Covid-19 y cárceles: navegando en la tormenta

En la medida en que se empezaron a reportar casos positivos del virus que causa el covid-19 en centros penitenciarios del país, se han difundido artículos y reportajes señalando “la gravedad de la situación” y que, en este sentido, “se cumplió el pronóstico”. Dichas publicaciones, sin embargo, omiten referirse a las características operativas y logísticas del funcionamiento de un penal.

Tomando en cuenta el diagnostico conocido del sistema penitenciario a nivel local, había que tomar todas las medidas y establecer una estrategia ante la pandemia. En el caso del sistema penitenciario del Estado de México, el más grande del país, con una población penitenciaria de más de 31 000 personas en 22 centros con instalaciones para 13 000 personas, resultaba evidente y urgente. Lo anterior, considerando que guardar la sana distancia en penales con un sobrecupo de hasta más del 300 % es prácticamente imposible.

Ilustración: Víctor Solís

Un centro penitenciario es un colectivo, una ciudad en pequeño. Conviven privados de libertad y una población que entra y sale de la instalación: custodios, personal administrativo, médicos, abogados, familiares y proveedores de servicios. Entender la dinámica de estos flujos de personas es determinante para planear una estrategia funcional que considere tres medidas básicas: protocolos, información y dotación de equipamiento.

Desde el inicio de la pandemia la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó los Estándares Especiales UNAPS covid-19, que son una serie de protocolos para los privados de libertad, servidores públicos y visitantes, los cuales fueron adoptados de inmediato. Contar con guías que permiten homologar procedimientos y disminuir la discrecionalidad es fundamental en este tipo de población.

Activar un cerco sanitario es sustancial a fin de prevenir contagios. En un centro penitenciario significa un reto mayúsculo ya que implica aislar a los que ya están aislados. Es necesario favorecer el distanciamiento social entre visitantes a los Centros y de estos con la población en reclusión, e identificar a los grupos vulnerables, tanto servidores públicos como privados de la libertad; los primeros deben ser enviados a sus casas y los segundos deben ser aislados del resto de la población.

Establecer la cancelación de la visita familiar es una decisión difícil pero necesaria. Entraña resolver problemas de seguridad, como han podido dar cuenta los medios en nuestro país y en muchas otras partes del mundo, así como dificultades de logística, a fin de que los privados de libertad no pierdan su red de apoyo. Esto último implica buscar alternativas para atender la dimensión emocional que significa el alejamiento físico de los internos respecto de su entorno familiar. En el penal de Tenango del Valle, por ejemplo, se continúa vía remota con el apoyo del Consejo Mundial de Boxeo con el programa de reinserción “Knockout, no tires la toalla”.

En este punto la provisión de información es crucial. Desde el inicio de la pandemia se trabaja con los privados de libertad y sus familiares a fin de concientizar sobre la problemática. Se amplió el horario de entregas de apoyo de familiares a sus internos en todos los centros, que ocurre todos los días de la semana. Además, se pueden realizar llamadas telefónicas gratuitas los fines de semana.

Debido a la insuficiencia de espacio que existe en diferentes centros penitenciarios para aislar a posibles sospechosos y casos confirmados, se habilitó un área-hospital con una capacidad para atender al menos 200 privados de libertad en el centro penitenciario de Neza-Norte. En esas instalaciones trabaja personal médico permanente con las herramientas adecuadas y un área aislada y sanitizada. A la fecha se han atendido a 38 privados de libertad, cuatro confirmados con prueba y los restantes en estatus de sospechosos. Todos ellos han evolucionado favorablemente o con altas médicas. Asimismo, ocho privados de libertad han sido atendidos en diversos hospitales, de los cuales cuatro fallecieron con prueba positiva.

Continuando con los flujos de los penales, reparemos que continúan entrando personas. Por lo tanto, quienes son puestos a disposición del centro penitenciario, así como quienes por alguna causa son reingresados, principalmente de hospitales, son puestos en aislamiento por un lapso de 14 días. En ese periodo son monitoreados por el personal médico. Por ese motivo se limita, en la medida de lo posible, las salidas al hospital. Para dimensionar: normalmente, en un mes más de 2000 privados de libertad salen al hospital ya sea a revisión, estudios, consulta o urgencia.

Una vez “sellados” los centros nos enfrentamos a la circulación de personal que entra y sale de los mismos. Este flujo lo conforman alrededor de 5000 servidores públicos y proveedores de servicios imprescindibles a fin salvaguardar la operación, seguridad y salud de los penales. Muchos de ellos viven en zonas de alto contagio y viajan en transporte público. Tenemos que conocer y valorar sus historias de vida en esta pandemia. El primer contagio de covid-19 en los penales del Estado de México ocurrió cuando un custodio que, al vigilar a un privado de libertad que convalecía de una intervención quirúrgica en un hospital, resultó contagiado e infectó a cuatro internos del penal de Cuautitlán.

No es este el espacio para desarrollar el tema del personal penitenciario. Solo apunto que existe un efecto acumulado y preocupante de la desatención que por muchos años prevaleció, no sólo respecto a la necesidad de profesionalizar los servicios que prestan, sino para dotarlos de las condiciones decorosas de vida y de trabajo que precisan para desarrollar su labor.

Las personas que trabajan en los centros penitenciarios suelen encontrarse tan privadas de la libertad como los internos. Duermen y comen en los centros. Difícilmente se puede dimensionar las tensiones a las que están sometidos. Es tiempo de que se reconozca la enorme valía y dignidad que apareja el trabajo en la comunidad penitenciaria. A la fecha, 10 custodios, una abogada y un médico han fallecido a causa de esta pandemia.

Mucha tinta ha corrido sobre el tema de las preliberaciones durante la contingencia, sin embargo vale la pena ubicar el debate en su justa dimensión. Por un lado, no es la “varita mágica” que algunos sostienen para abatir la sobrepoblación. No es algo nuevo, ni es una alternativa  legal subutilizada; existen condiciones y supuestos legales tanto para que ocurra la libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión (brazaletes), como para la libertad anticipada.

En el otro extremo, tampoco es un mecanismo para “poner a los criminales en la calle”. Son medidas que toman las jueces, basadas invariablemente en los criterios de ley.

En lo que va de la contingencia en el Estado de México este mecanismo ha permitido otorgar beneficios preliberacionales a casi 300 privados de la libertad, muchos de ellos en condición de riesgo. Cierto es que existen beneficiarios que reinciden. En la entidad referida, esto significa alrededor del 1.6 %, en contraste con los reingresos de personas que han compurgado una sentencia cuyo porcentaje es aproximadamente del 15 %.

La promulgación de la Ley de Amnistía es un paso en la dirección correcta; con su ejecución se amplía el espectro de posibilidades de otro grupo de privados de libertad. En tanto se implementa su aplicación y el Poder Legislativo en las entidades federativas aprueba las leyes locales en la materia, los beneficios preliberacionales son figuras ya previstas en la ley que deben ser siempre usadas adecuadamente.

Recapitulo: los sistemas penitenciarios locales del país ya habían manifestado insuficiencia en sus capacidades institucionales; la más evidente ha sido la sobrepoblación. La pandemia nos puso ante nuevos desafíos en los ámbitos de gobierno penitenciario, jurídico, de salud, administrativos, así como en términos de la logística que conlleva responder oportunamente a esta crisis de salud pública. Reconocer esta realidad y tener una hoja de ruta para enfrentar esta coyuntura permitirá identificar prioridades y reducir la posibilidad de que un número de mexicanos privados de su libertad y quienes no lo están, se enfermen y vivan en vulnerabilidad, en un contexto que con las horas se torna cuando menos inquietante.

Manuel Palma-Rangel
Subsecretario de Control Penitenciario de la Secretaria de Seguridad del Estado de Mexico.