Contra la violencia, construyamos capacidades

La violencia en México

En los últimos catorce años, algunos de los principales motores de la violencia en México han sido los enfrentamientos entre organizaciones y bandas del crimen organizado, así como los enfrentamientos entre éstas y las instituciones de seguridad del Estado (y viceversa). De acuerdo con datos del Inegi, 2020 cerró con una tasa de homicidios con tendencia a la baja. No obstante, esta cifra aún es tres veces mayor a la tasa de 2007, que corresponde al registro más bajo de los últimos treinta años. 

De acuerdo con informes de la Secretaría de Gobernación, el número de personas desaparecidas hasta junio de 2021 ya supera las 88 000. Los feminicidios y la violencia de género tampoco muestran cifras optimistas. La pandemia acentuó la vulnerabilidad de las mujeres: las restricciones de movilidad facilitaron los ataques de los agresores. De hecho, una tercera parte de los asesinatos de mujeres durante los últimos veinte años ocurrieron en el propio hogar de las víctimas.

Ante esta compleja realidad, ¿qué ha hecho el Estado mexicano? ¿Cuál ha sido el papel de las instituciones de seguridad y de justicia en las dinámicas de violencia en el país? ¿Existen avances institucionales ante las diferentes manifestaciones de la violencia?

Ilustración: Víctor Solís

Las (in)capacidades institucionales del Estado mexicano ante la violencia

El Estado mexicano ha hecho diversos esfuerzos por fortalecer y reformar el sistema de seguridad y justicia. El proceso interminable de conformación de una institución federal de seguridad hoy está centrado en la Guardia Nacional. Esta institución militarizada con más de 90 000 efectivos no tiene una lógica de despliegue ni actividades en los estados más violentos como Guanajuato, Baja California o Chihuahua.

Adicionalmente, los procesos de justicia son fundamentales para la generación de cambios profundos en las dinámicas de violencia criminal en México. Sin embargo, las reformas al sistema de justicia penal de 2008 —que tenían como objetivo reducir la discrecionalidad del ministerio público y generar un proceso garantista para víctimas y procesados— aún no logran su objetivo. A cuatro años de la entrada formal en vigor de este sistema, el Estado de derecho en México muestra un estancamiento.

Una capa adicional en el entramado de la impartición de justicia se refiere al sistema penitenciario. Desafortunadamente, en México la cárcel está en crisis desde hace varios años. La sobrepoblación, las violaciones a derechos humanos, la corrupción y el autogobierno son elementos permanentes en las evaluaciones de las prisiones del país. Así, el sistema penitenciario en México sigue sin ofrecer un mecanismo de readaptación para volver a la sociedad después de cumplir su condena; además, replica y genera nuevas formas de violencia dentro y fuera del mismo.

La sociedad civil mexicana ante los efectos de la violencia

Ante el fracaso de las políticas de seguridad en los últimos años, los grupos criminales se han multiplicado y diversificado. Así, la violencia afecta profundamente a la sociedad, desde la política y economía locales hasta sus procesos de movilidad y organización. En consecuencia, diversas organizaciones de la sociedad civil, el sector empresarial, periodistas e incluso las instituciones de la cooperación internacional han hecho un esfuerzo por complementar los intentos del Estado mexicano para entender, prevenir y atender la violencia.

México Evalúa y México Unido Contra la Delincuencia han aportado a la medición de los resultados de las acciones en materia de seguridad y justicia implementadas por esta administración y las tres anteriores, así como a la comprensión del proceso de militarización de la seguridad pública en México. Reinserta y Reintegra son probablemente las únicas dos únicas organizaciones de la sociedad civil que proveen servicios de reinserción social a personas en reclusión y jóvenes en conflicto con la ley.

El trabajo de los periodistas y medios de comunicación ha sido fundamental para conocer las diferentes expresiones que ha tomado la violencia en el país, la forma en que se interrelacionan los victimarios y los terribles efectos en víctimas directas e indirectas de la violencia. Esto les ha valido que el ejercicio del periodismo en México sea una actividad de altísimo riesgo.

El sector privado también ha hecho su parte apoyando procesos de construcción institucional. Los casos de la Fuerza Civil en Nuevo León o del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana —que trabaja para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia de Chihuahua— dan testimonio de ello. Las instituciones de cooperación internacional como USAID o UNODC también han proporcionado fondos y asistencia técnica nodales para impulsar la agenda de prevención, derechos humanos y Estado de derecho en el país.

La academia nacional e internacional ha contribuido con análisis teóricos y empíricos que nos ayudan a  comprender las causas, evolución y efectos de los diferentes tipos de violencia en México. Desde agosto de 2020, el Centro de Investigación y Docencia Económicas se sumó a este proceso con el Programa para el Estudio de la Violencia (PEV-CIDE): un espacio de análisis, discusión y difusión de investigación académica sólida sobre la violencia criminal, de género y del Estado.

La tarea pendiente: formación y fortalecimiento de capacidades ante la violencia

La violencia en México tiene múltiples causas y expresiones; por lo tanto, su respuesta debe ser multisectorial y coordinada. Este proceso debe realizarse con base en conocimiento, evidencia y herramientas que permitan generar respuestas prácticas que se adecuen a diversos tipos de víctimas, victimarios, contextos (geográficos y socioeconómicos) y capacidades de los más diversos actores (servidores públicos, sociedad civil, periodistas, empresarios, académicos, consultores, entre muchos otros). 

En este sentido, el Diplomado para el Análisis de la Violencia (DAV) es una nueva oferta de educación continua que ofrece el PEV-CIDE. Con él, se busca dar un paso adelante para contribuir en el proceso de construcción de capacidades de diversos actores mediante herramientas teóricas y prácticas.

Con un enfoque en la violencia criminal y sus intersecciones con la violencia de género y del Estado, el DAV ofrecerá herramientas para entender, evaluar y proponer estrategias, programas o intervenciones que contribuyan a atenuar el crimen y la inseguridad. Veintiocho expertas y expertos impartirán sesiones en las que se analizarán los tipos y expresiones de la violencia criminal, las (in)capacidades institucionales ante la violencia y sus consecuencias. Además, en colaboración con el equipo de Lantia Intelligence, se proporcionarán herramientas (cuantitativas y cualitativas) para el análisis de la violencia y, finalmente, se analizarán diversas acciones contra este fenómeno.

Ante la pandemia, se ofrece este diplomado a distancia durante casi cuatro meses para que participantes de cualquier latitud geográfica puedan capacitarse y conocer herramientas que les permitirán entender y atender los fenómenos de violencia que se presentan en su entorno.

La violencia en México es un fenómeno creciente y profundamente complejo. Generar capacidades para comprender las diversas variables que lo impulsan es el primer paso. Contar con herramientas conceptuales, cuantitativas, cualitativas y de política pública para generar respuestas adecuadas a cada contexto y tipo de víctima es el segundo. Estamos convencidos que el DAV brinda ambos y que contribuirá en el desarrollo de políticas y programas para prevenir y contener la violencia que afecta a las y los mexicanos.

Amalia Pulido
Profesora-investigadora de la División de Estudios Políticos y coordinadora General del Diplomado para el Análisis de la Violencia, PEV-CIDE

Guillermo Vázquez
Profesor asociado de la División de Estudios Políticos y Coordinador Académico del Diplomado para el Análisis de la Violencia, PEV-CIDE

Sandra Ley
Profesora-investigadora de la División de Estudios Políticos y coordinadora del PEV-CIDE