a descender a partir de 2018; los informes mensuales y anuales de Seguridad Pública muestran una tendencia similar en otros indicadores como volúmenes extraídos y pérdidas económicas.

Para conocer las implicaciones de estas acciones en materia de seguridad se requiere investigar a nivel local cómo es que los programas sociales, la presencia de las Fuerzas Armadas y las labores de inteligencia pudieran relacionarse con un cambio en el mercado ilegal. Sin embargo, vale la pena resaltar que los programas sociales que el gobierno refiere como acciones preventivas se han ofrecido como solución a más de un problema del país, lo que limita la posibilidad de que atiendan las circunstancias específicas que pudieran detonar el delito.

Por otro lado, la presencia de las corporaciones militares como medida para inhibir el robo podría ocasionar una atención intermitente del problema y no una estrategia a largo plazo. Finalmente, aunque el gobierno Federal diagnosticó la corrupción de las instituciones públicas como un factor relevante para el crecimiento de este mercado, se han visibilizado poco los avances en la investigación y sanción de funcionarios de diferentes áreas del gobierno, lo que ofrece una pista de que los niveles de impunidad continúan y, en consecuencia, este problema de seguridad persistirá en la sociedad.

Margarita Zapata Moreno
Socióloga. Estudiante de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de la FCPyS, UNAM y voluntaria en Investigación y Política Pública en México Unido Contra la Delincuencia.

Lo escrito aquí es a título personal y no refleja necesariamente la postura de las instituciones afiliadas.

¹ Peschard Mariscal, J., y otros. “¿Qué sabemos del robo de combustible en México? Claroscuros de un delito que no cede”, Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 66(241), 2021, pp. 245-280.

² Ibid.

³ Trejo, G., y Ley, S. Votos, drogas y violencia. La lógica política de las guerras criminales en México, Debate, México, 2022.

⁴ Ibid.

⁵ Jones, N. P., y Sullivan, J. P. “Huachicoleros: Criminal Cartels, Fuel Theft, and Violence in Mexico”, Journal of Strategic Security, 12(4), 2019, pp. 1–24.

⁶ León, S. Mexico’s Fuel Trafficking Phenomenon. Analyzing an emerging black market, Springer International Publishing, 2021.

⁷ Jones, N. P., y Sullivan, J. P. ob. cit.

⁸ El “huachicol” o “huachicoleo” es el término coloquial para referirse al robo de combustible. En su origen, este término se utilizó para referirse a bebidas alcohólicas adulteradas vendidas en cantinas , pero también a los remanentes de combustible que quedan en las pipas y que después son almacenados en “huachicoleros” o lugares donde estos combustibles son comercializados de manera ilegal.

⁹ Valdivia-García, J. “Desabasto, oportunidades perdidas, mentiras y muerte en la guerra contra el huachicol”, Análisis Plural, primer semestre de 2019. Tlaquepaque, Jalisco, ITESO, 2020.