¿Deberían otros países seguir los pasos de El Salvador?

Latinoamérica es la región más violenta del mundo. En Latinoamérica vive el 8 % de la población mundial, pero se cometen uno de cada tres homicidios del mundo. En las últimas décadas, pandillas y cárteles se han apoderado de ciudades como Celaya, San Salvador, o Medellín. Hoy, de las cincuenta ciudades más violentas del mundo, 43 se encuentran en la región. Por la violencia en Latinoamérica y el miedo que genera, millones de personas han sido desplazadas de su país.

La violencia tiene un impacto muy profundo en Latinoamérica. Por un lado, están las víctimas. En la región cada año se pierden más de 120 000 vidas, principalmente hombres jóvenes, por homicidio intencional. Y con ello, hay personas que quedan con una huella permanente extrañando a sus seres queridos. Pero el impacto no sólo queda en las víctimas de un homicidio o sus familiares. Un enorme número de personas sufre lesiones dolosas, muchas de ellas muy severas, que marcan su vida de manera permanente. Además, la violencia genera pérdidas económicas enormes. En México, se estima que la violencia cuesta cada año casi 20 % del PIB, en parte por las vidas y objetos que se pierden por la criminalidad que se sufre, pero también en parte por toda la actividad económica que deja de ocurrir o la inversión que se va a países más seguros.¹

Con el enorme costo que tiene la violencia en la región, hemos tenido un desfile de propuestas y programas de seguridad que prometen acabar rápido con el crimen, las pandillas y los cárteles. Con educación, tecnología, o hasta con abrazos y no balazos. Lo cierto es que casi nada parece funcionar en la región, y lo que sí ha funcionado, toma demasiado tiempo. Entre los pocos ejemplos en la región se encuentran Medellín en Colombia, que logró pasar de 7000 homicidios en 1991 a menos de 500 homicidios al año en más de veinte años (una reducción en su tasa de homicidios de casi 400 homicidios a menos de 13 homicidios por cada 100 000 habitantes), y el estado de Coahuila en México, que pasó de casi 1200 homicidios en 2012 a 170 homicidios en 2022 (una reducción en su tasa de homicidios de 42.3 a 5.4 homicidios por cada 100 000 habitantes). Es en ese escenario alarmante y catastrófico para Latinoamérica que la figura de Nayib Bukele se vuelve cada vez más relevante.

Nayib Bukele fue alcalde de San Salvador entre 2015 y 2018 y es presidente de El Salvador desde 2019. En las elecciones presidenciales de 2024, se reeligió con 85 % de los votos. Aunque hay evidencias de que en esas elecciones se cometieron múltiples irregularidades, es innegable la popularidad y el apoyo con el que cuenta.² La principal razón es que logró reducir el número de homicidios de El Salvador de una manera sorprendente. Ese país pasó de ser uno de los más violentos en 2015 a una tasa de homicidios similar a la de Canadá (2.4 homicidios por cada 100 000 habitantes). De cierta manera, “resolvió” el problema más serio de su país y sus políticas parecieran ser la receta contra el gran padecimiento latinoamericano.

Con los abrumadores resultados de El Salvador en cuanto a la reducción de la violencia e impunidad, muchas personas en la región han abogado por aplicar esas estrategias en Honduras, México, Colombia, Perú y más.³ ¿Deberían otros países de Latinoamérica seguir los pasos de El Salvador? En realidad, es importante hacer una pregunta antes. ¿Pueden otros países seguir los pasos de El Salvador? Una característica muy relevante sobre El Salvador es su tamaño. Por mucho es el país más pequeño de Centroamérica y el más denso. Eso significa que con relativamente pocos recursos y en poco tiempo, se puede recorrer todo el país. La Policía o el Ejército de El Salvador puede llegar a cualquier lugar en un par de horas.⁴ Pero los otros países de América Latina son mucho más grandes y fragmentados. Costa Rica es 2.4 veces más grande, y Guatemala y Honduras son cinco veces más grandes. No es para nada claro que otros países puedan siquiera adoptar las políticas de Nayib Bukele si sus condiciones son tan distintas.⁵ Pero incluso si asumimos que sí es posible implementarlas, es importante plantearnos si valen la pena.

¿Seguridad, pero a qué costo?

Desde que Bukele era alcalde, su estrategia fue una mano dura contra las pandillas de la ciudad. Y esa estrategia fue cada vez más rígida, declarando un Estado de excepción. Nayib Bukele ha gobernado El Salvador bajo esta figura desde marzo de 2022, limitando derechos constitucionales. Durante estos meses, el Poder Ejecutivo ha utilizado a las fuerzas de seguridad del Estado para implementar una política de represión, persecución y estigmatización, llegando a una crisis de derechos humanos. Aunque el plan de El Salvador para reducir la violencia tuvo distintas etapas, incluyendo una de “oportunidades”, con el objeto de ofrecer a los jóvenes de ese país alternativas a unirse a una pandilla, y una de “incursión” a las ciudades para arrestar a los miembros de las pandillas, el plan se puede resumir como una mano dura contra los criminales y contra cualquiera que parezca serlo. Incluso Bukele ha amenazado con dejar a los presos sin comida y con cobrarle a los familiares la ropa y los productos de higiene de sus parientes presos.

Uno de los muchos resultados de las políticas de seguridad de Nayib Bukele fue el incremento de la población presa. En 2020 había poco más de 30 000 personas en alguna prisión en El Salvador, y para 2023 eran ya más de 100,000. Tomando en cuenta que en El Salvador solo viven 6.3 millones de personas, ese país hoy tiene la mayor proporción de su población en prisión. La población penitenciaria de El Salvador representa 2.5 % de su población adulta. Si en México se aplican políticas similares que resulten en un crecimiento de la población penitenciaria del país, tendríamos más de 2.2 millones de personas en prisión, muchísimas más que las que hoy forman parte de un cártel.⁶ En Brasil, habría casi cuatro millones de adultos en prisión. De aplicar las políticas de El Salvador en Latinoamérica, la población penitenciaria de la región será de casi 12 millones de personas. Para dimensionarlo mejor, hoy en todo el mundo hay sólo 10.9 millones de personas en alguna prisión, es decir, la población penitenciaria de todo el mundo se duplicaría si Latinoamérica decidiera seguir los pasos de El Salvador.⁷

Las repercusiones de tener tal cantidad de personas en prisión son abrumadoras. Por un lado, El Salvador no tiene la capacidad para juzgar y sentenciar a tantas personas, así que el país ha recurrido a juicios masivos —con nula capacidad de probar inocencia. Muchísimas personas que hoy están en prisión en El Salvador no cometieron un delito. Además, el país tampoco tiene la capacidad de lidiar con tantos presos, así que las condiciones en las que miles de salvadoreños hoy están en prisión son verdaderamente alarmantes.

Visión a largo plazo

Una de las grandes preguntas que tenemos que hacer respecto a las políticas de El Salvador es el impacto que tendrán en algunos años. ¿Qué pasará con las personas que hoy se encuentran en prisión? No es claro si el objetivo es reintegrarlos a la sociedad o si estarán encerrados por décadas en condiciones insalubres, con hacinamiento y brotes de violencia.

Tampoco es clara la visión que se tiene respecto a los adolescentes y niños del país. Si algunas condiciones para la formación de pandillas en El Salvador siguen existiendo (como desigualdad, o un mercado muy valioso de drogas), entonces en unos años ¿tendría que seguir aumentando la cantidad de personas en prisión? ¿Seguirá la población penitenciaria de El Salvador aumentando conforme los niños y adolescentes del país crezcan? ¿Podemos garantizar que El Salvador seguirá teniendo pocos homicidios en 2030?

Un problema muy serio al que se enfrentan algunos países en Europa es el envejecimiento de su población. Ese problema se genera principalmente por su baja fertilidad. Hoy, las personas tienen muy pocos hijos. Aunque actualmente no es un problema muy alarmante en Latinoamérica, el envejecimiento de la población será muy relevante en algunos años. En 1993, había casi 840 000 niñas y niños menores de cinco años en El Salvador, pero hoy hay solo 500 000; es decir, en 30 años El Salvador ha perdido ya más de 40 % de su población infantil. Por mucho será el país de Latinoamérica más afectado por una población envejecida. Además, por las políticas de Bukele, ese país ha acelerado muchísimo su proceso de envejecimiento. Una parte de la población más joven (en edad reproductiva) ha migrado a otros países, y otra parte está hoy en prisión.⁸

Población de algunos países de Centroamérica entre 2000 y 2024 y su proyección hasta 2050.

La estrategia de El Salvador parece una rápida solución a un viejo problema de la región, sin embargo, aún falta comprobar si los resultados son estables y si es una política sostenible, tanto desde el punto de vista económico como desde un punto de vista social y político. Aunque hoy El Salvador es un país con menos homicidios que hace diez años, es difícil garantizar que esas condiciones se mantengan en el largo plazo. Además, la erosión de los derechos humanos del país y la nula capacidad para garantizar un juicio justo genera dudas muy razonables sobre su eficacia. Por el tamaño y densidad de El Salvador, es muy posible que una política similar no pueda aplicarse —o no con la misma velocidad y resultados— en otras partes de Latinoamérica. Y los costos que se tendrán que pagar en cuanto al envejecimiento de la población, la reducción de la fertilidad y la migración a otros países son muy altos.

¿Deberían otros países seguir los pasos de El Salvador? No, mientras no aseguren que las personas en prisión sean las correctas y que sus condiciones sean razonables. No, si no podemos garantizar que se busca una reducción de la violencia en el largo plazo. No, mientras las condiciones para que se generen pandillas y cárteles no cambien. Y no mientras la fuerza extrema del Estado se pueda utilizar para silenciar a periodistas, opositores y activistas.

Rafael Prieto-Curiel
Miembro de la facultad del Complexity Science Hub en Viena. Trabajó en el Mathematical Institute de la Universidad de Oxford y en el Centro de Estudios Espaciales Avanzados de University College London (UCL), donde estudió una maestría en Estadística y un doctorado en Matemáticas Aplicadas y Seguridad y Crimen. Trabajó en el C5 de la Ciudad de México como director de Análisis Estratégico.

Gian Maria Campedelli
Investigador en Fondazione Bruno Kessler. Trabajó en la Universidad de Trento. Estudió un doctorado en Criminología en la Università Cattolica del Sacro Cuore (Milán). Escribió el libro Machine learning for criminology and crime research: at the Crossroads (2022).

Este texto está basado en la publicación Should Other Countries Follow El Salvador’s Repressive Security Policies? que puede consultarse en este enlace.

¹ Institute for Economics and Peace,“Mexico Peace Index, Identifying and Measuring the Factors That Drive Peace”, Sydney, 2023

² Nóchez, María Luz, “Bukele Claims His Ill-Gotten Throne in El Salvador”, El País, 2024

³ reeman, Will, “Nayib Bukele’s Growing List of Latin American Admirers”, Americas Quarterly 02, 2023

⁴ Prieto-Curiel, Rafael y Gian Maria Campedelli, “Should Other Countries Follow El Salvador’s Repressive Security Policies?”,  SSRN 4805976, 2024

⁵ Ídem

⁶ Prieto-Curiel, Rafael, Gian Maria Campedelli, y Alejandro Hope, “Reducing Cartel Recruitment Is the Only Way to Lower Violence in Mexico”, Science 381 (6664), 2023, pp. 1312–16.

⁷Prieto-Curiely Campedelli, ob. cit.

⁸  Ídem